Juego a fondo
Por Teresa Pandolfo
Esta semana llegaron a la Legislatura dos proyectos importantes.
Uno relacionado con la titularización de 14.800 cargos docentes pertenecientes a los niveles primario y medio y de otros 1.200 no docentes, propiciado desde el Poder Ejecutivo. El segundo tuvo su origen en el bloque del Partido Demócrata Progresista y propicia la reforma de la Constitución provincial.
El mensaje de Ejecutivo significa que unos 16.000 agentes, a partir de que se sancione la ley, tendrán estabilidad funcional. En una época como la presente, desde una arista de análisis, significa para los comprendidos una disposición esperada, dentro de aquellas que se sindican como de contenido social. Seguramente la medida apunta a solucionar situaciones de larga data y, según lo manifestado por las autoridades de esa cartera, no implicará más gasto para el Tesoro provincial.
Días atrás, también el MEC dio a conocer el resultado de las auditorías efectuadas en los comedores escolares. Todo lo que apunte a la disciplina del sistema parecería ser lo correcto.
Educación es la cartera con mayor asignación de recursos dentro de la administración y, desde ese ángulo, debe ser ponderado todo esfuerzo que implique un adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles. Pero fundamentalmente todos los recursos deben estar orientados a lograr la calidad de nuestra educación.
Pero no podemos estar orgullosos de la educación santafesina, con o sin comparación respecto de lo que sucede en otras provincias. Todo lo contrario.
Lo que ocurre en las escuelas oficiales, ubicadas en zonas marginales, es altamente lamentable y denota una falta grande de control.
Organizaciones que trabajan con estas familias lo han señalado en reiteradas ocasiones y esta periodista fue invitada a observar algunos trabajos, que revelaron carencias severas, en la Escuela de Verano del Movimiento Los Sin Techo. Alguna vez lo dijimos: estos chicos -de hasta 14 años- tenían dificultades con las operaciones básicas de la matemática y para escribir una oración simple con sentido.
Desde la otra punta del arco, desde la Universidad, también se lo puso en evidencia. El 40 por ciento de los jóvenes que deseaban ingresar a la UNL no pudieron superar las seis instancias de prueba. Problemas en Lengua con comprensión de textos; en Matemática, se observaron dificultades para entender los enunciados de los problemas; en Ciencias Sociales se detectaron problemas de pobreza y falta de organización del lenguaje, tanto en la expresión escrita como en la oral.
Entonces, ¿hacia dónde vamos? La preocupación no pasa por la arista económica-presupuestaria. Está bien que Juan Carlos Mercier se preocupe por insistir en cómo se gastan los recursos que aportan todos los santafesinos; es su función. Pero la cartera educativa, además, tiene la misión de asegurar una calidad de educación. ¿Alguien controla la calidad de los cursos destinados a docentes a los que se les otorga puntaje?, por ejemplo. ¿Por qué no se privilegian aquellos que están directamente vinculados con la currícula?
Se sabe que es difícil abordar el tema educativo en una provincia con realidades sociales tan distintas y por la complejidad del momento económico por el que atraviesan las familias. Si decimos que los fondos destinados a educación constituyen una inversión y no un gasto; entonces obremos en consecuencia.
Volvamos al principio de esta nota: son necesarios los comedores escolares en este momento de la vida nacional; también la solución a las demoras en la titularización de los cargos. Pero el MEC tiene una estructura muy estratificada de funciones como para no poder controlar la educación que se imparte y producir las modificaciones que se consideren necesarias.
La mejor herencia que el gobierno de Carlos Reutemann puede dejar a esta generación de chicos en edad escolar es una mejor calidad del aprendizaje: salir de una etapa preparados para la siguiente.
Todo gabinete sabe que la capacitación es la única herramienta válida para procurar un trabajo; no para encarar un destino, porque para esto deben converger otros factores también. Sin embargo, no se observa en el MEC la misma disposición para perseguir el objetivo apuntado.
Los padres deberían comenzar a exigirlo y hacer públicas, sin temor y sí con patriotismo, las situaciones que se dan en las escuelas. Deberían ser conscientes de que con su omisión, están hipotecando el futuro muy cercano de los chicos y la provincia desperdiciando una enorme cantidad de recursos.
Contrariamente a lo que muchos dirigentes opinan, la experiencia de Córdoba -con la consulta popular- confirmó que su población consideró que era el momento de producir una reforma de la Constitución cordobesa.
En Santa Fe, entre la dirigencia, las aguas están divididas. El PDP se expresó a favor de reformar algunos ítems. En el radicalismo, el sector que le responde a Horacio Usandizaga apoya la iniciativa de un Poder Legislativo con una sola cámara; en tanto en su arco opositor -entre celestes y lista Naranja- se han escuchado voces en contrario. En el peronismo no se observa voluntad para una asamblea constituyente.
Esta periodista cree que sí es el momento de una reforma constitucional porque la sociedad está demandando que se perfeccione el funcionamiento de las instituciones políticas.
Una modificación constitucional no puede llevarse adelante para bajar los gastos políticos. Eso es un absurdo. Pero sí para que se perfeccione la selección de jueces, el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto; para que se consideren formas más modernas de representación política en el Poder Legislativo; para que se analice la periodicidad de los mandatos: ¿por qué no tener el Ejecutivo una reelección y si esta franquicia corre para otros cargos? Es la oportunidad de observar a fondo el sistema municipal y sus realidades actuales y de reelaborar los regímenes laborales en el Estado.
Los santafesinos no tendríamos el derecho de protestar sobre las cargas fiscales -que son altas- si no tenemos el valor de abordar cuáles son los problemas que tiene el Estado santafesino en su relación con los ciudadanos y procurar sus enmiendas. ¿Por qué no hacer más eficiente el funcionamiento de los poderes del Estado? ¿Por qué no darle al gobierno las herramientas para que pueda cumplir mejor con las competencias que le son inherentes?
No se entiende la negativa de abordar la reforma de la Constitución. Precisamente, es en épocas de crisis profunda cuando aparece el escenario más propicio para el debate y las oportunidades para revertir los defectos y lacras del sistema. Hasta que no se toca fondo, muchas veces las situaciones no están maduras para comprender el cambio.
Sólo la comprobación de que la dirigencia está alejada del pueblo, puede llevar a pensar que la ciudadanía no quiere procurar las soluciones al sistema. Un dato cierto fue la Declaración de Santa Fe que en su momento firmaron más de medio centenar de instituciones de la provincia.
El mes de enero sería una buena oportunidad para una convención reformadora. La Legislatura está en receso y la actividad política merma. No es una cuestión de buscar el tiempo; es de ver las cosas con prospectiva y poner en obra el poder de decisión.