Hugo Kofman: "Es inadmisible realizar ejercicios militares sobre los huesos de los desaparecidos"

Organismos de Derechos Humanos de Santa Fe reclaman al Estado que inicie las obras de infraestructura para transformar el ex campo de exterminio y enterramientos clandestinos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar "San Pedro" en un Espacio de Memoria.

Pese a que en 2012 fue declarado Sitio de Memoria santafesino, el Campo San Pedro todavía sigue siendo en los papeles un predio de entrenamiento militar del Comando de Artillería 121 del Ejercito. Y eso es lo que molesta a los miembros de los organismos de Derechos Humanos. Porque presumen que debajo del suelo están enterrados algunos de los cuerpos de sus familiares desaparecidos en la dictadura.

Por ello piden que el campo "sea desafectado de inmediato de cualquier uso militar", dice Hugo Kofman, desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe. "Lo pedimos por varias razones -agrega-. Primero, para preservarlo para la búsqueda de los cuerpos. Segundo, por una cuestión simbólica. Es inadmisible que se realicen ejercicios militares pisando los huesos de los desaparecidos. Y tercero, por los testimonios de la gente que se anima a relatar lo ocurrido gracias a que no están los militares en el lugar, porque el miedo persiste y hay algunos que recién ahora se están animando a hablar".

En 2010 fueron hallados en el lugar los cuerpos de ocho personas que habían sido exterminadas y enterradas de forma clandestina durante la dictadura. Cinco varones y tres mujeres desaparecidas desde septiembre de 1977. María Esther Ravelo, Gustavo Pon, Carlos Bosso, María Isabel Salinas, Oscar Winkelmann y Miguel Ángel D'Andrea. Quedan por identificar una mujer y un varón. Y se presume que todavía faltan encontrar muchos más cuerpos. Por ello los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) investigan el lugar en busca de nuevos rastros. Y son los lugareños quienes aportan información para la búsqueda.

"Para que nadie encuentre los cuerpos, el Ejercito los esparció en tumbas individuales", relata Kofman. "Esto genera una enorme dificultad para encontrarlos porque el campo es muy extenso. Lo que implica que la búsqueda va a llevar muchos años".

Kofman sabe lo que es una larga búsqueda. Todavía espera noticias de su hermano Jorge, quien fue secuestrado en Tucumán durante la dictadura. Su madre, Queca, pionera de las Madres de Plaza de Mayo, murió hace tres años sin saber nada de su hijo desaparecido. A Jorge lo vieron por última vez en un pabellón ilegal de la cárcel de Villa Urquiza, según consta en el testimonio de un juicio de 2014. No hay más datos. Una esperanza es que aparezca entre los restos hallados en el enterramiento clandestino en Pozo de Vargas, Tucumán, a donde ya se terminó la excavación. Todavía falta procesar un lote de restos para su identificación por ADN.

El lugar

El Campo San Pedro está a poco menos de una hora en auto desde el centro de la ciudad de Santa Fe. Al lugar se llega desde la Capital primero por la ruta 2 y luego por la ruta 82s. Tiene más de 2 mil hectáreas y está ubicado en la zona rural de la localidad de Campo Andino, a 12 km. de Laguna Paiva, y a 18 km. del centro de Santa Fe. El lugar está lleno de pastizales, lagunas y mucho monte con pájaros y distintas especies de fauna silvestre. Debajo de esa naturaleza llena de vida hay muerte.

"Creo que no se entiende el significado que tiene este campo para la construcción de memoria", dice Kofman, "ni todo lo que está en juego", agrega. Porque "de acuerdo al relato actual de muchos peones de campo, hay desaparecidos que están bajo tierra, y las masacres se concretaron en el propio campo".

La iniciativa para la creación del Espacio Memoria había alcanzado el consenso entre el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, con la secretaría de DDHH de la Provincia y de la Nación, con el respaldo unánime de ambas cámaras legislativas provinciales y los organismos de Derechos Humanos del orden nacional. Ahora se sumaron las adhesiones de colegios profesionales, directivos de escuelas de nivel primario, secundario y superior, funcionarios de Derechos Humanos, cultura y salud, diputados y senadores provinciales y nacionales, y un amplio espectro de organizaciones sociales, gremiales y de DD HH.

Las adhesiones están encabezadas por la Griselda Tessio, ex vicegobernadora, quien como fiscal federal inició las investigaciones y la elevación a juicio de diversas causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en Santa Fe; a las que le siguen las de Mariana Bosso, Matías Pon, Iván Vega y Victoria Winkelmann, hijos e hijas de los militantes cuyos restos se hallaron en una fosa clandestina en el campo militar San Pedro. Los y las firmantes del documento titulado "Invertir en memoria es asegurar el Nunca Más", consideran que "la construcción de Memoria es una condición esencial de una sociedad democrática, que aspira a la verdad, la justicia y el bien común".

