La Cámara de Diputados fue el cuerpo elegido por el gobernador Jorge Obeid como destinatario primero del mensaje que regulará a futuro la prestación del servicio de energía eléctrica en la provincia y derogar, entre otras, la ley N° 11.727, que permitía la concesión a un privado de la prestación del servicio.

"Queremos lograr un amplio consenso sobre el proyecto y no simplemente aplicar los números", explicó Ariel Dalla Fontana, uno de los diputados con llegada directa al despacho de Obeid.

Ocho bloques políticos, varios de ellos con pronunciadas diferencias internas, conforman un panorama político difícil para armonizar leyes. No obstante, la actual conformación de la Cámara Baja tiene una amplia coincidencia en mantener la EPE como empresa estatal. Restará saber en la lectura fina del texto si todos están de acuerdo con la figura elegida por el Ejecutivo, la de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, "la que tendrá en forma inalienable, mayoría estatal en su composición accionaria, autorizándose al Poder Ejecutivo a constituirla e integrarla con una participación accionaria del 99% de propiedad de la provincia con carácter intransferible y del 1% de los trabajadores". En principio Marcelo Brignoni (Encuentro Popular) ya expresó las primeras diferencias.

Mientras se abre la discusión, el oficialismo se muestra permeable a ofrecer información sobre los últimos años de gestión en la EPE y en la última sesión, tras el paso respectivo por las comisiones, le dio luz verde a cuatro pedidos de informes del socialista Alfredo Cecchi, mientras que una cantidad similar espera un pronto despacho de Asuntos Constitucionales. En cambio, entiende que no hay razones para conformar la comisión investigadora propiciada por el socialismo.

El mensaje remitido a Diputados tendría el guiño de Carlos Reutemann y el compromiso de que los diputados del sector no podrán palos en la rueda. Es más, algunos de ellos fueron consultados al momento de redactar el mensaje. "Hay artículos interesantes y rescatables de la N° 11.727", dijo uno de ellos y no son pocos los que se repiten en el mensaje del Ejecutivo.

Brignoni insistió esta semana en que el Banco Mundial exige la privatización de la EPE para desembolsar el tercer tramo del convenio de préstamo acordado en el 2001.

"La nueva intención del gobierno de Santa Fe es avanzar con la transformación pero en el marco de una sociedad anónima con participación mayoritaria temporal del sector público, para poder incorporar recursos necesarios para la ampliación de la red de transporte y emprender acciones de generación de energía, mediante el proceso de capitalización. La interpretación preliminar del Banco Mundial es que la propuesta presentada no alcanza a cumplir con el plan de acción acordado en 2001, ni con la enmienda de 2003". El legislador asevera que así se lo informaron desde la oficina Buenos Aires de la entidad.

Al lado de Obeid hay tranquilidad sobre el tema. Aclaran que el "Banco Mundial no quiere que utilicemos el crédito para subsidiar tarifas". Entienden, además, que la figura elegida la hará tener la suficiente autonomía financiera como para que no haya aportes del Tesoro.

En las próximas semanas, autoridades de la EPE, sindicalistas, cooperativistas, y usuarios pasarán por las comisiones de Diputados para expresar sus opiniones sobre el proyecto.

El espanto ante la figura de la vigente ley serviría como catalizador para encontrar un camino. Además, parece estar claro que cuando el tema llegue al recinto a mediados de año, no habrá hostilidad sindical ni pirotécnica como a fines de 1999 cuando se votó, contra viento y marea y con un guiño del usandizaguismo el camino privatista que ahora empieza a desandarse.

Sobre la figura elegida por el Poder Ejecutivo para la Epe, el diputado opositor Marcelo Brignoni ya marcó algunas diferencias. "En primer lugar, una sociedad anónima se rige por la ley N° 19.550, la misma que regula a cualquier sociedad anónima privada, y el carácter de `mayoría estatal en su composición accionaria' es sólo una tipología de esa norma, sobre la que sobrevuela el antecedente del Banco Provincial de Santa Fe".

Entiende, además, que "si fuese cierto el compromiso de mantenerla en la órbita estatal, el gobierno provincial debería haber elaborado un proyecto encuadrado en la ley N° 20.705 de Sociedades del Estado, que en su artículo 3º dice textualmente `en ningún caso las sociedades del Estado podrán transformarse en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria ni admitir, bajo cualquier modalidad, la incorporación a su capital de capitales privados"'.