La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia aportó datos relacionados con la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Rosario y Santa Fe.
La semana próxima hará lo propio ante la fiscalía federal de Reconquista, sobre documentación que obra en los llamados Archivos Ideológicos de la provincia.
Por otra parte, la dependencia solicitó la reapertura de expedientes por hechos cometidos por el terrorismo de Estado que estaban paralizados desde hace más de 30 años en la ciudad.
El jueves pasado se realizaron presentaciones en distintas causas que tramitan en primera instancia del fuero federal de la ciudad de Santa Fe, y el viernes presentaciones en los Tribunales Orales N° 2 y N° 4 de Rosario.
Metodología de trabajo
Desde la Secretaría explicaron que su equipo de investigadores trabaja sobre una serie de archivos: los ideológicos, correspondientes a la Dirección General de Informaciones creada en 1966 y suprimida en 1983; los Legajos Conadep, remitidos oportunamente bajo formato digital por el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; libros policiales, relevamientos de libros de cementerios, legajos militares, expedientes judiciales, documentación administrativa provincial y municipal, documentación del Registro Civil, crónicas periodísticas y archivos particulares, entre otros.
Los investigadores estudian los archivos, cotejan distintas informaciones y fuentes, y de allí surgen los aportes que se presentan como prueba. A los que se realizaron la semana pasada deben agregarse otras presentaciones efectuadas en los últimos meses, por ejemplo en las causas Brusa y Barcos, ambas ya en el tribunal oral en la ciudad de Santa Fe.
Además de estos aportes documentales canalizados por iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia viene contestando numerosos oficios de la justicia federal que requieren información sobre víctimas del terrorismo de Estado y continúa a disposición de los requerimientos de la justicia federal y de los abogados querellantes en esta materia.





