"Esta Justicia es ilegítima"

“El sistema actual es corporativo, oscurantista, de lobbies aceitados”, atacó la funcionaria kirchnerista. Foto: Archivo El Litoral

De la redacción de El Litoral [email protected] DyN/Télam La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, advirtió que la Justicia actual es “ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados”, y aseguró que el Poder Judicial es “permeable a las influencias del poder”. La jefa de los fiscales consideró que sería “saludable” una renovación del sistema judicial y estimó que “podría ser interesante” que los jueces rindan exámenes para permanecer en sus cargos, como pretende el kirchnerismo. “Lo ilegítimo es un sistema donde predominan los sistemas corporativos antes que un servicio a la comunidad. El sistema actual es corporativo, oscurantista, de lobbies aceitados con agentes externos, de reacciones corporativas que quieren disciplinar a los magistrados que denuncian a jueces corruptos”, aseveró. Gils Carbó concedió entrevistas a los diarios La Nación, Página 12 y Tiempo Argentino, en los que criticó la situación actual del Poder Judicial, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, horas antes de iniciarse el año judicial. Renovación “Una renovación de la Justicia sería saludable para democratizar el sistema”, sostuvo la funcionaria escogida por la presidenta Cristina Fernández para reemplazar a Esteban Righi, quien renunció tras las denuncias del vicepresidente Amado Boudou. En vísperas del encuentro de mañana en la Biblioteca Nacional de cientos de magistrados que firmaron el texto “Justicia legítima”, que ella promueve, la procuradora general dijo temerle más a las influencias de los poderes “hegemónicos” sobre los jueces que a las presiones del Poder Ejecutivo. “Insistimos en hablar nada más que de las presiones del Poder Ejecutivo; hablemos también de las otras, porque si no, parece que no existen. No es un tema menor la independencia de los poderes económicos en un país donde hay tanta concentración de la economía”, indicó. “Yo no les tengo miedo a las presiones del Poder Ejecutivo. El Estado tiene un rol, que es ser mediador entre diferentes intereses para articularlos y en función de esos intereses dirigir todo hacia el interés general. Si tengo que denunciar penalmente a un funcionario, lo voy a hacer”, advirtió. Gils Carbó reclamó un Consejo de la Magistratura “más abierto a la participación ciudadana” y cuestionó que sólo esté abierto a jueces y abogados, porque “es funcionar con un cuerpo cerrado y endogámico”. Crous y Rosario En tanto, el procurador adjunto en Narcocriminalidad, Félix Crous, consideró que “el sistema judicial ha hecho de la mala praxis su forma de obrar. Esta semana, un sector de los involucrados para cambiar esto estaremos dando un debate (27 y 28 de febrero, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires). El sistema judicial por lo general llega siempre tarde para resolver los problemas, y esto se suma a un problema previo, que es determinar el estado de sanidad de los distintos estamentos estatales respecto del delito narco”. Crous participó ayer en la entrevista de Gils Carbó con la intendenta de Rosario, Mónica Fein, y un grupo de concejales de esa ciudad, que fue evaluada por todos los participantes como “muy positiva” en términos de coordinar acciones. En declaraciones publicadas hoy por el diario La Capital, el fiscal considera que “Rosario está hoy por encima del resto del país en criminalidad. Esto surge de la información dura, los delitos, y también de la percepción de otros factores. En Rosario, hay dominio de territorio por parte del delito y degradación de la vida comunitaria. La paradoja es que los juzgados provinciales no quieren desprenderse de los homicidios o los juzgados federales no quieran tomarlos por un presunto desbalance del trabajo. Es una insensatez de los formalismos forenses”. “Vemos dificultades importantes en la dinámica del Poder Judicial en Rosario. Problemas serios para unificar las causas, dentro de la Justicia federal, y entre la Justicia local y la federal. Esto significa un problema”, añadió, en coincidencia con la reciente denuncia de fiscales federales de esa ciudad.

La batalla por la “democratización” El viceministro de Justicia, Julián Álvarez, afirmó que “no hay que pensar que los jueces son personas aisladas de la sociedad”, al tiempo que destacó que hoy se está “dando una batalla muy fuerte en uno de los tres poderes del Estado” para “democratizar la Justicia”. “Democratizar el Poder Judicial significa primero visibilizarlo y saber quiénes son nuestros jueces, qué antecedentes tienen, qué piensan. No pensemos que los jueces son personas aisladas de la sociedad. Los jueces nacieron en un barrio, tienen una educación, tienen pensamiento, ideología e ideas políticas que las aplican en sus sentencias”, sostuvo el funcionario, perteneciente a la agrupación La Cámpora, en diálogo con Télam. Álvarez explicó que es “proceso de democratización de la Justicia” se inició en el año 1983 con el regreso de la democracia, aunque subrayó que “hoy se ve muy fuerte y muy consolidado con el juzgamiento a los militares, por ejemplo”. En ese marco, el viceministro de Justicia de la Nación añadió: “Durante más de veinte años los militares no habían sido juzgados, entonces en ese punto el sistema no estaba democratizado”. “Hoy estamos dando una batalla muy fuerte en uno de los tres poderes del Estado”, subrayó, y luego puntualizó: “Tenemos muy democratizado el Poder Legislativo, porque por decisión popular se eligen a nuestros legisladores. Y tenemos muy democratizado nuestro Poder Ejecutivo, porque aparte de ser elegido por el voto popular, hay una política de inclusión fenomenal, con un abanico de derechos enorme desde el 2003 en adelante”. En tanto, remarcó que “toda la sociedad tiene que saber” quiénes son “los jueces que resuelven cosas trascendentales para todos los argentinos, desde ámbitos palaciegos y oscuros”, al tiempo que se mostró expectante por la apertura del año judicial, el encuentro por una “Justicia Legítima” y el inicio del año legislativo, a cargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.