Este año 2025, las universidades públicas argentinas atravesaron una nueva tormenta con luchas gremiales, debates parlamentarios, tensiones con el Poder Ejecutivo y una creciente advertencia por el impacto de la falta de financiamiento tanto en los claustros como en el sistema científico. Entre paros, movilizaciones y facultades con actividad interrumpida, el conflicto planteó discusiones en el Congreso y en la agenda pública en materia universitaria.
Educación superior
Otro año complejo para las universidades: 40 días de paro y tensiones por el financiamiento
Medidas de fuerza, marchas federales, una ley aprobada y vetada, reclamos judiciales y un presupuesto cuestionado marcaron un año atravesado por el conflicto salarial y el debate por el financiamiento de la universidad pública y el sistema científico.
El primer gran capítulo del año fue la ola de paros de los gremios docentes nacionales, en reclamo de soluciones al "desfinanciamiento" universitario y de una recomposición salarial. Los sindicatos denunciaron que la falta de un presupuesto claro para 2025, y la prórroga de partidas por segundo año consecutivo, arrastraban a las casas de altos estudios a una situación crítica. Lo mismo señalaron en reiteradas oportunidades desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En total, el gremio nacional docente universitario Conadu Histórica (que tiene como entidad de base en la región a Adul en la UNL) llevó adelante 40 días de paro a lo largo del año, incluidos un par de períodos de semanas completas. Esta situación provocó exámenes reprogramados y clases suspendidas, con impactos diferentes según el profesor y la facultad de que se trate.
Financiamiento y marchas
Avanzado el año, en junio, se multiplicaron las movilizaciones en apoyo a un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario presentado por rectores y respaldado por sectores del arco político opositor. La intención era lograr una previsibilidad presupuestaria que terminara con el limbo en el que estaban sumidas las casas de altos estudios. En 2024 también había habido un intento similar, pero fue vetado por el presidente Javier Milei.
Institucionalmente, el 2 de junio los rectores de las universidades nacionales públicas con presencia en territorio provincial -Enrique Mammarella (ahora ex rector de UNL), Franco Bartolacci (UNR), la vicerrectora María Cecilia Gutiérrez (UNRaf) y el por entonces decano de la UTN Santa Fe, Eduardo Donnet- presentaron ante legisladores nacionales por Santa Fe el proyecto de ley de financiamiento universitario para pedir su apoyo. El encuentro se realizó en el recinto del Consejo Superior de la UNL, en la ciudad de Santa Fe.
Luego, en todas las ciudades del país donde existen universidades nacionales se llevó a cabo una nueva manifestación federal el 26 de junio, en reclamo de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo proyecto había sido presentado en el Congreso el 28 de mayo.
La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo la actualización mensual por inflación de los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias.
Vetos y un Congreso en tensión
A mediados de agosto de 2025, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. Luego, el Senado convirtió ese proyecto en ley con una votación mayoritaria, sancionándolo formalmente y enviándolo al Poder Ejecutivo para su promulgación.
A partir de septiembre, la disputa entre la comunidad universitaria y el Gobierno de Milei tomó aún más carácter político nacional. El presidente vetó la ley el 10 de septiembre, argumentando que carecía de financiamiento concreto y podía desbalancear las cuentas públicas. La decisión provocó una reacción en masa: más paros y otra marcha federal el 17 de septiembre, que en la ciudad de Santa Fe fue multitudinaria. Mientras se realizaba esa movilización, la Cámara de Diputados rechazaba el veto y lo propio hizo el Senado el 2 de octubre, por lo que la ley quedó vigente tras el proceso parlamentario.
En este contexto, las huelgas docentes y las protestas estudiantiles -a menudo conjuntas con otros sectores como salud o educación- marcaron un punto de inflexión. La gratuidad y la autonomía de la universidad pública quedaron en discusión porque, a pesar del rechazo al veto, el Gobierno devolvió la pelota a la cancha legislativa: condicionó la aplicación de la ley y alegó la falta de definición sobre cómo financiarla dentro del presupuesto general.
A la Justicia y al debate presupuestario
Frente a esta situación, las universidades públicas acudieron a la Justicia para exigir el cumplimiento de la ley, reclamando que se garanticen los fondos necesarios para su aplicación. Días antes de Navidad, la Justicia Federal hizo lugar al amparo presentado por el CIN para que se cumplan los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que el Gobierno debería enviar los recursos que permitan actualizar y recomponer los salarios de docentes y no docentes, así como el monto de las becas estudiantiles.
Sin embargo, la pulseada política no termina. En el debate del Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados había logrado eliminar el cuestionado capítulo 11, que contemplaba la derogación de las leyes de financiamiento educativo universitario y de la emergencia en discapacidad.
En el Senado, en cambio, este viernes 26 de diciembre, el foco del debate se trasladó al artículo 30, cuestionado por sectores de la oposición por eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) -establecidos en leyes vigentes- y otorgar al Poder Ejecutivo mayor discrecionalidad sobre la asignación de recursos en áreas estratégicas, que pueden quedar sujetas a decisiones políticas coyunturales y sin mecanismos de protección presupuestaria. No obstante, el oficialismo también logró la aprobación de ese punto polémico.
Una mujer al frente de la UNL
En medio de este escenario, en diciembre, por primera vez en más de un siglo, la Universidad Nacional del Litoral decidió que su futuro tenga una conducción encabezada por una mujer. Laura Tarabella fue elegida rectora. También hubo recambio de decano en la UTN Facultad Regional Santa Fe, donde Alejandro Tóffolo asumió como nuevo decano. Ambos expresaron el desafío que representará el 2026, que promete ser nuevamente complejo en materia universitaria.
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