El mensaje sobre retenciones y las atribuciones del Congreso Nacional

La Cámara de Diputados de la Nación iniciará formalmente el martes la discusión, en comisiones, del mensaje del Poder Ejecutivo que pretende lograr la ratificación de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía implantando las retenciones móviles y el programa de redistribución social y el jefe de la bancada oficialista, el santafesino Agustín Rossi, no dudó en señalar que "los diputados oficialistas van a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo que ratifica la resolución que estableció las retenciones".

No obstante, tributaristas, constitucionalistas y legisladores abrieron un intenso debate acerca de quien tiene la responsabilidad de fijar los tributos y acerca de si el Congreso debe ratificar o rechazar el mensaje del Ejecutivo o bien puede abrir el debate y a partir de allí dictar una nueva norma.

Por lo pronto, Rossi confirmó que el proyecto será debatido en un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería que preside Alberto Cantero Gutiérrez (FPV- Córdoba), y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Walter Agosto (FPV- Santa Fe), representantes de dos provincias donde es más fuerte la protesta de los chacareros por las retenciones móviles a las soja.

Una ronda de consultas de El Litoral permite afirmar que hay coincidencias en que la facultad de fijar las retenciones y el porcentaje es exclusiva del Congreso a partir del artículo 75 en su inciso 1 y todos afirman que las cámaras están facultadas para abrir el proyecto y no detenerse únicamente en una aprobación o un rechazo a la iniciativa oficial.

Por lo pronto, esta tarde, el diputado socialista santafesino Raúl Lamberto presentará en el Cámara Baja provincial un proyecto de comunicación donde solicitará que el Congreso Nacional "rechace el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que tiende a la ratificación de la resolución del Ministerio de Economía y Producción Nº 125, ya que la actitud consagraría una violación de los artículos 4, 7 y 75 inc. 1º de la Constitución Nacional".

El socialista afirmó que "la facultad de legislar en materia aduanera y establecer los derechos de importación y exportación es del Congreso nacional. Por lo tanto el Poder Legislativo no se puede limitar a ratificar una medida tomada por el Ejecutivo". El legislador provincial pidió que "el Congreso debe retomar sus atribuciones constitucionales y abocarse al tratamiento de los derechos de importación y exportación que no es una atribución del poder Ejecutivo Nacional, ni tampoco una facultad concurrente".
Claro e indubitable

Tributaristas santafesinos consultados por El Litoral optaron por pedir reserva de su nombre pero no dudaron en destacar que "hay cosas claras e indubitables" y es que la facultad de legislar en materia aduanera es del Congreso como lo indica el artículo 75 en su inciso 1) y rechazan los términos del jefe de Gabinete cuando invoca el artículo 4º para conceder las atribuciones al Ejecutivo. "Ese artículo habla del destino de los fondos" coinciden a coro los contadores y abogados consultados y se asombran de la liviandad del planteo de un jefe de la administración del Estado. Pero también reconocen que esos fondos "no son coparticipables" por ese mismo artículo 4º. En cuanto a cuándo esos tributos son confiscatorios, no hay acuerdos entre los tributarias. No obstante recuerdan que en algún fallo fue la Corte Suprema de Justicia quien habla del 33% como máximo.

De todos modos, los expertos recomiendan repasar la historia universal y recordar cuántas de las revoluciones de la historia se iniciaron por excesos en el cobro de tributos por parte del Estado como para no minimizar la cuestión.
Facultades

En cuanto a las facultades del Congreso para abrir el mensaje del Ejecutivo hay coincidencias entre el propio Lamberto, varios constitucionalistas porteños y los santafesinos de origen justicialista Danilo Kilibarda y Diego Giuliano.

"Esto no es el núcleo de coincidencias básicas del pacto de Olivos", afirmó Lamberto recordando los acuerdos que originaron la reforma constitucional de 1994. "El Congreso puede y debe hacer valer sus atribuciones en materia de derechos de exportación", afirmó el socialista. "Cuando el Ejecutivo envía el mensaje le reconoce la facultad al Congreso que ahora debe reabrir el debate".

Kilibarda también afirma que el Congreso puede abrir el mensaje y debatir incluso el nivel que debe tener la retención.

Gregorio Badeni sostuvo que "desde el momento en que se remite el proyecto de ley al Congreso, el Poder Ejecutivo está reconociendo implícitamente que los derechos de aduana debieron ser reglados por ley y no a través de una resolución ministerial. Ahora, el Congreso tiene amplia libertad para debatir el tema y adoptar la decisión que considere más conveniente: rechazar la iniciativa y debatir otra. La limitación impuesta por cómo el proyecto fue redactado por el gobierno no tiene validez alguna. Los legisladores pueden apartarse y legislar libremente de la manera que les parezca más conveniente".

Ricardo Monner Sans también cuestionó el proyecto oficial por considerar que es una burla a cómo deben constituirse las leyes. Sin embargo, considera que "a la oposición le queda discutir el monto de retenciones y resolver la discusión acerca de si el porcentaje es confiscatorio. Abierto el debate, cualquier legislador queda habilitado para presentar un proyecto propio".

Por su parte, Félix Loñ "la forma en la que el gobierno presenta el proyecto de ley es engañosa. Claro que el Poder Ejecutivo puede mandar proyectos, pero después el Congreso puede hacer lo que le plazca: puede rechazarlo, ratificarlo o plantear un proyecto distinto. Si los legisladores no aprovechan esta oportunidad corremos el riesgo de que se agrave la crisis y se va agotar una instancia fundamental de debate en la que el campo depositó esperanzas" acotó.