Agustina Mai [email protected] Hasta ayer, M.J. estaba bajo la tutela del Estado provincial, a través de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Pero el fallo de la Cámara de Apelaciones en Feria cambió el rumbo de un caso, que puso en evidencia varias falencias del Poder Ejecutivo y la Justicia. Es que varias irregularidades tiñeron la corta vida de M.J.: el excesivo tiempo que permaneció en un hogar transitorio (18 meses es el máximo permitido por la ley), su traspaso de manos (de los Traverso a los Serra), las dilaciones de la Justicia para declarar su estado de adoptabilidad y la omisión de informes de seguimiento de la niña, entre otras cuestiones. Sobre la necesidad de revisar el accionar del Estado, el secretario de políticas sociales de Desarrollo Social, Joaquín Blanco, defendió el sistema de protección integral de la provincia de Santa Fe, en el cual están siendo cuidados más de 550 niños separados de sus familias. Pero reconoció que “este caso visibiliza fallas del gobierno provincial en el monitoreo de las situaciones y los tiempos administrativos; fallas de los hogares de tránsito en cumplir el rol que el Estado les asigna; y fallas del Poder Judicial en los tiempos procesales, que no son los de los niños”. El funcionario también se refirió a la responsabilidad de los medios de comunicación. “Los medios expusieron la vida privada de una niña, que no podía defenderse”, advirtió. Si bien Blanco aseguró que el Ejecutivo “respeta el fallo a rajatabla”, consideró que “no resuelve la cuestión de fondo”. En este marco, remarcó la importancia de contar con un sistema transparente de adopción. “Son los niños los que tienen derecho a tener padres. Los adultos tienen deseos, que tienen que contar con reglas de juego claras para que haya igualdad de oportunidades y darle certezas a los inscriptos en el Registro (Ruaga)”, concluyó.
Dilaciones y omisiones