"El Campo Militar San Pedro representa una evidencia material y palpable del lugar en nuestra zona donde la dictadura cometió los peores crímenes de lesa humanidad", concluye el documento. Por esa razón, la construcción del Espacio de Memoria resulta hoy "una necesidad impostergable para una comunidad y un sistema educativo que quiere seguir construyendo memoria, para transformar el presente y proyectar un futuro mejor para todos y todas".

Expedientes

"En cuanto a los recursos económicos para poder concretar el proyecto, hubo una decisión política del Gobierno de Santa Fe en 2022 y una autorización judicial para realizar las obras", recuerda Kofman. Pero "el proyecto se trabó porque el Ministerio de Defensa no trasladó el dominio del campo a la provincia de Santa Fe, un paso necesario para concretarlo", resume.

Cabe recordar que en el año 2018 el proyecto de transformación del Campo San Pedro fue apoyado por unanimidad por ambas cámaras legislativas santafesinas. En 2022 fue ratificado en los mismos términos, a través de una declaración que expresa: "La Cámara de Diputados/Senadores adhiere a la solicitud realizada por el Foro contra la impunidad y por la Justicia de Santa Fe, con respecto a la conservación del Campo San Pedro como centro de Memoria, oponiéndose a que se vuelva a instalar allí un campo de entrenamiento de las fuerzas militares, e instando a que en ese predio se desarrollen actividades de capacitación de antropólogos forenses. Asimismo exhorta a que se arbitren los medios para continuar con las investigaciones y las excavaciones hasta hallar todos los cuerpos de las víctimas enterradas clandestinamente por la dictadura militar". Contundente.

La propuesta también fue respaldada por once organismos de Derechos Humanos del orden nacional: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS, Liga Argentina por los DDHH y APDH, entre otros.

Ahora el Foro solicita a las autoridades "que resuelvan e inicien las obras de construcción de ese Espacio de Memoria, tal como se lo viene proponiendo desde 2019 con un anteproyecto de amplio consenso y dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados de la Nación".

"Muchos docentes y alumnos nos piden conocer el Campo San Pedro. En varias charlas que hemos dado nos transmitieron eso. Y nosotros les tenemos que decir que no se puede, contrariamente a lo que pensamos. Por ello es muy importante para la construcción de memoria que la gente tome contacto directo con los lugares materiales en los que ocurrió el genocidio. Es importante que el lugar sea habilitado como un Espacio de Memoria. En eso seguimos trabajando", ratifica Kofman.

Gestiones

El Gobierno provincial cuenta con una autorización de la Justicia federal para ingresar al Campo San Pedro y poder avanzar en las obras a realizarse en el lugar. "Estamos esperando que (el ministerio de) Desarrollo Social gire los fondos que ya fueron acordados", dice la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Lucila Puyol, que antes de ocupar ese cargo fue miembro de los organismos de Derechos Humanos locales como el Foro e HIJOS.

En paralelo, el gobierno provincial gestión ante la Nación el pase de un sector del predio a manos de Santa Fe. "Tenemos hecho el pedido a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para que tramite ante el Ministerio de Defensa el inicio del expediente de traspaso en el AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado)", explica Puyol.

El pedido "no es para todo el campo sino para un sector", aclara la funcionaria de DDHH en relación a que la Provincia solicitó primero que se entregue la totalidad del campo "pero eso no prosperó". En consecuencia, ahora piden el traspaso de un sector de 235 hectáreas.

-Desde el Foro tienen el temor de que no se preserve el lugar a donde se buscan los cuerpos de los desaparecidos y que se siga utilizando para maniobras militares...

-Por el momento no se utiliza para prácticas militares, el temor es que vuelvan -reconoce Puyol-. Los militares no utilizan el campo para sus prácticas desde antes de las primera excavaciones de los antropólogos del EAAF. Desde los inicios de la recuperación de la democracia ya no era utilizado por los militares. Sabemos que cada tanto lo solicitan pero hay una medida de la Justicia federal para preservarlo.

Más adelante Puyol cuenta que el campo "estuvo alquilado, mediante un arreglo que no está permitido. Habían sembrado soja en una parte y otra parte para el pastoreo de animales".

Mientras se esperan las obras para el Espacio Memoria, en la actualidad trabaja en el lugar el EAAF en la búsqueda de rastros de desaparecidos. "Es una búsqueda permanente", dice la funcionaria. "No es sólo ir a excavar al lugar. Esa instancia viene siempre después de una investigación documental previa, recolección de testimonios, entrecruzamiento de testimonios y determinación de sectores a excavar. Hace tres semanas se realizaron las últimas búsquedas -cuenta Puyol-. Desde la fosa hallada en 2010 hasta hoy no se pudo encontrar otra fosa. El terreno es muy grande y la búsqueda continúa".