¿Qué niveles de arsénico en términos epidemiológicos existen en las aguas que entregan los servicios centralizados de la zona más afectada en la provincia? De preguntas como ésta -y seguramente otras, más complejas- ha partido el trabajo que el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress) dejó en manos de un grupo de expertos de primer nivel.
El Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (Hacre) en la franja oeste de la provincia fue el objeto del estudio coordinado por el Dr. Germán Corey, epidemiólogo ambiental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con la colaboración de sus colegas, doctores Rubén Tomasini y José Alberto Pagura.
El libro que contiene la investigación se titula "Estudio Epidemiológico de la Exposición al Arsénico a través del Consumo de Agua'', y fue presentado recientemente en el Enress por el gerente de Control de Calidad, Dr. Helio Vázquez, quien explicó que el estudio tomó como universo solamente a los llamados servicios centralizados (no a la totalidad del consumo de agua potable por parte de la población) para poder tener certezas sobre la fiabilidad y representatividad de las muestras de agua.
Del mismo modo, al observarse sólo lo que ocurre con los servicios centralizados, los estudios médicos sobre la población expuesta a determinadas calidades de aguas pueden realizarse mediante técnicas de muestreo.
Ley N° 11.220 y su incumplimiento
Vázquez destacó que el estudio realizado por el Enress es el más importante de su tipo que se haya efectuado en el país, al poder determinar la prevalencia y distribución del Hacre en poblaciones expuestas a diferentes niveles de arsénico (siempre considerando las que tienen servicios centralizados). Además, el trabajo ha evaluado el riesgo carcinogénico y no carcinogénico, de utilidad a la hora de aplicar criterios regulatorios a los servicios de agua, que presentan tenores de arsénico superiores a los establecidos en las normas nacionales y en las recomendaciones internacionales.
Si se considera sólo la población urbana (no la rural), en la provincia, no tiene agua potable el 14 % de sus habitantes (375.904 personas) y goza de este servicio público elemental el 86% (2.357.651 ciudadanos). Un 37 % de los servicios toman el agua de las llamadas fuentes subterráneas (pozos) y el 63 % lo hace de fuentes superficiales (ríos y arroyos).
Según datos de 1994 sobre los 196 prestadores existentes -la concesión de entonces de Aguas Provinciales, las cooperativas y las municipalidades y comunas-, había 60 servicios con niveles de arsénico superiores al límite permitido (50 ug/l, microgramo por litro) de acuerdo con la Ley N° 11.220.
La norma que regula la prestación de los servicios sanitarios había establecido que esos 60 prestadores debían bajar sus umbrales de arsénico en tres años, a contar desde diciembre de 1995. Sin embargo -según datos del propio Enress-, en 1999 quedaban todavía 51 servicios con niveles de arsénico peores que los admitidos por el órgano de control. (Ver gráfico).
La ley ha superado la década, pero el módico objetivo sanitario aún no se ha alcanzado en forma completa: según los últimos datos disponibles, todavía 10 servicios no han llegado a cumplir lo exigido por la normativa.
Eso sí, hay pleno consenso respecto de que la única salida definitiva al problema es la ejecución de un programa de acueductos que lleve a esas zonas agua potable en la cantidad necesaria. Uno de los tres acueductos -el que tiene gestión del gobierno nacional- está en ejecución, con 120 millones de inversión. Los otros dos, provinciales, siguen en lista de espera.
Una decisión de 1996
Hace ya más de once años, el Enress resolvió adaptar la norma a la realidad existente para provocar una mejoría en las calidades del agua entregada por los servicios centralizados con más arsénico del admitido.
Los mismos 60 prestadores en problemas seguían -dos años después de lo que decía la ley N° 11.220- sin mejoras.
Así, el Enress resolvió otorgar nuevos plazos, "asumiendo riesgos aceptables'', y -entre otras actividades- procuró generar "información epidemiológica local'' para cotejarla con la bibliografía existente a nivel internacional y nacional.
Fue entonces -hace más de una década- cuando se iniciaron las gestiones ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para realizar el estudio epidemiológico que ahora ha concluido. Se obtuvieron fondos del BID para la investigación sobre las tasas de mortalidad por cáncer en la zona y la frecuencia con que se detecta el Hacre. Ambas variables y los datos demográficos permitirían elaborar un mapa de riesgo.
Conclusiones
Siempre con la consideración de que sólo se evaluaron los servicios centralizados, se decidió tomar una muestra de 11 localidades, sobre los 60 servicios con problemas. Allí se encuestaron 804 domicilios y 1.496 personas mayores de 30 años. Y para conocer los efectos del arsénico en la población se cotejaron 1.123 exámenes clínicos. La muestra se tomó entre 1999 y 2002.
Al revisarse la relación entre cáncer y arsénico, con datos sobre población del Ipec y las muestras para conocer los niveles de exposición al mineral por el consumo de agua, se determinaron las tasas epidemiológicas.
Según los investigadores, en la zona estudiada -gente que cuenta con servicios centralizados- "no se encontró asociación estadísticamente significativa para cáncer de pulmón y de riñón, no registrándose incrementos en el grupo de mayor exposición''.
En términos generales, el estudio sostiene que existe "un impacto en salud de la población expuesta considerado como moderado''.
Y se detalla: la prevalencia del Hacre es "baja'' (del 2,5 %) y, en 24 de los 28 casos con Hacre, se trata de mayores de 50 años.
En la misma dirección, se concluye que "ha predominado el cuadro benigno''; que "se observó una relación concentración-respuesta bastante atenuada''; "se encontró una baja frecuencia de cáncer de piel'' y que, finalmente, "las razones de tasas de mortalidad halladas indican una asociación débil para el cáncer de hígado y vejiga, y moderada para piel no melanoma''.
Luis Rodrigo





