Dirigentes de la oposición insisten en cuestionar cómo se realizó el proceso de concesión de agua y cloacas en las provincias y apoyan la posible municipalización del servicio si se concreta la salida de Aguas Provinciales de Santa Fe.

El diputado socialista Raúl Lamberto afirmó que "el agua no debió convertirse en un objeto de mercado" como ocurrió en Santa Fe en 1995 y aseguró que "no se tendría que haber llevado a cabo en pueblos tan empobrecidos como los nuestros". En tanto, el radical Hugo Storero emparentó en el proceso al "mejor alumno del menemismo, Carlos Reutemann".

Sostiene Lamberto que "los contratos públicos se firman para ser cumplidos, y en este caso hubo sucesivas modificaciones contractuales que fueron generando una relación entre lo público y lo privado que hizo perder el sentido de autoridad que debe tener el concedente. El control debe ejercerse y debe realizarse a través de órganos independientes del poder concedente y no ser una variante del destino de la concesión, en este caso el Enress cumplió esa función".

El legislador socialista dijo que "en diez años nunca se pensó en el usuario, ni siquiera se tomaron los recaudos que determina el sentido común".

Storero, por su parte, juzgó a la concesión como un "muy mal negocio en la historia de la provincia" y responsabilizó al ex gobernador Reutemann por haberlo impulsado.

"Los mismos que hoy se rajan las vestiduras y se preparan para la huida pretendiendo re-estatizar la empresa son quienes, en ese momento, eran los principales impulsores de las privatizaciones de los servicios públicos a las empresas extranjeras, mientras la gente y la oposición les intentaba hacer ver lo que después ocurrió: altas tarifas y ausencia de inversiones como parte de un pingüe negocio para los capitales extranjeros. Ellos son los verdaderos responsables del actual estado de cosas", afirmó.

Entendió además que "Aguas Provinciales no puede retirarse sin hacerse cargo comercial y jurídicamente de sus incumplimientos contractuales. Si Aguas quiere irse, debe pagar hasta el último centavo de indemnización por las obras en las que no invirtió".

Acerca del futuro del servicio, Storero dijo no dudar "que las municipalidades están preparadas para afrontar el desafío de hacer bien lo que durante los años '90 se hizo mal".