Santa Fe: una denuncia vecinal detuvo nuevas usurpaciones frente a la Estación Guadalupe

El sábado por la mañana, el silencio del barrio Guadalupe Central se quebró con el sonido de las palas y los martillos. En un terreno baldío, frente a la vieja Estación Guadalupe, unas paredes de ladrillo comenzaron a levantarse junto a los rieles del ferrocarril.

Eran los cimientos de una construcción irregular, pero no llegarían a sostener techo alguno.

La historia empezó con un llamado. Vecinos alertaron al 911 y a la Municipalidad sobre la ocupación de terrenos pertenecientes al ferrocarril, en Dorrego al 7400, esquina Javier de la Rosa. En pocas horas, agentes municipales y efectivos policiales llegaron al lugar y frenaron las obras. Luego, desmantelaron lo construido.

“Ese día levantaron las paredes y techaron”, contó Cristina Marchesan, delegada normalizadora de la vecinal Guadalupe Central.

“Hicimos la denuncia y enseguida llegaron la GSI (Guardia de Seguridad Institucional Municipal) y la Policía. El usurpador tenía un certificado que indicaba que su padre, que fue guardabarreras, había vivido en una vivienda móvil, pero eso no le daba ningún derecho sobre los terrenos ni autorización municipal”, agregó.

Las tensiones no tardaron en aparecer. “Amenazaron a una vecina; ella los denunció y luego la denunciaron a ella”, relató Marchesan. “Los vecinos ya habían sido amedrentados otras veces por grupos mafiosos que intentan asentarse allí. Primero instalaron una casa arriba del paso a nivel, poniendo en riesgo la barrera y el caño de gas. Luego otra, y otra más. Iban por la cuarta. Cada vez que los denunciábamos, volvían con amenazas: que nos iban a matar, que nos iban a quemar las casas”.

Según la vecinalista, incluso hubo “dos crímenes en los últimos años” vinculados a estos conflictos, aunque sin pruebas concretas. “Las víctimas eran denunciantes”, subrayó.

Esta situación tiene un trasfondo mayor. La ciudad de Santa Fe arrastra desde hace décadas un déficit habitacional que empuja a cientos de familias a ocupar terrenos fiscales o privados en condiciones precarias. La falta de acceso a lotes, créditos y políticas sostenidas de vivienda expone una realidad que se repite en distintos barrios: el derecho a un techo digno sigue siendo una deuda estructural. Frente a ello, se vuelve urgente una respuesta integral del Estado que articule tierra, infraestructura y programas sociales para transformar la emergencia en política pública.

“El modelo a seguir”

El operativo del fin de semana fue encabezado por la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad provincial. “Recibida la denuncia, realizamos una inspección inmediata”, explicó el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropaolo. “Constatada la usurpación, dimos aviso al 911 y presentamos nuestra propia denuncia, ya que el Municipio custodia los bienes ferroviarios federales en la ciudad”.

Mastropaolo aseguró que existe una vigilancia constante sobre este tipo de terrenos. “Los vecinos no quieren más ocupaciones ilegales. Generan conflictos inmediatos y problemas mayores a futuro”, señaló.

Luego, los funcionarios dialogaron con los ocupantes, les permitieron retirar los materiales de valor y procedieron al desmantelamiento total de las estructuras.

“El caso de Guadalupe es el modelo de intervención que queremos replicar —dijo Mastropaolo—. Sirve para pacificar el barrio y transmitir tranquilidad”.

Cabe mencionar que hace un tiempo atrás la sede de la biblioteca popular Osvaldo Bayer, que funciona en una edificación ferroviaria del lugar, había sido víctima de un robo de un aire acondicionado. También les vandalizaron el tablero eléctrico, entre los hechos de inseguridad que golpean al barrio.

Terrenos en disputa

El funcionario reconoció que la ciudad enfrenta varios conflictos por ocupaciones. “Mantenemos diálogo con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En algunos casos pudimos intervenir, como en el ex estacionamiento de El Litoral, donde hoy funciona el Paseo de la Cordialidad. Pero hay otros lugares, como La Carbonilla detrás de la ex Estación Belgrano, donde viven familias y la situación es más compleja, porque existen leyes que protegen a los ocupantes”.

Pese a esas dificultades, el Municipio mantiene “una auditoría permanente sobre nuevas construcciones”, con apoyo de la Provincia, “para evitar que se consoliden”.

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, valoró el accionar conjunto. “Es una respuesta efectiva para los vecinos que trabajan, pagan sus impuestos y apuestan al barrio. Estas usurpaciones no se pueden permitir”, afirmó.

Según Coudannes, la intervención fue rápida: “Tuvimos denuncias y una llamada al 911. Llegamos en menos de cuatro minutos con un móvil policial”.

El límite que esperaba el barrio

Mientras tanto, la vecinalista Marchesan advirtió sobre otra ocupación ilegal en la zona de Bajos Judiciales, cerca de Beruti y General Paz. “Es muy grave, porque están sobre el sistema de bombeo. Esa gente ya había sido reubicada y volvió a ocupar. Si sube el río, van a quedar bajo agua. Están tapando las cañerías”, alertó.

En Guadalupe, los vecinos sienten que, al menos esta vez, el Estado actuó a tiempo. “El barrio celebró que se haya puesto un límite —dijo Marchesan—. Ahora esperamos que ocurra lo mismo con el resto de las casas levantadas de forma irregular. Es hora de que se recupere el orden y la convivencia”.