En 2009, por decreto, la presidenta de la Nación subió los topes indemnizatorios de las distintas contingencias cubiertas por la Ley de Riesgos del Trabajo, al entender que la “industria del juicio” tenía en los montos atrasados del seguro, un argumento fuerte para la demanda judicial.
Además la Superintendencia de Seguros de la Nación habilitó la creación de un Seguro de Responsabilidad Civil por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (conocido popularmente como Responsabilidad Civil Patronal) para cubrir indemnizaciones judiciales por encima de las establecidas en la regulación de las ART.
En los últimos días fue la presidenta quien retomó la iniciativa de buscar un nuevo texto legal. Propuso -en el marco de la celebración del día de la industria- un mecanismo para que el Consejo del Salario Mínimo y en paritarias, en acuerdo de empleadores y sindicatos, se actualicen los montos indemnizatorios, y que en definitiva el trabajador eventualmente damnificado opte por cobrar ese seguro o reclamar ante la justicia, pero no cobrar y mantener abierta la vía judicial.
“Si al trabajador le parece que no es suficiente (la indemnización de la ART), tiene todo el derecho porque no hay legislación en el mundo que pueda impedir que alguien inicie un juicio”, dijo la mandataria, quien descartó la posibilidad de volver a cerrar la demanda civil por cuanto “invariablemente va a ser declarada inconstitucional”.
El camino de elegir una de dos alternativas
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