Tercer comicio del año en Santa Fe

De la redacción de El Litoral

“Que se vayan todos” fue una de las consignas en 2001. Aquella expresión que reflejó el sentimiento de repudio a la falta de respuestas políticas, no se podía sostener en la paradoja del vacío institucional; desde entonces la dirigencia debatió la manera de renovarse en medio de la “crisis de representación”.

En la provincia, la boleta única y la supresión de la ley de Lemas constituyó la respuesta, que incluyó las primarias del 22 de mayo y el comicio general del 24 de julio.

Para las categorías nacionales electorales, el justicialismo suspendió las “internas abiertas” que se sancionaran durante la presidencia de Eduardo Duhalde, pero “rumió” un nuevo sistema electoral tras la derrota del kirchnerismo en 2009.

Ahora, vienen las primarias abiertas y obligatorias, que anteceden a la elección general del 23 de octubre. Ese día quedará definida la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación que se renueva en esta instancia, y un tercio del Senado nacional, aunque no es el turno de Santa Fe en esta categoría electoral.

Ésta será la “cuarta del año” para los santafesinos. Si en la categoría presidencial no hay un ganador que obtenga 45 % de los votos, o 40 % de ellos más una diferencia de 10 % sobre su inmediato perseguidor -tal como lo exige la Constitución-, entonces habrá segunda vuelta presidencial el 20 de noviembre, lo que supondrá la quinta convocatoria a los electores santafesinos.

La ley vigente

El 2 de diciembre de 2009, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.571 cuyo título genérico es: Partidos políticos, democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, que modifica la ley orgánica de partidos políticos, establece el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para seleccionar candidatos.

El Poder Ejecutivo reglamentó el régimen a través del Decreto número 443/2011, que entre otras cosas, habilitó el uso del color en las boletas. Además, estableció las obligaciones de las juntas electorales de las agrupaciones políticas y fijó la competencia de los juzgados electorales.

La primera parte del texto actualiza la normativa sobre los partidos políticos; la segunda es la que establece las primarias. En la tercera parte de la ley, se establecen las características de la campaña electoral, que se debe iniciar 30 días antes de la fecha del comicio y la publicidad desde 20 días antes de la fecha hasta 48 horas anteriores al acto.

Candidatos en busca del piso

La provincia de Santa Fe, cuarto distrito electoral del país, tiene 2.438.983 ciudadanos habilitados para votar, lo que representa el 8,5 por ciento del padrón nacional.

En caso de repetirse la asistencia promedio del 75 por ciento del padrón en los comicios, las listas de diputados requerirían unos 28 mil votos para competir en las elecciones generales del 23 de octubre, dado que se necesita el 1,5 % de los sufragios válidos emitidos para quedar habilitado a participar en la próxima instancia.

Santa Fe renovará en octubre a 10 de sus 19 diputados nacionales. Los que terminan sus mandatos en diciembre son Gustavo Marconato, Paulina Fiol y Alejandro Rossi (Frente para la Victoria); Miguel Ángel Barrios y Mónica Fein (Socialismo); Walter Agosto y Jorge Obeid (Peronismo Federal); Fabián Peralta (GEN); Susana García (CC); y Verónica Benas (Interbloque Proyecto Sur).

Lugares

En el 90 % de los casos, el lugar de votación será el mismo que en los comicios provinciales. Pero no todo será igual; vale la pena consultar en el sitio www.padron.gov.ar. La elección es obligatoria según la norma vigente; el juez electoral con competencia electoral, Reynaldo Rodríguez, pidió cumplir con esa responsabilidad pero aclaró que quien no concurra el domingo, podrá votar el 23 de octubre en el comicio general.

En deuda

De Narváez ganó Buenos Aires en 2009, con fuerte inversión en publicidad. Desde entonces, el kirchnerismo “reflotó” la idea de democratizar la propaganda electoral distribuyendo espacios en los medios por imperio de la ley, cosa que hoy está vigente. La norma crea además un régimen y registros de financiamiento de partidos y campañas; la rendición de cuentas es aún materia pendiente en la Argentina institucional.