Sergio Serrichio
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La intervención de YPF y el envío al Congreso del proyecto de ley para expropiarle a la española Repsol el 51 por ciento de las acciones de la histórica y principal petrolera del país será probablemente la medida de mayores consecuencias del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Para la vida diaria de los argentinos, hay cuestiones más urgentes, como la inflación, que ya en marzo superó con holgura la barrera del dos por ciento mensual, o el calamitoso estado del transporte público, la calidad de la educación pública y la cobertura de la política sanitaria.
Pero lejos de atacar esos problemas, que de hecho está agravando (por caso, a través de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que le permitirá a éste imprimir dinero a piacere del gobierno, avivando aún más el fuego inflacionario), el gobierno decidió “ir por todo” con YPF, consciente de que el nacionalismo energético cala hondo en el ideario y las emociones de los argentinos.
Hay varios problemas en los argumentos con que la presidenta cargó al fardo de Repsol las encrucijadas (energética, comercial, fiscal) derivadas de la insensata política energética oficial.
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El futuro de YPF
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