Trece sí y uno no. Los pedidos de informes referidos, entre otros, a los vehículos retenidos por el municipio, su deuda con la Caja de Jubilaciones, el funcionamiento del programa federal de mejoramiento de viviendas "Mejor Vivir" y el de Profilaxis de la Rabia, se aprobaron. El que consultaba sobre los gastos publicitarios de la actual gestión, pasó a comisión.
"A veces uno se hace preguntas que nunca tienen respuestas". No es un cuestionamiento existencial, aunque podría parecérsele. Es la frase que soltó en la sesión de ayer el concejal Leonardo Simoniello (UCR Encuentro) cuando su par Julio Schneider (UCR) introdujo en el momento de manifestaciones el tema del nuevo emplazamiento del Tribunal de Faltas.
Pero ésta no es la única cuestión que genera sus dudas entre los ediles. En la sesión de ayer el Concejo Municipal aprobó 13 pedidos de informes que el Ejecutivo deberá responder en un plazo menos a 15 días. La deuda que tiene el municipio con la Caja de Jubilaciones, la instrumentación del programa de mejoramiento de viviendas "Mejor Vivir", el funcionamiento de la oficina municipal de información y protección al usuario y del centro de mediación comunitaria, son algunos de los objetos de sospecha que recaen sobre la gestión municipal.
Además de reparo, los ediles demostraron ayer una actitud de insistencia. Es que a pesar de que los funcionarios municipales muy pocas veces se dignan a contestar, contrariando lo reglamentado por Ley Orgánica de Municipios y Comunas, volvieron a la carga con una batería de interrogantes. Incluso durante este mes el bloque UCR Encuentro plasmó en proyecto un reclamo para que los integrantes de la gestión Balbarrey contesten de una vez por todas 39 proyectos aprobados por el deliberativo durante 2005 que nunca fueron respondidos.
Éste no
El pedido de informes que, aunque estaba incluido en el orden del día, no fue aprobado ayer es el que interroga al Ejecutivo Municipal sobre los gastos publicitarios que realizó en el ejercicio 2005 y 2006.
El mismo, de autoría de Noelia Chiementín (ARI), requiere que se especifique cada uno de los medios contratados, con un detalle del tipo de pauta, horarios, programas, medios, folletería, etc. También cuestiona sobre las condiciones de contratación, el listado de medios y si se realizó por intermedio de alguna agencia de publicidad.
La extensa lista de interrogantes sigue con los criterios de selección y distribución de la pauta publicitaria oficial (audiencia, horarios, medios, etc.); información sobre los tarifarios oficiales para acceder a las mismas y si las empresas contratadas están al día con las obligaciones tributarias y de habilitación para con el Ejecutivo Municipal y si, previo a la contratación, se le exige el libre deuda con el municipio.
Por último, se le pide al municipio un detalle de los distintos temas o eventos oficiales publicitados. A éste proyecto, según parece, no se lo aprobaría hasta tanto se le introduzcan algunas modificaciones en lo concerniente -sobre todo- a las especificaciones que se requieren sobre cada uno de los medios. Para que la cuestión no se centre en la distribución de la publicidad, sino en los montos totales y los contenidos de los mensajes publicitarios.
Pegamento
El Concejo también sancionó ayer una ordenanza que prohíbe en la ciudad la venta de pegamento, adhesivos y "todo otro producto que contenga como materia solvente o diluyente hidrocarburos aromáticos" a menores de 18 años. A partir de ahora, a todos los establecimientos que no cumplan esta disposición se les hará una multa que va de los 100 a los 380 pesos. Incluso, si ya fue sorprendido y reincide en esta acción vedada, se le clausurará el negocio definitivamente. La norma también estipula que los comercios que dispongan de estos elementos para su oferta al público deberán exhibir un cartel con la impresión "Prohibida la venta de adhesivos, pegamentos y otros productos tóxicos a menores de 18 años". A su vez, obliga al Ejecutivo a realizar operativos de control con la finalidad de verificar el cumplimiento de la flamante ordenanza.
Sol Lauría
