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Los fraudes inmobiliarios llegan a los $ 50 millones
Piden la captura de un empresario rosarino en una causa por estafas y presunto lavado de activos
La Justicia de Rosario dictó un pedido de captura nacional e internacional para un empresario de esa ciudad en una causa por estafas y fraudes inmobiliarios por unos 50 millones de pesos, informaron hoy fuentes judiciales.
La jueza penal Mónica Lamperti ordenó la captura nacional e internacional de Pablo Abdala, en una investigación que ya tiene once detenidos y por la cual se realizaron ayer veinte allanamientos.
Abdala es investigado por presuntas estafas inmobiliarias y lavado de activos mediante una supuesta asociación ilícita que se quedaba con campos y viviendas en forma ilegal para luego blanquearlos como bienes de origen legítimo, señalaron los informantes.
El domicilio de Abdala fue allanado ayer en medio de 20 procedimientos ordenados por la Justicia local que arrojaron once detenciones y el secuestro de armas, dinero y automóviles de alta gama.
La Justicia también ordenó un allanamiento a la oficina que posee en la empresa para la que trabaja. Sin embargo, Abdala no estaba en su vivienda porque se encuentra de viaje fuera del país, abundaron las fuentes.
Además indicaron que la investigación no compromete a la empresa para la que trabaja Abdala, sino que es a título personal por su presunta participación en las maniobras.
Abdala es el único prófugo que posee la causa, en la que fueron detenidas -o se presentaron voluntariamente- once personas que mañana serán sometidas a audiencia imputativa en los Tribunales de Rosario.
En la investigación dirigida por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, quedaron detenidos contadores, escribanos, un dirigente sindical y comerciantes de “alto poder adquisitivo”. El modus operandi de la organización consistía en apoderarse de inmuebles urbanos y rurales mediante “la lisa y llana usurpación” o a través de “la falsificación de documentos públicos y privados”, dijo a Télam un investigador. “Luego -prosiguió- se les ponía el cartel de una inmobiliaria y se realizaban varias ventas para generar la duda sobre cuántos de ellos lo hicieron de buena o mala fe”.
Según el fiscal Narvaja, las operaciones realizadas bajo esa modalidad delictiva trepan a unos 50 millones de pesos. Los detenidos en la investigación son el agente financiero Jorge Oneto; el contador Marcelo Jaef; los vendedores de autos Roberto Aymo y Leandro Pérez; el dirigente sindical Maximiliano De Gaetano; y los escribanos Juan Bautista Aliau; Luis María Kurtzeman y Eduardo Torres. También fueron detenidos Ramona Rodríguez y Jhonatan Zárate, indicó la fiscalía.
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