Ordenan investigar al juez federal Reinaldo Rodríguez por sus actos

Juliano Salierno
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El Tribunal Oral Federal de Santa Fe ordenó profundizar la investigación en la que un ingeniero y un abogado de Capital Federal fueron recientemente condenados por defraudación al Estado nacional, por haber cobrado en 2005 la suma de $ 649.023,66, gracias a un recurso de amparo concedido por el juez Federal N° 1, Reinaldo Rodríguez. El pedido realizado por el fiscal general Martín Suárez Faisal, pone un cono de sombra sobre el accionar del magistrado y de un grupo de abogados porteños de su cercanía denominado “los Cuntos”, quienes habrían tramitado nueve expedientes en el juzgado de Rodríguez para saltar el “corralito” de 2001.

Los fundamentos del fallo mediante el cual fueron condenados a dos años y diez meses de prisión en suspenso el ingeniero Miguel Gustavo Dubarry y su abogado Carlos Mario Clerc, se conocieron el jueves de la semana pasada y reflotaron una vieja deuda que llevó al Consejo de la Magistratura de la Nación a aplicar un apercibimiento en 2007 al juez cuestionado.

Lo que el Ministerio Público Fiscal solicita ahora y le es concedido por los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, es la apertura de una investigación para determinar si hubo delito, y aunque no lo señalan directamente, colocan al juez Rodríguez en un lugar clave de la trama delictiva.

Un interrogante

¿Por qué vinieron a Santa Fe? (en referencia a los amparistas porteños), fue la pregunta que se hizo el fiscal durante su alegato final que tuvo eco en los miembros del tribunal, y para quienes “buscar esa respuesta no es difícil”. “La respuesta es porque Clerc y sus demás socios criminales, que como escuchamos en esta audiencia son los abogados Cunto y Carnemolla por lo menos, un grupo a los que en el juzgado los empleados y funcionarios los conocían como ‘los Cuntos’, conocían al magistrado que por el turno judicial que habían elegido para presentar la acción, iba a tomar intervención en ese amparo”.

Para sostener esa relación de conocimiento mutuo entre abogados de una jurisdicción extraña y el juez Rodríguez, la fiscalía aportó una lista de llamadas telefónicas suministradas por la empresa Telecom y que establece contactos antes y durante la firma del amparo, entre el teléfono fijo del abogado Clerc en Capital Federal y el teléfono del domicilio particular del juez en la ciudad de Santa Fe.

Además, toma relevancia la auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura de la Nación en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, en el marco del expte. Nº 412/2007 que tramitó la Comisión de Disciplina y Acusación de ese órgano, y que se leyó en el debate.

Maniobra repetida

De allí, se desprende que “tanto Clerc como otros dos colegas matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -u otros colegios profesionales de la prov. de Buenos Aires-, iniciaron nueve causas casi idénticas ante este juzgado, y solicitaron medidas cautelares invocando razones de urgencia relativas a la salud o edad avanzada de los amparistas, aun cuando todos ellos habían adquirido los títulos con posterioridad a la declaración de la cesación de pagos y al dictado de las normas que la determinaron”. Según explica el fallo “estas personas, domiciliadas en Buenos Aires, obtuvieron del Juzgado Federal Nº 1 resoluciones judiciales que les posibilitaron su recupero a valor dólar en el mercado libre de cambios”.

En defensa de Clerc, su abogado ante el TOF, el Dr. Juan Carlos Palacios, “destacó que la posible amistad de su defendido con el juez no significa nada” y que “no se ha podido probar la connivencia de juez -y si no fue engañado no hay estafa- ni que tampoco existió perjuicio económico porque el Estado pagó lo que debía”.

Sin embargo, para el tribunal la “maniobra ardidosa” urdida por Clerc existió y sólo habría sido posible “desde la relación entre él y el juez federal N° 1” ya que “no existe otra situación personal, familiar, profesional, cultural o histórica que relacione a los imputados con la ciudad o su zona de influencia”, sostuvieron los jueces.

Claves de un caso histórico

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó el miércoles 11 de octubre último al ingeniero Miguel Gustavo Dubarry y a su abogado Carlos Mario Clerc en su carácter de autor y partícipe necesario respectivamente de “defraudación agravada en perjuicio de la administración pública”, por haber logrado el cobro de bonos adquiridos al Estado nacional a mediados de 2003, salteando leyes, resoluciones y decretos dispuestos como consecuencia de la crisis de 2001.

Según los documentos analizados durante el debate Dubarry adquirió entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2003, un total de 195.200,0256 bonos de la deuda pública denominados Bocon 2225 Prev. U$S 2da., en dólares estadounidenses. Luego de vender algunos de esos títulos durante los meses posteriores, el saldo de la cuenta quedó en 167.067,6832 bonos.

Lo que se le reprochó a Dubarry fue haber contratado los servicios del abogado Clerc con la finalidad de obtener el pago de los bonos que estaban a su nombre y de su esposa. Para ello, el 7 de septiembre de 2004 incorporó a esa cuenta a su suegro, Fernando Burgnard (ya fallecido), quien contaba con 91 años, y obtuvo dos días después un certificado de la “Caja de Valores SA” que acreditaba la tenencia a nombre de ambos de los títulos públicos al 8 de septiembre de 2004.

El 28 de septiembre del mismo año, Clerc, mediante escribano público certificó copia del DNI de Burgnard, y al día siguiente interpuso una acción de amparo y medida cautelar contra el Estado nacional ante el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe.

Mediante la acción judicial interpuesta, se procuraba la declaración de inconstitucionalidad de los decretos, leyes y resoluciones del Ministerio de Economía de la Nación dictadas en medio de la crisis económica de 2001 -pesificación- y que se ordene al Estado nacional entregue a los accionantes la suma correspondiente a capital, amortización e intereses de los títulos públicos, que se presume adquiridos por un valor varias veces inferior al real.

Para conseguir el amparo, Dubarry y Clerc no sólo se aprovecharon de la “excepción por edad y enfermedad” del comitente -Burgnard- quien fuera incorporado tardíamente a la cuenta, sino que para lograr la competencia territorial del magistrado fraguaron el DNI del demandante colocando una dirección de la ciudad de Rafaela donde se constató que hay un terreno baldío.

El 22 de octubre de 2004 se hizo lugar a la medida cautelar solicitada y se ordenó al Estado nacional que se abstenga de pesificar los bonos y le entregue a los accionantes las sumas correspondientes a los conceptos peticionados. El 1º de diciembre de ese año el apoderado de la Procuración del Tesoro de la Nación informó al juez que los bonos cuyo pago se reclamaba, ingresaron a la cuenta de los actores con posterioridad al diferimiento de pago de la deuda pública, por lo que estarían fuera de las excepciones previstas por la ley; pero el 30 de diciembre de 2004 el juez resolvió intimar al Estado Nacional a cumplir con la cautelar dispuesta.

El 22 de marzo de 2005, Dubarry logró hacerse de $ 649.023,66 en efectivo, a través del cobro de dos cheques que le entregó su agente bursátil, por la suma de $ 442.802,95 y $ 203.624,71.

El 8 de noviembre de 2005 se hizo lugar a la acción de amparo, declarando la inconstitucionalidad de las normas individualizadas en la demanda, así como la no aplicación de toda normativa legal que se oponga al contenido de la sentencia. Pero la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario la revocó el 18 de abril de 2006, rechazando la acción de amparo. Pese a ello, a la fecha, el Estado nacional no ha podido recuperar los fondos que se abonaran a los amparistas.