"Para terminar con la pobreza urbana de ingresos se necesitaban unos $140 mil millones mensuales. El gasto en la AUH y los planes del Ministerio de Desarrollo Social ascendió a $90 mil millones mensuales. El gasto asistencial de las provincias ascendió a unos $30 mil millones mensuales. Estos datos muestran que, sumando el gasto asistencial nacional y provincial, se llega a un monto bastante cercano a lo que se necesitaría para que cada hogar pobre deje de serlo".
¿Dónde se van los recursos?
El gasto asistencial no está lejos de "eliminar la pobreza estadística"
Lo que invierten el gobierno central y las provincias en planes, debería alcanzar para que la medición por ingresos deje a casi todos los argentinos con los recursos necesarios para no ser pobres en los términos del Indec. Pero eso no sucede.
La cuenta del primer trimestre del año está elaborada por el Instituto Argentino de Desarrollo Social. El centro de estudios que dirige Jorge Colina aclara que "ciertamente que se trata de un cálculo muy aproximado y que la pobreza es un fenómeno mucho más amplio y complejo que la insuficiencia de ingresos. Pero este ejercicio da una idea del masivo desvío de recursos derivado de la pésima gestión pública". expone.
Al segundo semestre de 2021, último dato oficial disponible del Indec, el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 37,3% de las personas; dentro de este conjunto se distingue un 8,2% de indigentes. Medido esto en los 31 aglomerados urbanos, eso supone a 10.806.414 de pobres y 2.384.106 personas indigentes.
Se trata de una pobreza medida por "ingresos", aunque el dato de la situación estructural podría ser peor. El observatorio de la Deuda Social de la UCA ubica en situación de pobreza al 43,8% de los argentinos.
Burocracia y presupuesto
"El diseño de la Asignación Universal por Hijo (AUH) establece que los hogares beneficiados cobran el 80% del subsidio de manera automática y el 20% restante condicionado a controles de salud y educación. Si bien el Estado administra la educación y la salud, el control de la ANSES consiste en exigir a los beneficiarios que gestionen los certificados de cada hijo en las escuelas y los hospitales.
"Esta concepción -señala Idesa- del ciudadano 'cadete' del Estado, multiplica los gastos administrativos, los costos para las familias y facilita el fraude. En la práctica, hace que los controles de salud y educación en la AUH no se hagan".
Mientras el gobierno define una nueva auditoría a los planes asistenciales, Idesa señala que "adicionalmente, el Estado nacional administra varios otros programas para asistir a los mismos hogares. A la AUH se le suman la Tarjeta Alimentaria y el Potenciar Trabajo. Las provincias y municipios, por su parte, financian programas similares para las mismas familias".
La controversia sobre el "ajuste" ha desatado polémicas internas en el gobierno, pero el ministro Sergio Massa enfrenta un problema de mayor gasto que no resuelve la pobreza y agrava el deterioro fiscal. La Oficina de Presupuesto del Congreso reveló que en 7 meses del año, "el gasto primario subió 8,3%, básicamente por los subsidios energéticos (por estas horas suben los servicios) y los programas sociales. Al 31 de julio los gastos totales devengaron $8.661.651 millones, equivalentes al 52,7% del crédito presupuestario vigente. Los programas sociales -detalló el informe- superaron esa proporción (66,6%)".
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