La capital de España iba a ser escenario hoy de una multitudinaria manifestación -según preveían las organizaciones convocantes-, en la que participarían algunos obispos y dirigentes de la derecha española, para protestar contra el proyecto de reforma de la educación del gobierno socialista, que considera optativa la enseñanza de la religión católica.

Los organizadores, una decena de asociaciones de padres de alumnos y de maestros del ambiente católico o conservador, alquilaron más de 500 autobuses, fletaron dos aviones y esperaban la presencia de un millón de participantes en el centro de la capital.

La movilización es una nueva prueba para el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, sometido a una oposición sin cuartel de la derecha en todos los frentes y que vive un sensible retroceso en los sondeos desde hace algunas semanas.

El líder de la oposición conservadora, el presidente del Partido Popular (PP) Mariano Rajoy, y la Conferencia episcopal española llamaron a participar en la marcha que empezará a las 17.

Casi todo el estado mayor del PP anunció su presencia. Varios obispos españoles también anticiparon que se manifestarían en la calle por segunda vez desde la manifestación contra la legalización del matrimonio homosexual que congregó a centenas de miles de personas en Madrid en junio pasado.

A pesar de una visita discreta -pero filtrada- de su vicepresidenta el jueves al Vaticano, el gobierno no pudo impedir este nuevo pulso con los obispos españoles, muy combativos contra las reformas de la sociedad.

Los organizadores de la manifestación exigen el retiro del proyecto de ley orgánico de la educación (LOE) adoptado en julio y que debe ser próximamente debatido en el Parlamento.

Juzgado "estatal, inconstitucional y doctrinario" por la poderosa Confederación católica nacional de los padres de alumnos (Concapa), el proyecto de ley criticado aboga sobre todo por una reforma del gobierno Aznar que implantaba la enseñanza de la religión católica como materia obligatoria para el paso a la universidad.

Esta ley fue congelada desde su llegada al poder en marzo del 2004 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, cuya reforma prevé que "la enseñanza católica será obligatoria para los centros educativos pero voluntaria para los alumnos".

Los alumnos pueden elegir entre la religión católica y un nuevo curso de instrucción cívica, calificada por el PP de "cursos de ideología".

Entre otras críticas, los contestatarios reprochan también al gobierno la introducción de cuotas de plazas reservadas a los niños con dificultades -especialmente hijos de inmigrantes- en las escuelas privadas financiadas por el gobierno.

La vicepresidenta y portavoz del gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, rechazó airadamente el viernes que este proyecto atente contra la libertad de los padres de alumnos. "Los padres que quieran que sus hijos estudien religión tendrán ese derecho garantizado, y los otros no. Nadie de buena fe puede protestar. Lo que no es razonable, es que algunos intenten imponer a otros su voluntad", afirmó.