El fiscal Matías Merlo presentó la acusación en el marco de la segunda etapa de la Megaestafa inmobiliaria, en donde solicitó una pena de 14 años de prisión contra Antonio Di Benedetto al considerarlo líder de una asociación ilícita que se apropió de 31 inmuebles en Venado Tuerto.
Investigación del fiscal Matías Merlo
Piden 14 años de prisión para Antonio Di Benedetto en la causa "Megaestafa"
Está acusado de apropiarse ilegalmente de 31 terrenos en Venado Tuerto. También forman parte del proceso el gestor Raúl Jaime, Marcelo Sava y Roberto Nadalini, para quien solicitaron una condena de 7 años.
A su vez, pidió una condena de 3 años para el gestor Raúl Jaime, 18 meses para Marcelo Sava y 7 años para Roberto Nadalini, quien no formó parte del primer juicio.
En tanto, fuentes de la investigación indicaron a El Litoral que hay otras personas involucradas que aceptaron la culpabilidad y fueron condenadas en procedimientos abreviados.
En esta oportunidad se trata de terrenos ubicados en su totalidad en Venado Tuerto. En la mayor parte de los casos con importantes deudas ante el municipio y la provincia. Y otros tantos, pertenecientes a personas fallecidas.
Primera parte
Di Benedetto, había sido sentenciado en octubre de 2022, y posteriormente a fines de 2023 la Cámara de Apelaciones en lo penal de la ciudad de Rosario ratificó lo establecido en primera instancia, con la salvedad de una de las acusaciones en las que finalmente se decidió absolver a los acusados por el beneficio de la duda. Sin embargo, las condenas previstas no se modificaron, confirmando los 12 años de prisión a Di Benedetto (alojado desde el 8 de noviembre en el penal de Piñero), 10 años a Raúl Jaime y reduciendo la pena a un año y seis meses a Marcelo Sava.
Historia del caso
Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2016.
Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.
Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.
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