Pullaro: "Los búnkers generan violencia y debemos atacarlos"

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El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, respaldó fuertemente la iniciativa del gobernador Miguel Lifschitz de impulsar un proyecto de ley para adherir a una ley nacional con el objeto de desfederalizar algunos delitos vinculados al “micronarcotráfico”.

“Nosotros trabajamos mucho con el gobernador durante los últimos dos años para que arribe a la provincia mayor estructura de la Justicia Federal. Los distintos gobiernos nacionales tomaron el compromiso de traer más fiscales, más jueces. Lamentablemente, hasta el momento nada de eso sucedió y no podemos quedarnos. Tenemos que resolver esta problemática muy marcada en la provincia, al igual que en resto del país, que genera la comercialización de estupefacientes en los barrios. Estos puntos de venta son focos de violencia. Tenemos que atacar esos lugares para dar respuesta a los reclamos de los vecinos que piden seguridad”, explicó el funcionario en diálogo con El Litoral.

“Hay una fuerte discusión en torno de la adhesión a la ley de desfederalización de narcomenudeo, en la cual apareció la decisión valiente del gobernador de pedir este martes (Día del Trabajador) en la Legislatura que se impulse un proyecto alternativo, acompañando lo que fue el proyecto del senador (Lisandro) Enrico, con algunas modificaciones para que pueda ser sancionado. Apunta a resolver un problema estructural que tenemos”.

Dificultades

“Es evidente la dificultad que tiene la Justicia Federal para llevar adelante esta tarea. Sí encara largas investigaciones contra grupos criminales organizados, que muchas veces tienen patas internacionales. Pero las prioridades de los vecinos son difíciles de resolver para esa estructura. Lo cierto es que los vecinos tienen un punto de venta en la esquina de su casa, la policía sabe, la justicia sabe, todos saben y nadie da respuesta”, ejemplificó Pullaro.

“En ese sentido -agregó-, jueces y fiscales provinciales, con un cuerpo policial especializado, pueden abordar la cuestión del narcomenudeo, o micronarcotráfico. Pueden apuntar al punto de venta. No a una logística mayor, ni tampoco al consumidor. El búnker genera violencia, disparos de arma de fuego, hechos de inseguridad, homicidios. Indudablemente, hay que tomar caminos que son audaces, pero que la sociedad está reclamando”.

Ejemplos

Más adelante, el ministro señaló que “el proyecto marca la adhesión a la ley nacional 26052, pero también establece qué estructura judicial deberíamos tener: fiscales, jueces y defensores. Nosotros vamos a trabajar para tener un cuerpo especializado de la Policía de Investigaciones que aborde los temas de narcocriminalidad. Los últimos años estuvimos trabajando con fuertes procedimientos, muy imporantes, con la Justicia Federal”.

Al hacer referencia a las posibilidades de que el proyecto finalmente se transforme en ley, señaló: “Ya tiene la media sanción del Senado, por lo que entendemos que hay una adhesión mayoritaria. En Diputados, posiblemente haya una discusión importante. Lo que está claro es que tenemos un problema y con las herramientas disponibles hoy se nos dificulta resolverlo y la sociedad permanentemente nos reclama soluciones. No podemos seguirle diciendo a los vecinos que es un un problema del Estado Nacional, que es un problema de la Justicia Federal, que las fuerzas nacionales son las únicas que investigan estos delitos. Entendemos que desfederalizar el narcomenudeo es la forma de resolver el problema, tomando parte de algunos ejemplos de provincias como Córdoba y Salta”.

Violencia extrema

“Yo estoy convencido de que es clave este proyecto. El año pasado y el anterior estábamos seguros de que yendo contra las principales cabezas de las organizaciones criminales íbamos a frentar la violencia y la venta de estupefacientes. Así pudimos desbaratar cinco de las seis que había en Santa Fe y otras cinco en Rosario. Pero la violencia no frenó y en algún lugar recrudeció, a partir de los puntos de venta de droga y en función de la atomización del poder, al haber encerrado a los principales líderes. Si observamos el mapa del delito, hay ‘anillos de calor’ en torno de los puntos de venta judicializados: disparos de arma de fuego, heridos, amenazas, etcétera”, dijo Pullaro.

“En Rosario -añadió-, tuvimos éxito con algunas políticas. Hace dos o tres años nombrabas a diez jefes territoriales que tenían peso, al igual que en Santa Fe. Hubo una política focalizada sobre quienes asomaban la cabeza en el mundo criminal. Todos fueron puestos a disposición de la Justicia con importantes investigaciones, en algunos casos por homicidios, en otros por amenazas, robos, disparos o reducción de mercadería robada. Logramos condenas muy importantes en el juicio a Los Monos: más de 37 años para Machuca, más de 22 para ‘Guille’ Cantero, cerca de 10 para otros integrantes de la banda. Parecía que así iba a aflojar el tráfico y la violencia. Lamentablemente, debajo de estos grupos había otros más pequeños, terceras o cuartas líneas organizadas que pretendieron erigirse como nuevos jefes del territorio y generaron una violencia inusitada”.

Respuesta

Por otra parte, el funcionario afirmó que “en la provincia hay menos heridos de arma de fuego, menos disputas armadas, por la política preventiva, pero más casos letales. El desafío es seguir avanzando. La idea es que aquel que asome la cabeza, ya sea para reordenar el territorio o vengarse por algún tema, pueda ser detenido y puesto a disposición de la Justicia.

“Por supuesto que vamos a coordinar el trabajo con la Justicia Federal. Si nos topamos con una organización criminal y vemos que distribuye, que no es un punto de venta, tendremos que derivar la investigación, pero tampoco vamos a cometer error de perseguir al consumidor. La ley sería para ir contra las personas que comercializan estupefacientes desde sus domicilio. En la provincia hay miles de puntos de venta judicializados”.

“Es difícil responder cuando un vecino me para y me dice: ‘En la esquina de mi casa venden drogas. Le doy la dirección porque estoy cansado de ver corridas, tiros, peleas, gritos. Mis hijos no pueden salir a jugar’. Esta ley nos va a permitir, sin nada que sea mágico, poder tomar esos temas y tener acciones rápidas desde el Estado provincial”.

Otro “no” a la desfederalización

Ante lo expresado por el gobernador Miguel Lifschitz en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa que “llegó el momento de habilitar a los jueces provinciales para perseguir el narcotráfico” y de que insistirá en el tratamiento de adhesión a la ley nacional Nº 26.053, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) expresó en un documento que “provincializar un segmento de la ley de estupefacientes no implica sumarse a ‘combatir el narcotráfico’, sino asumir por parte de la provincia la persecución del narcomenudeo, que es una cosa muy distinta”.

La entidad entiende que la “provincialización de la persecución del narcomenudeo implica un abordaje de la problemática relacionada con las drogas desde la represión penal, que en la práctica ha demostrado, sobradamente, que no tiene ningún beneficio ni respecto a los delitos menores que prevé la ley 23.737 ni respecto al narcotráfico y contrabando de estupefacientes” y que por el contrario, “lo que ha generado estadísticamente, tomando como referencia la Provincia de Buenos Aires después de más de diez años de su implementación, es una baja muy considerable en las causas que se siguen por narcomenudeo así como las causas federales por narcotráfico.

Teniendo como resultado el aumento de la población carcelaria entorpeciendo el avance de la investigación de la Justicia Federal”.

Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que conduce Julio Piumato, “queremos manifestar nuestro apoyo a nivel nacional del proyecto presentando recientemente en el Senado de la Nación que busca derogar la ley de desfederalización, que lleva la firma del Senador Miguel A. Pichetto juntos a otros senadores”.