Nicolás tiene seis años y es hipoacúsico: perdió el oído izquierdo y parte del derecho. "Necesito tramitar unos audífonos", dice desesperada Sandra, su mamá. Es que el aparato cuesta 7.800 pesos y las obras sociales -está afiliada a Más Salud y a Osecac- sólo le cubren 800. "Si tuviera el certificado, podría pelear algo más. Pero sin un papel en la mano, es imposible. Y el caso de mi nene es urgente", dice.

La mujer es peluquera pero casi no ejerce, porque está abocada por completo al cuidado de su hijo. Su esposo trabaja en un comercio. El chico fue operado del corazón y tiene problemas en su desarrollo. La semana que viene debe someterse a una nueva intervención.

Hasta este año, fue al colegio Verna, pero a partir de 2006 empezará doble escolaridad: irá también a la escuela especial San Martín, que funciona en la Costanera. Para eso, necesitará trasladarse en colectivo. Pero aquí también se encuentra con la barrera de no tener el carné que acredite su discapacidad y que le permitiría no pagar el boleto.

Como Nicolás, hay casi un millar de personas en la ciudad que atraviesan esta situación. Los casos se multiplican en toda la provincia.

En las casillas ubicadas detrás de la Casa de Gobierno, donde funciona la Subsecretaría de Personas con Discapacidad, desde hace tres meses se engrosa la pila de pedidos. El motivo: las Juntas, cuya función es evaluar el nivel del problema de quienes van a pedir el certificado, no dan abasto con la demanda.

"Hay tres causas que determinaron esta situación -explica Patricio Huerga, subsecretario del área. Una es el cambio en la Ley de Transporte: antes, con un registro de cualquier efector público que acreditara el tipo de discapacidad, ya se les daba el pase. Ahora requieren el certificado nacional; y el único que lo emite es la provincia, a través de las Juntas Evaluadoras".

"Otro de los motivos es el Programa de Empleo para Discapacitados, que también solicita este documento".

Gabriela Cataudela, directora provincial de la 1a. circunscripción, explica la tercera causa: "Se está produciendo la renovación de turnos. Santa Fe es una de las provincias que adhirió a este sistema, en 2000. Los certificados se habían otorgado por cinco años y ahora vencen. Entonces, no sólo se están dando los nuevos, sino también las actualizaciones".

En la provincia existen 16 Juntas; de las cuales cinco funcionan en Rosario, tres en Santa Fe (en el hospital Vera Candioti, en el Sayago y en el ex Hospital de Niños) y el resto está distribuido en el interior. Cada una de ellas está formada por un psicólogo, un médico y un asistente social.

Esos grupos funcionan con personal del Estado, principalmente del Ministerio de Salud. "Por ejemplo, a determinado médico que desarrolla funciones en tal hospital, el Estado le quita un día de trabajo allí para que evalúe gente", dice Huerga. Las Juntas actualmente se reúnen sólo un día o dos a la semana.

Ayer el gobernador Jorge Obeid le puso la firma al expediente que pide la creación de dos Juntas más, una para Rosario y otra para Santa Fe. El trámite se había iniciado hacía tres meses.

Estas comisiones serán permanentes; es decir que los profesionales estarán evaluando gente todos los días. En el caso de Santa Fe, funcionará en la misma sede de la subsecretaría. Las autoridades prevén que el nuevo sistema se pondrá en marcha en pocos días, porque los responsables ya estuvieron llevando adelante encuentros de capacitación.

La creación demanda incorporar agentes que estarán destinados full time a esta tarea. Con ello se pretende descomprimir la situación, en un plazo máximo de seis meses, a razón de 15 a 20 personas atendidas diariamente. "En una semana son 100 casos; en un mes, 400. En cuatro meses, estaríamos llegando a unos 1.600. Además, paralelamente siguen funcionando las otras Juntas", sostiene Huerga.

La solución provisoria es una constancia de turno pendiente que se da a quienes están en espera. "La mayoría de las instituciones y obras sociales reconoce ese papel", asegura Cataudela.

La Subsecretaría de Personas con Discapacidad se creó en julio de este año y está bajo la órbita de la Secretaría de Promoción Comunitaria. "Santa Fe es la única provincia que tiene un área ejecutiva específica en el área de la discapacidad. Es la que más Juntas Evaluadoras tiene. Es la que más certificados de discapacidad ha emitido: llevamos ya unos 15 mil", destaca el subsecretario.