Una encomienda con 4,745 kilogramos de marihuana permitió a la Justicia Federal reconstruir una compleja red de tráfico de estupefacientes que conectaba Santa Fe con Misiones, Chaco y Paraguay.
Justicia Federal
Condenan a 28 años a un narco santafesino tras reconstruir una red de tráfico con alcance nacional
La investigación comenzó con la detección de una encomienda que transportaba menos de cinco kilos de marihuana, pero terminó revelando una organización que articulaba operadores en Santa Fe, Misiones, Chaco y Paraguay. El principal acusado coordinaba las maniobras desde la cárcel y recibió una nueva condena que fue unificada con la pena que ya cumplía.
Lo que inicialmente parecía un caso de transporte de droga terminó convirtiéndose en una investigación sobre el funcionamiento de una organización con ramificaciones en distintas provincias, vínculos con proveedores paraguayos, circuitos financieros propios y capacidad para continuar operando aun cuando su principal organizador permanecía detenido.
Ese expediente concluyó ahora con una nueva condena que elevó a 28 años de prisión efectiva la pena que deberá cumplir el principal acusado.
El viernes 24 de julio, en una audiencia de acuerdo pleno celebrada ante la Oficina Judicial de Garantías de Santa Fe, el juez federal Aurelio Cuello Murúa homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y condenó a Darío Miguel Bergallo (37) a 6 años de prisión como autor de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por haber sido cometido desde un establecimiento de detención.
La pena fue unificada con una condena anterior de la justicia provincial y quedó fijada en 28 años de prisión efectiva, además de mantener la declaración de reincidencia.
También fueron condenados Milagros Aylén Reynoso (29), pareja de Bergallo, y el misionero José Luis Sarza (46), alias "Chelo", quienes recibieron tres años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del mismo delito.
Más allá de la encomienda
La causa se inició el 23 de diciembre de 2025, cuando efectivos del Escuadrón 4 "Núcleo Concordia" de Gendarmería Nacional inspeccionaron un transporte de encomiendas de la empresa Vía Cargo durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 14, en Entre Ríos.
El perro detector de narcóticos "Loki" marcó una caja despachada en Posadas con destino inicial a Vera. Al abrirla se comprobó que contenía casi cinco kilos de marihuana, aunque la investigación no terminó allí. El Juzgado Federal de Concordia ordenó una entrega vigilada para identificar a quienes recibirían el cargamento y seguir el recorrido completo de la maniobra.
La encomienda continuó viaje hasta el centro de distribución de Pablo Nogués, regresó luego hacia la provincia de Santa Fe y finalmente fue redireccionada a la capital provincial. El 3 de enero de 2026, personal de Gendarmería detuvo en la sucursal de Vía Cargo de calle Crespo a Ezequiel Gustavo Ayala cuando fue a retirar el paquete.
Ese arresto constituyó el punto de partida de una investigación mucho más amplia.
Reconstruir toda la cadena
De acuerdo con la acusación formulada por el fiscal general Martín Suárez Faisal, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Santa Fe, el valor del caso radicó en que permitió reconstruir la totalidad del circuito delictivo y no solamente identificar a quien retiraría la droga.
La apertura de los teléfonos celulares secuestrados, el análisis del tráfico de comunicaciones y movimientos registrados en Mercado Pago, el relevamiento de antecedentes penales y el estudio de comunicaciones penitenciarias permitieron reconstruir los vínculos entre proveedores, intermediarios, organizadores y destinatarios finales de la carga.
La evidencia mostró que Ayala actuaba siguiendo instrucciones de Bergallo, quien desde el Servicio Penitenciario Federal monitoreaba permanentemente el recorrido de la encomienda. Incluso quedaron registrados mensajes de voz en los que le indicaba cómo reclamar el paquete cuando surgieron demoras en el traslado.
Pero la investigación fue más allá de ese envío puntual.
Un operador desde la cárcel
Durante la requisa realizada en la celda que Bergallo ocupaba en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal de Chaco fueron secuestrados apuntes con nombres, números telefónicos de distintas provincias, cuentas bancarias y anotaciones que luego fueron contrastadas con registros oficiales.
Ese trabajo permitió establecer contactos con personas previamente condenadas por narcotráfico en Santa Fe, Chaco y Corrientes, además de detectar comunicaciones con líneas telefónicas paraguayas.
A ello se sumó el análisis de las transferencias de dinero realizadas entre los distintos integrantes de la organización, que permitió reconstruir parte del circuito económico utilizado para financiar las operaciones.
La investigación también acreditó que Bergallo utilizaba distintos teléfonos para comunicarse desde la cárcel con su pareja y con otros integrantes de la organización, vulnerando los controles penitenciarios y manteniendo un rol activo en la planificación de las maniobras.
Para la Fiscalía, esas evidencias demostraron que no se trataba de un simple intermediario, sino de quien coordinaba el funcionamiento de la estructura desde el interior del establecimiento penitenciario.
Escala mayor
La reconstrucción de esa red también permitió conectar esta investigación con otro expediente que tramita ante la Justicia Federal de Posadas.
En esa causa, Bergallo ya fue procesado por integrar una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana y cocaína entre Paraguay y la Argentina.
Según la resolución dictada en junio por la jueza federal María Verónica Skanata, el santafesino mantenía comunicaciones permanentes con Nicolás Maximiliano Rivero y otros integrantes de esa organización para coordinar envíos de encomiendas, resolver inconvenientes logísticos y administrar pagos vinculados a operaciones de narcotráfico.
Ese expediente investiga el envío de tres encomiendas por un total de 27,8 kilos de marihuana despachadas desde Posadas hacia distintos destinos del país y sitúa a Bergallo como uno de los actores que, aún privado de su libertad, continuaba aportando una contribución funcional a la organización.
Las escuchas telefónicas incorporadas a esa investigación muestran conversaciones sobre entregas puerta a puerta, pagos de "aranceles", destinos de las encomiendas y medidas para evitar controles, elementos que, según la magistrada, permiten sostener que el imputado no era un tercero ajeno sino un integrante activo de la estructura criminal.
Crimen de la Circunvalación
La nueva condena federal se suma a la pena de 22 años de prisión que Darío Miguel Bergallo ya cumplía por el denominado "crimen de la Circunvalación", un homicidio ocurrido el 15 de noviembre de 2016 en la Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe.
En ese juicio oral fue condenado como partícipe principal del asesinato de Carlos Alberto Farías y de la tentativa de homicidio de su hermano David, mientras que Miguel Ángel Fernández, alias "Pacotillo", fue considerado autor material del ataque.
La sentencia fue confirmada posteriormente por la Cámara de Apelaciones, que además ordenó remitir antecedentes a la Justicia Federal al advertir indicios de delitos vinculados al narcotráfico expuestos durante el debate.
A pesar de permanecer privado de la libertad por esa condena, la investigación que ahora concluyó en la Justicia Federal determinó que Bergallo continuó coordinando operaciones de narcotráfico desde distintos establecimientos penitenciarios mediante teléfonos celulares, utilizando intermediarios para organizar envíos de droga, administrar pagos y mantener contactos con organizaciones que operaban entre Santa Fe, Misiones y Paraguay.
Esa continuidad delictiva fue uno de los elementos que la Fiscalía valoró como agravante al momento de acordar la pena y explica por qué la nueva condena fue unificada con la anterior hasta alcanzar 28 años de prisión efectiva.
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