El requerimiento se planteó mediante la resolución Nº 022 del 11 de marzo, a los efectos de analizar las actuaciones iniciadas por cualquier municipio o comuna y determinar el cumplimiento de la normativa vigente, con la posibilidad de determinar en cada caso las medidas individuales y colectivas que correspondieren.
Asimismo, se solicitó al gobierno provincial que declare nula de nulidad absoluta toda actuación iniciada por municipios y comunas en el marco de controles de tránsito efectuados por inspectores municipales o comunales en los que ellos no hayan procedido conforme artículo 70 de la ley nacional de tránsito Nº 24.449, a la cual adhiere la ley provincial Nº 11.583.
Dicha normativa prevé que las actas de infracción deben elaborarse luego de haber detenido al vehículo en cuestión y en presencia del presunto infractor. El ciudadano se encuentra así ante la irrazonabilidad de un reclamo que no tiene fundamento jurídico o fáctico alguno, que es producto de la violación expresa de la delegación otorgada y que transforman la relación del Estado con los particulares en una disputa de “la palabra de la administración contra la palabra del administrado”.
Los fundamentos
La medida impulsada por la Defensoría se fundamenta en las innumerables consultas recibidas diariamente y resulta menester para la efectiva normalización que se impulsa desde el Estado provincial, la regularización de la situación de miles de ciudadanos santafesinos que han sido y siguen siendo objeto de imputaciones efectuadas en el marco de las irregularidades y deficiencias detectadas por esa Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Las autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en su calidad de autoridad de aplicación de la ley provincial Nº 11.583 y su decreto reglamentario Nº 2311/99 y conforme las facultades otorgadas por el decreto Nº 1698/08, decidieron en razón de las desviaciones observadas y las consideraciones efectuadas, suspender los procedimientos de comprobación de infracciones e imposición de sanciones relativos a los controles auditados, tal como fue expresado por esa Agencia en la respuesta a un oficio enviado por la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo a la postura sustentada por la Defensoría del Pueblo, desde ahora, ante la presunción de irregularidades en las actas de infracción de tránsito, la ciudadanía debería efectuar las denuncias correspondientes a este tipo de multas directamente ante la Agencia Provincial de Seguridad Vial, ya fuera en sus oficinas de la ciudad de Santa Fe (Dique 1, Puerto Santa Fe, Elevador Terminal, Tel. 0342 457-2377/2511/4822), como en las de Rosario (Mendoza 1085, Tel. 0341 4721523/26). En los casos de agotarse esa instancia y, no contando el reclamante con una respuesta favorable, se podría recurrir a la Defensoría del Pueblo para que se evalúe cada caso en forma particular.
Por presuntas irregularidades
La Defensoría del Pueblo elevó un pedido por las multas de tránsito
Las Defensoras del Pueblo Adjuntas a cargo, Liliana Meotto y Liliana Loyola, recomendaron al gobernador Hermes Binner que, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, organice y publicite un sistema que permita recepcionar, dar curso y respuesta a las denuncias ciudadanas que señalan irregularidades en la confección de actas de infracción de tránsito.
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