Los altos puntajes registrados por aspirantes a residencias médicas encendieron una alarma en el Ministerio de Salud. La denuncia por fraude en el examen de ingreso reflotó tensiones en el sistema de salud pública nacional y abrió un nuevo frente de polémica en torno al mérito, la equidad y la formación profesional.
Médicos en observación
Residentes bajo sospecha: denunciaron fraude masivo en el examen de ingreso al sistema de salud nacional
El gobierno nacional anuló el orden de mérito de los aspirantes, convocó a repetir la evaluación y abrió una investigación en Migraciones. Universidades extranjeras en el centro de la polémica. El cambio en el régimen como telón de fondo.
El pasado martes 1 de julio, más de 10 mil aspirantes rindieron el Examen Único de Residencias en 28 sedes del país. Tres semanas después, al publicarse los resultados, el Ministerio de Salud puso el foco en quienes quedaron en primeros puestos.
La alarma se encendió por un patrón estadístico inusual: notas mayores a 90 puntos (muy por encima del promedio) de jóvenes extranjeros formados en universidades del exterior que históricamente no superan la mitad del ranking.
De todas formas, las inconsistencias no se limitaron a los orígenes académicos. Muchos de los rendimientos eran incongruentes incluso con el promedio de carrera de los mismos aspirantes, y, sobre todo, con los exámenes que rindieron en otras instituciones días antes, como en el caso del Hospital Británico.
Ante este escenario, la cartera sanitaria activó una auditoría interna, cruzó datos y recibió, además, una denuncia formal firmada por un grupo de postulantes canalizada a través de la Universidad de Buenos Aires. La presentación advertía sobre posibles irregularidades en la toma del examen nacional.
Suspensión y nuevo examen
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el gobierno nacional decidió suspender el orden de mérito y convocar a un nuevo examen. La medida alcanza a los 268 postulantes que obtuvieron 86 puntos o más y cuyos desempeños fueron considerados sospechosos.
Según explicó este jueves Adorni en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, “el análisis técnico reveló un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales, que obligaron a revisar el proceso completo”. Sostuvo que en el examen “aparecen notas sospechosas”, con puntajes “mayores a 90”, obtenidos por estudiantes recibidos en universidades extranjeras, “cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos”. "Usualmente, un diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires obtiene entre 80 y 90 puntos en el examen", agregó el vocero.
El nuevo examen —cuya fecha será anunciada por el Ministerio de Salud— será exclusivamente para este grupo de 268 postulantes y se realizará antes del 1 de septiembre, fecha en que está previsto el inicio de las residencias, de acuerdo a lo informado.
"Este gobierno trabajó para garantizar una salud pública de calidad y defiende el mérito como principio rector. Queremos a los mejores profesionales, no a los que quieren avanzar mediante trampas. Por eso vamos a ir a fondo contra quienes buscaron sacar ventaja en el marco de los cambios que se están impulsando desde el ministerio. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, cerró Adorni.
Nacionalidades en la mira
En esa línea, el vocero confirmó que la Dirección Nacional de Migraciones comenzó a cruzar la documentación de los inscriptos, especialmente para verificar si hubo irregularidades en la tramitación del DNI argentino por parte de médicos extranjeros.
Esta decisión se debe, según explicó Adorni, a que 149 de los 268 aspirantes tienen títulos emitidos por universidades extranjeras, mientras que solo 119 provienen de instituciones argentinas.
Entre los 2.833 extranjeros que rindieron también atrajo la atención: Ecuador lideró con 1.045 postulantes, seguido por Colombia (787), Bolivia (383), Brasil (312), Venezuela (114) y Perú (61).
Las sospechas sobre los exámenes apuntaron principalmente a egresados de universidades como la Técnica de Manabí, Eloy Alfaro o la Universidad Católica de Guayaquil que quedaron entre los primeros 27 lugares.
Adorni se refirió a esta situación a la que calificó como “llamativa”, ya que ocurre en el mismo año en que el Ministerio de Salud de la Nación decidió beneficiar cinco puntos adicionales para egresados de universidades argentinas.
“Es llamativo que esto ocurra justo el año en que corregimos esa injusticia que perjudicaba a los médicos formados en universidades argentinas por sobre quiénes lo hicieron en las universidades extranjeras”, manifestó.
Reforma y críticas
El escándalo estalló en un contexto ya cargado de tensión dentro del sistema. Semanas atrás, el Gobierno había oficializado una reforma estructural al régimen de residencias: dejarían de ser consideradas una relación laboral y pasarían a ser estipendios formativos, es decir, becas.
Desde su creación en 1944 por el Dr. Tiburcio Padilla, el sistema de residencias médicas fue considerado el pilar de la formación de especialistas en Argentina. El modelo —formalizado en la Ley 22.127— combina el aprendizaje en servicio con exigencias académicas, y es considerado uno de los mejores de América Latina.
La administración libertaria, de la mano del ministro Mario Lugones, dispuso mediante la resolución 2109/25 eliminar la figura del salario en blanco, con obra social, aguinaldo y aportes previsionales. A cambio, se introdujeron dos modalidades: la Beca Ministerio (con aportes y cobertura) y la Beca Institución (sin aportes previsionales pero con posibilidad de adicionales).
La decisión fue duramente cuestionada por residentes de hospitales como el Garrahan, que vienen encabezando el reclamo salarial en el centro pediátrico más grande del país. “Dejaremos de cobrar un sueldo en blanco para recibir un estipendio, sin obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias ni antigüedad en el hospital. No es salario, es pérdida de los derechos laborales”, habían expresado en una carta pública de reclamo.
El Ministerio, por su parte, remarcó que la transformación apunta a recuperar el rol rector del Estado en términos pedagógicos y normativos, sin asumir obligaciones laborales. Pero el conflicto sobre la línea entre formación y explotación aún no está resuelto.
Mientras tanto, el examen, su suspensión y los cambios en el régimen, impactan en el sistema de salud que espera la incorporación de residentes, afectando a la programación de los recursos humanos en los hospitales del país.
Según los datos oficiales aportados por la cartera sanitaria, en el llamado 2025 se inscribieron 7.687 aspirantes para cubrir 3.390 vacantes. La mayoría corresponden a residencias básicas, pero también hay cupos en subespecialidades que requieren una rápida incorporación, especialmente en el sector público.
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