El gobierno de Córdoba pidió ser querellante en la causa que busca dilucidar los detalles de la tragedia, y que hasta ahora no tiene imputados ni detenidos.
Para esclarecer los hechos
Muerte de cinco bebés: el Gobierno de Córdoba solicitó ser querellante en la causa
Los decesos ocurrieron entre marzo y junio de este año en un centro de salud pública de la capital provincial y todavía no hay imputados ni detenidos.
A través de su cuenta de Twitter, el Gobierno de Juan Schiaretti expresó su preocupación y explicó el por qué de esta solicitud: “La Provincia se ha constituido como querellante porque es la principal interesada en que se esclarezca de forma absoluta lo sucedido, se conozca la verdad y se establezca la responsabilidad plena”.
Además, la gobernación agregó que el caso se encuentra en secreto de sumario, lo que significa que cualquier dato relacionado a la causa se debe proporcionar en el ámbito judicial al fiscal, para no obstaculizar ni perjudicar la investigación.
“A su vez, el Estado provincial ha puesto y mantiene a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la disponibilidad y asistencia de acompañamiento a los familiares”, resalta la información oficial.
Por otro lado, un grupo de padres y familiares de los bebés fallecidos, los cuales no tenían patologías previas, convocaron para este martes a las 10 una protesta en el Hospital Materno Neonatal para reclamar justicia.
“Cinco nacieron sanos y tuvieron un desenlace no esperado, no habitual, razón por lo cual pedimos la investigación y análisis de todos los elementos que forman parte de la atención que recibieron durante el parto y luego del nacimiento”, resaltó Diego Cardozo, ministro de Salud de la provincia.
De acuerdo a los datos que había suministrado el titular de la cartera de Salud, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos (decesos) el 6 de junio de este año.
El Gobierno provincial designó a las nuevas autoridades del hospital, en tanto se mantienen separados de sus funciones a 23 empleados.
Mientras tanto, el fiscal Garzón comenzó a tomar declaraciones a nueve enfermeras, y pidió detalles de las historias clínicas y de otra documentación sobre el suministro de las dosificaciones de inyectables a los bebés fallecidos, particularmente lo referido al potasio, además de los dos estudios de autopsia que se realizaron.
El fiscal también comenzó a receptar testimonios de las familias damnificadas por la presunta “mala praxis” u “homicidio intencional”, que son dos de las varias líneas de hipótesis que trabaja el funcionario en la investigación.
Hasta el momento, el Gobierno provincial designó a las nuevas autoridades del hospital, mientras se mantienen separados de sus funciones a 23 empleados. En simultáneo, el fiscal que lleva adelante la causa, Raúl Garzón, comenzó a tomar declaraciones a nueve enfermeras, y pidió detalles de las historias clínicas y de otra documentación sobre el suministro de las dosificaciones de inyectables a los bebés fallecidos, particularmente lo referido al potasio, además de los dos estudios de autopsia que se realizaron.
En ese marco no solo se citó a declarar a las madres, sino también que se sumaron nuevas denuncias por muertes sospechosas de recién nacidos en el centro de salud, uno de esos decesos ocurrió días después del período que se analiza.
Hasta el momento, el fiscal de instrucción a cargo de la investigación maneja la hipótesis de ‘mala praxis y homicidio’. Según asegura, descartó que las muertes estén relacionadas a problemas con las vacunas o algún medicamento.
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