Pidió la domiciliaria por la pandemia y se la negaron

La jueza Sandra Valenti rechazó el pedido de prisión domiciliaria que interpuso la defensa de Sofía Anahí Pasquier, una de los dos imputados por el homicidio del albañil Julio Alberto Martínez, ocurrido el 22 de enero de 2018. La mujer se encuentra en prisión preventiva a la espera del juicio, en el que la fiscalía solicitará la condena a perpetua.

El abogado Guillermo Broggi reclamó la domiciliaria a través de un hábeas corpus, argumentando que la salud de su defendida está en riesgo por considerar insuficientes las medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario para resguardar a los presos. Se refirió a que la única forma de evitar contraer el coronavirus Covid-19 es el aislamiento social, algo que resulta imposible de cumplir dadas las condiciones de hacinamiento que se dan en los penales.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo este miércoles en al Sala N° 3 de los tribunales santafesinos, tanto la imputada como el fiscal Martín Torres participaron de manera remota, a través de una videoconferencia. Este último rechazó el planteo de la defensa, ya que “el análisis central gira en torno a la pandemia, que no constituye motivo suficiente por sí misma” para otorgar la morigeración de la medida cautelar impuesta a Pasquier.

Además, hizo saber a la jueza que la imputada “no forma parte de la población de riesgo”, y que el Servicio Penitenciario contrató más de 30 médicos y enfermeros, además de aquellos que ya estaban en su nómina, para poder paliar cualquier situación que se les presente, motivo por el cual también se instalaron 300 camas de manera aislada. Por último, el fiscal de Homicidios consideró que “es más factible que -Pasquier- se encuentre en riesgo estando afuera que en el ámbito del Servicio Penitenciario”.

“Medidas necesarias”

La jueza Sandra Valenti comenzó sus fundamentos diciendo que “así como la libertad es un bien supremo, el derecho a la salud también lo es” y recordando que los Organismos Internacionales aconsejaron rever la situación de las personas privadas de la libertad que hayan cometido delitos leves “exceptuando aquellos delitos que afectan a la vida o a la integridad sexual”.

Argumentó que frente a los derechos de la imputada también están los derechos de las víctimas, y que es su deber buscar un equilibrio entre ambas tensiones. En cuanto al aislamiento, estuvo de acuerdo con que es la única manera de evitar la propagación del virus, y fue por eso que se suspendieron en primera instancia las visitas a los penales, y luego las salidas transitorias.

Por último, la jueza Valenti remarcó que lo planteado por el defensor “ha recibido respuestas por parte del fiscal”, y que “el organismo administrativo se encuentra preparado para afrontar la situación” actual. Por estos motivos rechazó el hábeas corpus y la solicitud de prisión domiciliaria, e instó al Servicio Penitenciario a “continuar tomando las medidas necesarias”.

Armados con cuchillos

Sofía Anahí Pasquier quedó en prisión preventiva el 1° de febrero de 2018, acusada de haber participado en una serie de robos ocurridos la mañana del 22 de enero en el barrio San Lorenzo, uno de los cuales llevó a la muerte al albañil Julio Alberto Martínez, de 48 años de edad. Entonces, ella tenía 19, e iba acompañada de Mario Gabriel Valberdi, de 23 años.

Esa mañana, Martínez salió de su casa en Juan Díaz de Solís al 1500 rumbo a una cochera ubicada a un par de cuadras, donde guardaba su auto. Fue entonces que lo abordaron dos delincuentes, uno de ellos armado con un cuchillo, que le asestó una estocada mortal en el cuello. Falleció en el lugar, antes de que llegara la asistencia médica.

Cuatro días más tarde identificaron a sus agresores gracias a las cámaras de seguridad de la Municipalidad y se ordenaron múltiples allanamientos que resultaron con la detención de la joven Pasquier. Al segundo atacante no debieron buscarlo, puestos que Valberdi estaba detenidos por un robo cometido el mismo día de la muerte de Martínez, pero en horas del mediodía.

La causa

Pasquier y Valberdi fueron imputados como coautores de los delitos de “homicidio criminis causa” (cometido para consumar el robo) y “robo” en perjuicio de Julio Alberto Martínez; y dos hechos de “robo calificado por empleo de arma blanca”, cometidos luego de atacar al albañil. La fiscalía ya presentó la acusación y solicitó la pena máxima de prisión perpetua.