"La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), por expreso mandato de su Consejo Federal, rechaza enfáticamente los aspectos del Decreto 728/22, publicado, que otorgan una reserva de mercado de la obra pública a favor de Cooperativas de Trabajo, que en la práctica son informales".
Advertencia de la Camarco
"PyMES constructoras en peligro de extinción"
Las empresas del sector rechazaron con dureza un decreto del presidente Fernández y sus ministros, que obliga a adjudicar a la "economía social" de los piqueteros, 30% de las obras que cuesten hasta $300 millones.
La entidad emitió este viernes un comunicado tras el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández junto a sus ministros Juan Luis Manzur, Sergio Tomás Massa, Victoria Tolosa Paz, Raquel Cecilia Kismer y Gabriel Nicolás Katopodis.
Desde Camarco aseguraron que "la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas PyMEs constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores".
"Camarco comparte la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo pero sostiene que es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o Cooperativas de Trabajo no formales contribuye a una ampliación, integra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública", sostuvieron desde la entidad".
La decisión oficial no genera nuevos escenarios productivos sino que obliga a adjudicar a organizaciones sociales -muchas de ellas vinculadas a funcionarios del propio gobierno nacional- el 30% de la Obra Pública Nacional "bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300.000.000, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas".
El diputado nacional Luciano Laspina advirtió que la medida implica "unos US$1000 millones de dólares al año administrados por los líderes piqueteros". En la provincia de Santa Fe, estimó, significaría afectar unos US$ 300 millones bajo la modalidad alcanzada por el decreto.
Los empresarios de Camarco señalaron que "la medida dispuesta será un incentivo al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes y condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54 % superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo.
"Es la experiencia acumulada que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, pues los supuestos 'cooperativistas' no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos, informales. Así se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores", resaltaron.
Desde Camarco también enfatizaron que "esos 'trabajadores-pseudo cooperativistas' pierden la protección de derechos laborales, ven peligrar su seguridad física en la obra, no acceden a la capacitación en el oficio, y no tiene acceso al fondo de cese laboral, a una jubilación y cobertura de salud, entre otros beneficios de la formalidad laboral postulados por la Organización Internacional del Trabajo".
Laspina apuntó que la medida oficial "financiará con más impuestos las estructuras políticas del kirchnerismo con una opacidad nunca vista. Obras públicas hechas por cooperativas ignotas. La locura es total", concluyó.
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