El impuesto al patrimonio en blanco generó ingresos fiscales por más de $ 223.000 millones

El Aporte solidario y extraordinario a personas con patrimonios superiores a $ 200 millones generó hasta el momento ingresos fiscales por más de $ 223.000 millones, luego de que alrededor de 10.000 contribuyentes encuadrados en esa categoría efectivizaran el pago del tributo, según datos preliminares reportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

"La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia", expresó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en un informe elaborado por la dependencia oficial.

Para asegurar que los contribuyentes alcanzados por la ley cumplan con su obligación, la AFIP inició una serie de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes.

"Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada", señalaron desde la AFIP.

Desde la dependencia oficial dijeron que las estimaciones sobre los fondos son preliminares y que continuarán con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas, mientras se espera a que avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte.

En base a la información disponible en el sistema web del Poder Judicial de la Nación bajo juridisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, alrededor de 200 contribuyentes con patrimonios superiores a $ 200 millones interpusieron recursos de amparo para evitar el pago de ese tributo.

En cuanto al destino de los fondos, la ley 27.605 aprobada en diciembre del año pasado estableció que los recursos generados se usarán para financiar distintos proyectos definidos en la normativa.

Alrededor de $ 45.000 millones (20% del total recaudado) será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

Una suma similar (20%) irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

Mismo porcentaje corresponderá a financiar las becas Progresar, de modo que los fondos refuercen el programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa.

A su vez, más de $ 33.000 millones (15%) se destinará a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Por último, cerca de $ 55.000 millones (25%) financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.

Ahora 12 y Débito

La pandemia de coronavirus disparó el uso de tarjetas de débito, que aumentaron 33% interanual en el primer trimestre del año, ganándole espacio al efectivo, y también la utilización del Ahora 12, que en todas sus modalidades representó el 57,8% del volumen de las compras en cuotas con tarjetas de crédito realizadas entre enero y marzo. El informe destacó que los planes Ahora sostuvieron una importante participación en las compras con tarjeta de crédito. Uno de cada cuatro pesos que se movieron en el uso de tarjetas de crédito fue motorizado por alguna de las opciones de los planes incluidos en el Ahora 12, de 3, 6, 12 y 18 cuotas. De las cuatro modalidades, el Ahora 12 representó el 46,89% del volumen de compras realizadas con el programa, el Ahora 18 significó el 19,88%; el Ahora 6 el 17,22%; y el Ahora 3 el 16,01%. Ese trabajo consignó que casi 40 millones de personas y empresas habían utilizado en marzo pasado dinero electrónico vía transacciones online o con tarjetas de crédito o débito en la Argentina, un 25,4% más que igual mes del año pasado.

El Enacom irá ante la Corte

El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) interpondrá un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objeto de revertir la medida cautelar dictada a favor de Telecom, que suspende para esa empresa la aplicación del DNU 690/2020, que declaró servicio público a las telecomunicaciones.

La apelación ante el máximo tribunal busca modificar la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que el viernes admitió una presentación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar en su favor que suspende temporalmente los artículos 1 al 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez.

"Enacom interpondrá un recurso extraordinario federal para elevar la controversia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y continuará con sus políticas públicas en la defensa del derecho humano de las telecomunicaciones y de todos los usuarios y usuarias", informó el organismo en un comunicado.

"El único fundamento que el fallo expone es el supuesto perjuicio al derecho de propiedad ocasionado a Telecom Argentina S.A generando un enorme perjuicio concreto a los usuarios y usuarias de Telecom, ya que el fallo promueve que estos abonen tarifas superiores a las de los otros operadores", precisó el ente en el comunicado.

El decreto había sido emitido en agosto de 2020 para declarar como "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre, a raíz de la pandemia de coronavirus.

La presentación de Telecom en primera instancia tuvo una suerte adversa cuando un juez de feria rechazó la medida cautelar planteada contra el DNU, fallo que fue apelado por la firma y sobre el que ahora se pronució el tribunal de segunda estancia.

En su resolución, los camaristas sostuvieron que "las características de la empresa actora, su giro comercial, las prestaciones que brinda y correlativos requerimientos de inversión y consiguiente financiamiento que razonablemente han de ser satisfechos para su organización y desarrollo, es válido atender también a la dificultad puesta de manifiesto en orden a la posibilidad de acceder a la financiación por parte de entidades internacionales".