Parafraseando una conocida proposición en torno de Carlos Marx, se podría decir que la seguridad es un tema del que todos hablan, muy pocos conocen y muchos menos han estudiado.

Sirva esa paráfrasis para señalar que desde hace ya varios años, la problemática de la seguridad, instalada como preocupación de grandes sectores de la sociedad, ha sido materia de análisis y opinión de especialistas en diversas materias (criminalistas, penalistas, psicólogos, expertos en seguridad, y otros), así como de ciudadanos comunes que se expresan a través de distintos medios. En todas las opiniones, las de los expertos y las de los legos, hay una primera y significativa coincidencia: la seguridad no es un problema que se solucione con la sola intervención policial.

Es obvio que si esa intervención es más o menos eficiente, la sensación de seguridad se acrecienta o disminuye, lo que no significa por sí que el delito crezca o retroceda.

La problemática de las causas del aumento del delito es amplia y tan diversa como plurales son los espacios estatales y comunitarios de abordaje y resolución de las mismas.

Con la modificación drástica del paradigma de la modernidad y la caída estrepitosa de los valores que, por más de tres siglos, lo sostuvieron, la seguridad, entendida históricamente como el clima social en el que se desenvuelve la actividad humana, se ha convertido en un valor a lograr y sostener. Esto quiere decir que un estado del ambiente, que durante siglos fue garantizado por el contrato político suscripto entre los ciudadanos, se ha transformado en un bien a construir y defender.

La diferencia no es menor. Y no lo es, especialmente, al momento de opinar, analizar o polemizar en torno de ella.

Ello no implica que cada uno no pueda opinar desde donde crea que aporta o pueda quejarse, como hace la ciudadanía, demandando no sólo más policía en sus barrios, sino también, iluminación, desmalezamiento, servicios básicos o educación, a la hora de pedir mayor seguridad.

Ignorar esta realidad es por lo menos infantil y reduccionista, y supone centrar la problemática en un solo efector estatal, la policía, cuando, en el fondo de la cuestión, la centralidad subyacente reside, en primer lugar, en el modelo de disvalores que caracteriza nuestro tiempo y, en segundo lugar, en un modelo socio-económico que ha condenado no sólo a la pobreza y la marginación a vastos sectores de la población sino que, también, ha introducido formas de supervivencia salvaje entre esos mismos y castigados sectores.

El viernes 15 de abril, el Dr. Carlos Iparraguirre, político, ex concejal de la ciudad de Santa Fe, ex diputado nacional por la provincia y referente de un sector de la Unión Cívica Radical, publicó en los dos diarios de mayor presencia en el territorio provincial, La Capital de Rosario y El Litoral de Santa Fe, un artículo en el que habla acerca de la seguridad pública en nuestra provincia.

Basado en supuestas estadísticas nacionales, intenta mostrar la realidad del delito en la ciudad de Santa Fe. Y se equivoca. Todas las estadísticas realizadas en la Argentina se hacen a partir de denuncias efectuadas a la policía. Por lo tanto, todos los hechos criminales que se cometan que no sean denunciados (por innumerables razones, por ejemplo, escasa importancia económica de lo perdido, pérdida de tiempo, creencia en la ineficacia de la policía para resolver el problema, etc.), no integran la estadística habitual. Ergo, cualquier iniciado en la materia sabe que sin encuestas de victimización, toda opinión fundada en estadísticas policiales es relativa a la hora de formular políticas. Sin embargo, en algún tipo de delitos, las cifras de los hechos suelen coincidir con las estadísticas, tales los casos de homicidio -por la existencia del cadáver-, robos a bancos -por los seguros-, robos a mano armada -por la impresión que causa en la víctima-, etc. En estos hechos, en nuestra provincia como en el resto del país, la tendencia general es a la disminución. Sin perjuicio de que se mantengan altos los niveles de violencia callejera (hurtos, arrebatos, vandalismo, robos de bienes públicos, etc.), por lo cual no hay de qué enorgullecerse.

En consecuencia, se puede hablar de números en negro del delito que pueden desbordar con holgura las cifras de las estadísticas o pueden ser menores, si se atiende también al fenómeno de las denuncias falsas. (Tómese como ejemplo de falsa denuncia, gran cantidad de casos de piratería del asfalto que, luego de ser investigados, se comprobó que habían sido autorrobos.)

Pero también es cierta la afirmación de que hay delitos que pueden disminuir por la tarea de prevención policial, y que hay otros, sobre todo los del ámbito de la vida privada de los ciudadanos, sobre los cuales no hay manera legal de actuar preventivamente: los homicidios en la ciudad de Santa Fe, a los que alude Iparraguirre, se producen, en su gran mayoría, en el ámbito de las circunstancias de la vida privada de las personas, pudiendo estar éstas vinculadas o no con el mundo del delito.

Esa afirmación no supone que la vida de estas personas muertas por disputas de la más diversa índole sea más o menos valiosa que cualquier otra vida humana.

Expresa los límites del accionar policial y delimita responsabilidades; prueba de ello es que en la ciudad de Rosario en lo que va del año, los homicidios llegan a 41 contra 27 de igual período del año anterior. En Santa Fe por el contrario, la cifra asciende a 24 contra 34 del año pasado. Ni el aumento en Rosario ni la disminución en Santa Fe son imputables a la policía o a la acción del subsecretario de Seguridad Pública. En tal caso que de los 24 cometidos en nuestra ciudad, 22 hayan sido esclarecidos sí habla de eficacia policial. Lo reprochable directamente, prima facie, a las fuerzas de seguridad es el homicidio en ocasión de robo (por su comisión en ámbitos públicos) que en Santa Fe se mantiene en la media nacional y muy por debajo de la latinoamericana.

En el artículo citado, Iparraguirre pone en jaque mi permanencia en el cargo de subsecretario de Seguridad Pública por un hecho de mi vida privada en el cual vi comprometida mi seguridad y la de mi familia. Hecho por el que la justicia ha dictado falta de mérito y que seguirá los pasos que la misma considere oportunos. Con otra vara mide y defiende la situación de dos periodistas procesados por el delito de intento de extorsión, con procesamiento en firme sostenido por la Cámara de Apelaciones, de cuya objetividad no puede dudarse, y entre sus integrantes se encuentra un experto en la temática que nos ocupa, que, por lo que sé, no ha votado en disidencia.

Coincidentemente con la publicación del artículo de referencia, la ciudad de Santa Fe apareció los últimos días ornamentada con los pasacalles que promueven la candidatura, nuevamente, a diputado nacional, del autor del mismo. (Dicho sea de paso, el colgar pasacalles en la vía pública es una falta penada por el Código de Faltas.)

Si el abogado Iparraguirre, cuya especialidad profesional desconozco, escribió el artículo desde una perspectiva técnica científica, lo hizo de manera simplista y reduccionista de un tema que asuela a las sociedades urbanas contemporáneas en su conjunto, al suponer que una persona, en este caso un subsecretario de Seguridad Pública, y una institución, la Policía, pueden, por sí, resolver uno de los problemas más complejos de nuestro tiempo.

En realidad, creo que lo hizo como parte de sus legítimas aspiraciones políticas y en el marco del lanzamiento de su campaña para ser candidato a diputado nacional en las elecciones de este año, en cuyo caso, habría que recordarle al Dr. Iparraguirre que él viene detentando cargos políticos tanto en la oposición (local) como en el oficialismo (nacional, durante el gobierno del Dr. De la Rúa) y que alguna responsabilidad en el agravamiento que plantea del problema de la seguridad también tiene.