Alberto Fernández, el jefe de gabinete, dijo que la inflación ``es la que debe esperarse'', y poca horas más tarde que ``no existe''. El gobierno ha barrido tanta suciedad bajo la alfombra del Indec, que ésta ya muestra absurdas montañas indisimulables.
Hace pocos días en Londres, frente a economistas a los que no se les puede mentir sin pasar vergüenza, Martín Redrado admitió su ``profunda preocupación'' y se ganó el reto del presidente. El juez Canicoba Corral le ordenó ¡a la Policía Federal! que recalcule el índice de inflación y en los mentideros políticos se descuenta que Beatriz Paglieri, la interventora que impuso el secretario de Comercio Guillermo Moreno en el Indec, será reemplazada.
Condenado en su génesis al fracaso, el control de precios ya no sirve ni como distracción. En agosto, la inflación ``oficial'' fue de 0,6 % para Capital y Gran Buenos Aires; pero la canasta alimentaria según cálculos privados trepó no menos del 5 % y la inflación de las provincias llega a triplicar ese indicador en sólo un mes.
¿Es más alta la inflación en el mal llamado interior del país? Nada de eso; el gobierno nacional prevé gastar 16,4 mil millones en subsidios: a los colectivos, a las papas, a los trenes, al tomate, al pan, a los subtes... casi todo en Capital Federal, donde vive la población más rica del país.
No es que Kirchner se haya vuelto ``antiperonista'' con asistencialismo regresivo; es simplemente que la deuda pública argentina se calcula con la inflación, y que se toma el índice de Capital y Gran Buenos Aires (reprimido a 0,6 % por el dibujo y los subsidios) para evitar que se encarezcan los intereses de los pagarés (bonos) que el gobierno emitió tras el default.
Curiosamente, Roberto Lavagna había ordenado confeccionar el índice ``nacional'' en la suposición de que en las provincias -con menor poder de compra- la inflación iba a ser menor y el encarecimiento de la deuda más bajo. Pero la administración Kirchner eligió otro camino.
La estadística cayó en el descrédito, el poder de compra se enflaquece más en los sectores más postergados, el país necesita crédito internacional y no lo recupera, el gasto público se dispara por los comicios, el reprimido nivel de tarifas impide inversiones y su actualización tardía provocará un 7,6 % de inflación más.
Cristina Fernández dejó ver que convocará a una concertación económica y social. Allí, hay un diagnóstico realista para defender -tal vez- las fortalezas macroeconómicas de esta administración. El país, su economía, no dependen de una empecinada voluntad, y valen más que un comicio.





