Esta semana, el Gobierno Nacional ha lanzado un shock de medidas tendientes a mantener bajo control la creciente escalada en los precios. Las mismas, incluyen la reducción de la doble indemnización por despido (del 180 al 150%), un proyecto que establezca nuevas normas en cuanto a los riesgos de trabajo, la suba de los encajes y la eliminación de los reintegros a más de 200 productos alimenticios, la cual no tiene plazo de vigencia.

Este paquete -se dice oficialmente- tiene como objetivo la reducción de los costos, la estabilización de los precios y el aumento de la inversión. Además, Lavagna anunció que en las próximas dos semanas enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de riesgos de trabajo que contemplaría una mayor protección para los trabajadores. Por último, se contempla la creación de una cláusula de necesidad y competencia, con una comisión para tal fin, en la que los empresarios podrán denunciar situaciones anticompetitivas.

Los empresarios, como era lógico, se mostraron divididos ante estos anuncios. Por un lado, quienes concentran su producción y distribución en el mercado interno, expresaron su satisfacción por las medidas. La rebaja de la doble indemnización representa un aliciente importante para las pymes, y el aumento de los encajes bancarios habilitaría el acceso a la oferta de créditos a largo plazo con tasas más flexibles. Para el sector financiero, sin embargo, esta última medida podría encerrar una inmediata suba de las tasas y la reducción del consumo.

El sector agroindustrial, por su lado, criticó duramente esta batería de medidas, a las que considera lisa y llanamente como un aumento encubierto a las retenciones.

A partir de ahora y hasta que el Gobierno lo considere necesario, productos como la carne, el pescado y los crustáceos, los lácteos, los huevos, la miel, las hortalizas, el café, el té, la yerba mate, el arroz, las grasas y aceites vegetales, las harinas y los cereales, dejarán de percibir este tipo de beneficios impositivos. Más allá de los cálculos estimativos que las entidades han salido a hacer, que van desde los 82 hasta los 110 millones de dólares, es indudable que el costo para la producción exportadora es muy fuerte.

El mayor impacto se sentirá -una vez más- en las economías regionales, verdaderos puntales del crecimiento del interior y del federalismo económico, con la provincia de Santa Fe en primera fila.

Los frigoríficos, todavía atónitos por la supuesta vigencia del precario y fracasado acuerdo de precios, consideran que esto aumentará significativamente los costos operativos de producción, con el propósito de desalentar las ventas al exterior.

Lo cierto es que el gobierno sigue profundizando el camino de restringir el crecimiento de la producción. En vez de alentar la superación, la excelencia y el desarrollo, sigue implementando medidas que le cortan las alas a la mayor fuente de ingreso de divisas frescas para sus propias arcas: las exportaciones. Seguimos transitando un camino que encierra un gran riesgo, el de inhibir finalmente nuestros mejores esfuerzos. Esperemos que no se trate de un callejón sin salida.