Disconformidad por la levedad de las penas

La vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa de Roisinblit, y el abogado de la querellante, Tomás Ojea, cuestionaron este viernes las "bajas" condenas que les aplicaron a los apropiadores Osvaldo Rivas y María Gómez Pinto por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán, durante la última dictadura.

En ese sentido, la integrante de Abuelas manifestó que está "decepcionada y angustiada, porque esperaba que hubiera sido una condena mayor", y consideró que "es muy poco para el delito que han cometido".

"En este país el secuestro de un niño no es un delito mayor, tendría que ser considerado como si fuera un asesinato", agregó.

Asimismo, Roisinblit contó que en todos los años de lucha contra las violaciones a los derechos humanos "no hemos conseguido condenas mayores de siete u ocho años".

"De cualquier manera tenemos que estar conformes porque se consiguió una condena, y porque este fue un juicio emblemático", concluyó.

Por su parte, el abogado de María Eugenia dijo que "no quedó duda de la responsabilidad penal de los tres acusados".

"La sentencia planteó una situación ambigua porque no tiene relación el monto de la condena con lo que nosotros hemos pedido en tribunales, eso seguramente sea objeto de apelación", enfatizó.

También, Ojea expresó que "nos reconforta que los tres acusados hayan sido condenados por un delito que data de 24 años", y opinó que la prisión será efectiva "si la otra parte no apela".

En ese sentido, La diputada nacional de Encuentro Social y Popular, Victoria Donda Pérez, consideró "insuficientes" las condenas de ocho años de cárcel a Osvaldo Rivas y de siete años a María Gómez Pinto por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán, durante la última dictadura.

De esta manera, la legisladora kirchnerista hizo referencia a la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que condenó a ocho años de cárcel a Osvaldo Rivas y a siete años a María Gómez Pinto por la apropiación de la menor María Eugenia Sampallo Barragán, durante la última dictadura militar.

"No me pareció suficiente", reiteró Donda Pérez, quien consideró "ridículo" que al ex capitán Enrique Berthier "uno de los genocidas de este país" lo hayan condenado a 10 años de prisión, por ser el entregador de la pequeña María Eugenia a la pareja que la crió como propia pese a ser hija de desaparecidos.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación calificó de "exiguas" a las penas.

El organismo nacional que dirige Luis Eduardo Duhalde indicó a través de un comunicado que "si bien el fallo reconoce los delitos cometidos, las penas que se aplicaron a los imputados no reflejan la magnitud de los crímenes cometidos".

"Se comparten las opiniones de los querellantes, en cuanto a que el fallo no ha tomado debida nota de la gravedad de los hechos, puesto que se trató de la apropiación de una niña, la sustitución de su identidad, el desarraigo de su familia y la negación de su historia", agrega el texto.

En ese sentido, dice que "la condena no alcanza a satisfacer el requerimiento de pena que hicieran el fiscal y la querella, que habían solicitado 25 años de prisión para los imputados".

"Deseamos señalar que, más allá de lo exiguo de las penas, ha quedado en claro el accionar del terrorismo de Estado que se apropiaba de los niños como si se tratara de un botín de guerra", continúa el comunicado dado a conocer esta tarde.

Por último, la Secretaría de Derechos Humanos sostiene que "se espera que en los restantes casos la Justicia se pronuncie aplicando el castigo correspondiente a los autores, cómplices e instigadores de tales delitos de lesa humanidad".

Télam