Piden juicio para una policía salteña por encubrir a ex colega en un homicidio

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, pidió llevar a juicio a la comisario Gimena Antonia Núñez.

Núñez fue citada como testigo en la audiencia de debate por el homicidio de Fernández, ya que el día del hallazgo del cuerpo de la joven se desempeñaba como jefa de uno de los grupos investigativos que conformaban la unidad de Seguridad Personal en la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta, con competencia en la investigación de homicidios.

En función de su declaración bajo juramento de ley, quedó demostrado que existió un claro direccionamiento de la investigación del homicidio de la joven, evidenciado por las omisiones del informe de la imputada y de cumplir con diligencias investigativas básicas.

Desviaba la investigación

Además, durante el proceso se comprobó que las anotaciones de Núñez eran tendientes a vincular a otra persona en el hecho, a desprestigiar a la víctima y a su madre y a desdibujar la responsabilidad del expolicía Mario Federico Condorí (39), que en junio del año pasado fue condenado a 23 años de prisión por este homicidio.

Cintia Fernández fue hallada sin vida por su madre el 3 de mayo de 2011, en el departamento en el que vivía, en la zona sur de la capital salteña.

La joven, que según las pericias murió cinco días antes de su hallazgo, falleció por asfixia por sofocación, y su cuerpo presentaba lesiones compatibles con golpes en la cabeza.

En el extenso requerimiento, el fiscal Ramos Ossorio cita diversos testimonios vertidos durante la audiencia de debate por la madre de la víctima, efectivos policiales y otras personas, donde se evidencia que la oficial Núñez afectó directamente la administración de Justicia.

Esto al impedir y perturbar tanto la individualización del verdadero responsable del homicidio, como la reunión de elementos de convicción tendientes a reconstruir el hecho delictivo, dirigiendo su accionar comisivo y omisivo para facilitar la impunidad de Condorí, a quien conocía y con quien había trabajado en forma previa.

Otro aspecto en el que hace énfasis el fiscal es en la decisión de involucrar y equiparar a Raúl Puca a la condición de sospecha inicial que se erigía contra Condorí.

Por ello, fue detenido y sufrió la alteración deliberada del calzado que lucía en la fecha, al que le fue añadido intencionalmente contenido orgánico compatible con ADN de la víctima, encontrándose dicho secuestro bajo la órbita de custodia de la oficial Núñez.

El 6 de junio de 2019, la Sala IV del Tribunal del Juicio de Salta, integrada por Norma Beatriz Vera, Roberto Lezcano y Paola Marocco, condenó a Condorí a 23 años de prisión, por resultar autor material y penalmente responsable del delito de homicidio en perjuicio de Fernández.

De esta manera concluyó el proceso oral y público, iniciado el 13 de mayo del año pasado, en el que tres testigos fueron detenidos por falso testimonio, de los cuales dos también fueron imputados por encubrimiento.

Se trata del ex policía Calixto Mamaní, quien era compañero de Condorí en la División Trata de Personas y en la Brigada de Investigaciones; de la oficial Núñez, que intervino en el inicio de las investigaciones del homicidio y fue jefa del imputado en la fuerza; y de José Antonio Ormeño, que era administrador del complejo habitacional Parque La Vega, donde vivía la víctima.

Con información de Télam.