Andrés Gil Domínguez (*) El conjunto de proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo al Congreso viola el derecho a la tutela judicial efectiva, fulmina la independencia del Poder Judicial, promueve un sistema de ingreso irracional del personal al Poder Judicial y demuestra que el Poder Ejecutivo tiene un funcionamiento antidemocrático respecto del acceso a la información pública por parte de las personas. El régimen de las medidas cautelares contra el Estado, impone la bilateralidad previa dilatando su dictado, impone un plazo único de duración para todas las medidas que se dicten sin importar las particularidades de cada caso, impide imponer a los funcionarios incumplidores sanciones pecuniarias, impone la caución real para su dictado y establece que aunque se obtenga la mera apelación del Estado suspende su aplicación. A la par establece un régimen de medidas cautelares que puede ser promovida por Estado sin plazo, informe previo, con sanciones pecuniarias para las personas y efectos suspensivos de las apelaciones. Ni la dictadura de Onganía cuando intentó destruir la acción de amparo se atrevió a tanto autoritarismo. Establecer un Consejo de la Magistratura donde sus miembros se elijan por elección popular, transforma al órgano que tiene como funciones primordiales seleccionar a los jueces y eventualmente proponer su acusación, en una instancia político partidaria que dominará quien gane las elecciones. De ahí a una justicia adicta hay un paso. Menem tuvo la mayoría automática en la Corte Suprema, este régimen desea imponer una Justicia totalmente automática para quienes comparten sus objetivos políticos. La creación de Cámaras de Casación que puedan revisar los hechos y el derecho de todas la sentencias dilatan sin razón alguna el plazo razonable de los procesos judiciales que opera como un ariete contra el rol que cumple la Corte Suprema y además obstruye el acceso a la protección que deparan los Tratados sobre derechos humanos. El sistema de ingreso es irracional porque las vacantes serán signadas entre todos los que aprueben un puntaje mínimo (60 sobre 100) y salgan sorteados por la Lotería Nacional. Es lo mismo 100 que 60, porque la idoneidad para trabajar en la Justicia, dependerá del sistema más irracional de todos: el azar. Si el libre acceso a la información pública en el Poder Judicial es sinónimo de democracia, queda en evidencia que en dicha materia el Poder Ejecutivo es antidemocrático puesto que es imposible que cualquier persona pueda acceder libremente a los expedientes administrativos que en su ámbito se tramitan. Cuántos querrían saber, por ejemplo, quién es el dueño de la imprenta Ciccone. El rostro del “vamos por todo” refleja en estos proyectos su mueca más autoritaria dejando a las personas y sus derechos en un total estado de indefensión frente al Estado. Por eso es tiempo de un patriotismo constitucional que defienda a la Constitución como ese hogar común que cobija a todos y todas por igual aunque las mayorías eventuales ronden en su acecho. * Doctor y posdoctor en Derecho (UBA). Profesor de derecho constitucional (UBA, UNLPam, Universidad de Salamanca).
OPINIÓN
