Caso Baragiola: la situación del menor involucrado

Agustina Mai
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El adolescente involucrado en el crimen de Esteban Baragiola es inimputable por ser menor de 16 años. Por eso, se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Niñez de la Provincia. El Litoral dialogó con el subsecretario al frente de esta dependencia, Cristian Allende, sobre este caso que conmocionó a los santafesinos, la necesidad de un régimen de responsabilidad penal juvenil y las estrategias para evitar que niños y adolescentes opten por el delito y la violencia como una forma de vida.

¿Dónde se encuentra el adolescente?

Está en una institución de alojamiento pública, de la Provincia, por un tiempo indeterminado porque uno no sabe de antemano cuánto va a ser el tiempo necesario. Es una institución de puertas abiertas. Se optó por esto porque no encontramos un grupo familiar que pudiera enfrentar esta situación porque la madre estaba detenida. El adolescente estuvo de acuerdo; y nos permite un trabajo más intensivo en dos ejes: la responsabilización y un enfoque educativo sobre la convivencia social. Nuestra perspectiva es de integración social; no es punitoria ni sancionatoria. Por eso el equipo está integrado por psicólogos, trabajadores sociales y un pedagogo.

¿Cómo está formado el grupo familiar?

Fundamentalmente por la madre. La figura paterna es prácticamente inexistente. Tiene un hermano mayor, que está detenido en Coronda.

¿Qué saben del estilo de vida de este chico? ¿Iba a la escuela?

Estaba cursando el primer año de la escuela secundaria. Para sorpresa nuestra, no encontramos antecedentes de intervención de la Subsecretaría ni tampoco antecedentes penales. Teniendo en cuenta que es una madre que trabaja dentro del sistema educativo, la sensación que me da es que son esas situaciones en que no logran transmitir valores o modelos de vida. La familia se encuentra en una situación de desventaja porque para estos adolescentes es más referente un líder barrial que un adulto responsable. El trabajo va a ser profundizar eso y fortalecer los vínculos comunitarios, para cambiar su lugar de alojamiento.

¿La idea es que vuelva a la casa?

No hay una idea de antemano. Pero si uno pretende la reintegración social, lo mejor para el pibe es la posibilidad de hacerlo con el acompañamiento de su familia y la comunidad, antes que en una institución.

¿Se sabe si había consumo de drogas?

No hay un consumo para que sea determinante para un abordaje específico. Puede ser que haya consumido en algún momento, pero no es un problema central.

¿En qué consiste el abordaje que están realizando?

Se hacen unas primeras entrevistas, se indaga en su estado subjetivo, en sus emociones y en qué le está pasando a partir de la detención. No indagamos sobre las circunstancias del hecho mismo, eso es parte de la investigación judicial para determinar la autoría del hecho. Esos elementos son importantes, porque si el adolescente reconociera expresamente el hecho, se puede trabajar la responsabilización. Y trabajamos con la posibilidad de una reintegración social, ése es el objetivo.

¿Cuál es el marco legal que ampara el trabajo de la Subsecretaría?

Como no tenemos un marco legal de responsabilización penal juvenil, hacemos una combinación de tres leyes: la Convención de los Derechos del Niño como norma suprema, el Régimen Penal de la Minoridad y las leyes nacional y provincial de Protección de los Derechos del Niñez, que nos habilitan a un abordaje y nos ponen un límite muy claro. Al ser menor de 16 años, la ley penal dice que no es punible, no hay sanción penal. A partir de ahí, ingresa en la Ley de niñez que establece un abordaje integral, familiar y comunitario; y que en ningún caso se puede hacer en un contexto de privación de libertad. Finalmente, el enfoque de la Convención es educativo, no sancionatorio.

Otra sería la situación si este chico tuviese 16 años...

Si tuviese 16 años ingresaría dentro del régimen penal de la minoridad, que es la ley 22.278, que establece que a un adolescente en estas condiciones le hubiera correspondido una privación de la libertad por un tiempo determinado. También se combina con la Convención de los Derechos del Niño para una reintegración social, pero cambia el lugar de alojamiento.

¿Sería el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores?

Exactamente. Para estos casos gravísimos, todos los proyectos de ley sobre responsabilidad penal juvenil prevén la privación de libertad, pero también dan posibilidades de reinserción.

Socialmente hay mucha bronca e indignación por este caso y la situación de inimputabilidad. ¿Qué explicación se le puede dar a la sociedad?

Necesitamos un sistema de responsabilidad penal juvenil para darle una respuesta a esa indignación. Creo que la sensación de impunidad causa ese malestar, y es muy entendible lo que le pasa a la sociedad y a las familias de las víctimas.

¿Un nuevo régimen penal juvenil bajaría la edad de imputabilidad?

Eso lo tendrán que discutir los legisladores. Argentina es el único país de Latinoamérica y creo que uno de los pocos en el mundo que tiene imputabilidad a partir de los 16 años. En la mayoría de Latinomérica es a partir de los 14 y en Costa Rica y Brasil hay excepciones a partir de los 12 años. Tiene que haber un debate social, académico, que sintetice qué opina la sociedad. Lamentablemente se viene posponiendo desde hace mucho tiempo. Cuando tengamos eso consolidado, ya habrá otra respuesta por parte del Estado y tendremos que darnos otro debate: ¿qué pretendemos para los adolescentes: la estigmatización o la reintegración social y la mejora de su calidad de vida?

Muchos se preguntan cómo un chico de 15 años llega a matar a una persona. ¿Desde el Estado pueden encontrar alguna explicación?

No hay explicación, pero lo enmarco en la violencia general que hay en la sociedad, con la proliferación de armas que hace que los conflictos interpersonales se resuelvan de manera violenta. Culturalmente la violencia va permeando la sociedad. Es espeluznante que un adolescente tenga un arma en la mano y está a la vista lo que puede suceder, pero no es una cuestión exclusiva de los adolescentes, sino que es un problema general de la sociedad.

Sí, pero en manos de un adolescente choca más...

Sí, choca más y tiene más repercusión mediática; nos impacta de otra manera, pero no es exclusivo de los adolescentes.

¿Que desafío le plantea este caso a la Subsecretaría de Niñez?

Primero, el abordaje específico del caso. En lo que va del año tuvimos ocho casos graves, pero no son un gran número. Nuestro eje sigue puesto en generar mejores condiciones de vida a todos los niños y adolescentes. Trabajamos en profundizar los dispositivos en territorio para que los adolescentes puedan proyectar modelos de vida diferentes, con capacitaciones laborales, reinserción escolar y promoción de la cultura. Es muy poco probable que esos adolescentes participen de circuitos delictivos. Esa es la forma de prevención. Pero además hay que revertir: hay que atraer a muchos adolescentes para que vuelvan a esas instituciones y las aprovechen.