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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio a conocer su habitual Informe de evaluación al cierre de la reunión semestral que se llevó a cabo en Denver (Estados Unidos) en el que incluyó varias menciones críticas a la Argentina en materia de libertad de expresión y apuntó contra la Ley de Medios, a la que calificó de "herramienta restrictiva".
También señaló que "en el caso de la Argentina, se registró una presión oficial a los avisadores para ocasionar perjuicio económico" a los medios independientes.
La SIP puntualizó que "otra herramienta restrictiva, la Ley de Medios, está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que pueda receptar los principios internacionales en la materia" y dio a conocer una resolución específica sobre la cuestión en la que aseguró que "entraña supuestos de censura indirecta".
Entre las Conclusiones generales, la entidad mencionó como "escollos" a la libertad de prensa en toda la región los casos de los 14 periodistas asesinados en el último semestre en América latina, el que llamó "acaparamiento" de medios de comunicación "por parte de gobiernos autócratas" y la "persistente carencia de acceso a la información pública" en varios países.
También denunció la "confiscación secreta de archivos de llamadas a reporteros de The Associated Press por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos" y la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador.
En relación a la Argentina, el Informe sostuvo además que, como otros países, "carece de leyes de acceso a la información e impera una cultura gubernamental de secreto en la que, como ejemplo, los presidentes y funcionarios públicos de la Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela se niegan a ofrecer entrevistas o conferencias de prensa".
En relación a lo que llamó "la coacción económica", la SIP mencionó como afectación de la libertad de prensa "la adquisición masiva de medios de comunicación por parte de los gobiernos, ya sea directamente o a través de personas afines a los mismos en Nicaragua, Venezuela, Bolivia y la Argentina, para convertirlos no en medios de función pública sino que en herramientas de propaganda partidista e ideológica".
El Informe final señaló además que "esta coacción se manifiesta también con actitudes de discriminación en la pauta de publicidad oficial contra medios independientes".
Finalmente, la Asamblea reiteró varias veces la necesidad de enfrentar los embates de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), "en su empeño por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual es blanco de ataques permanentes", finalizó.
Coacción económica
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