Apenas algunos tibios aplausos de legisladores de la oposición hicieron notar que la Cámara de Diputados había aprobado, por unanimidad, una vez más, un proyecto que garantiza "el derecho a acceder a información pública completa, veraz, adecuada y oportuna" de los tres poderes del Estado santafesino. Los jefes de bloque habían acordado en la comisión de Labor Parlamentaria que no hubiera discursos. Al mismo tiempo que votaban el asunto, muchos se fueron enterando de que la mayoría de la bancada justicialista de senadores había firmado un proyecto sobre el mismo tema pero de diferente tenor y, aunque en este caso no está escrito el término interés legítimo, sí se aplica una serie de restricciones como, por ejemplo, "indicar el motivo de la solicitud, informando si se trata de fines periodísticos, académicos, científicos, benéficos u otro que expresamente determine la reglamentación".

La jugada de los senadores oficialistas tomó por sorpresa no sólo a los bloques opositores en la Cámara Alta, sino, incluso, a los propios diputados justicialistas que aducían no haber sido informados del movimiento parlamentario. De todos modos, la decisión demuestra que siguen existiendo gruesas diferencias entre los textos que proponen ambas Cámaras, especialmente en el oficialismo, y que la garantía prometida por el gobernador Jorge Obeid en la campaña y exigida por gremios y agrupaciones de prensa y ONGs deberá transitar todavía un largo debate político antes de convertirse en ley.

Como tema, el libre acceso a la información se remonta a marzo de 1997, cuando el entonces diputado Jorge Giorgetti (Creo en Santa Fe) le dio estado parlamentario. Sobre fines del año siguiente, fue el radical Juan Carlos Altare quien también presentó una iniciativa. Sin embargo, recién en julio del 2002 se dio el primer pronunciamiento unánime de Diputados que respaldó un texto presentado por Carlos Favario (PDP). Desde entonces, con distintos autores, ambas Cámaras vienen sosteniendo posturas disímiles que impidieron la sanción de la ley. Un concepto amplio del derecho primó siempre en Diputados y uno restrictivo, entre los senadores justicialistas, que ostentan los dos tercios de los votos. Este año, cuando Diputados volvió a tomar la iniciativa para ser Cámara de origen y tener la potestad de sancionar la norma, apareció esta movida en la Cámara Alta, que abre un interrogante sobre el tema. El vacío reglamentario colabora en la formulación de estos interrogantes. Es que el Senado puede declararse Cámara de origen con el proyecto ingresado ayer, adjuntar, o bien, archivar la votación de Diputados y también considerarse Cámara de origen.

El proyecto aprobado en Diputados establece como principio general que "toda persona, física o jurídica, tiene derecho a acceder a información pública completa, veraz, adecuada y oportuna de los entes y órganos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, empresas y sociedades del Estado o con participación estatal y otros entes públicos que constituyen la administración general -sector público provincial no financiero y financiero-. El derecho a la información alcanza a las sentencias definitivas y resoluciones judiciales equiparables a ellas, dictadas en causas en las que la provincia sea parte o en que se halle comprometido el interés público".

La norma alcanza a personas privadas que ejerzan funciones públicas, así como a personas privadas que reciban aportes o subsidios del Estado o tengan licencias o concesiones para explotar un servicio público o un bien de dominio público.

En otro artículo se establecen las excepciones, se define el concepto de información pública y, para solicitarla, si bien se exige la identidad, "no se requerirá la manifestación del propósito o la finalidad de la solicitud". Determina que "el solicitante será responsable por el uso que diere a la información obtenida". En caso de prosperar el proyecto, se establece que el organismo de control de la correcta aplicación de la ley es la Defensoría del Pueblo.

La mayoría de los senadores del peronismo tiene su propio proyecto de ley de acceso a la información pública, diferente del que fuera sancionado por la Cámara Baja ayer.

El texto que impulsó Joaquín Gramajo no fue objeto de exposiciones en el recinto (lo que otras veces ocurre cuando se presenta un proyecto de ley). La iniciativa ingresó fuera de lista y fue firmada unos minutos antes de que suene el timbre que convocó a la sesión. Incluso, las rúbricas no tienen el habitual sello que las identifica. Su contenido, sin embargo, no parece en absoluto fruto de la improvisación. Y tiene similitudes con el que impulsó a nivel nacional el gobierno nacional a través de Cristina Kirchner.

Quizá por el apuro en el ingreso, no lo han firmado aún todos los senadores del PJ. Por ahora, no lo hicieron Daniel Depetris que llegó con el debate iniciado, ni Alcides Calvo y Héctor Ocampo quienes no pudieron asistir a la sesión.

El proyecto posee 25 artículos en 7 capítulos y su objeto es "regular el derecho de acceso a la información pública a fin de permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público estableciendo los procedimientos para requerir, consultar y recibir información".

La ley propuesta se aplica no sólo al Estado y sus poderes sino también "a los entes privados, con o sin fines de lucro, que tengan fin público o posean información pública".

Declara la competencia de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo y de los juzgados civiles, y comerciales, según se trate del Estado o un privado.

Establece obligaciones y límites respecto de qué información deben "ofrecer" los organismos que la poseen, así como la forma (y las restricciones) para el proceso inverso, es decir, "solicitar" dicha información.

Un punto importante es que ningún "ente u órgano requerido está obligado a realizar estudios o investigaciones para elaborar información pública que no se disponga al momento de efectuarse el requerimiento".

La norma establece la obligación de "generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información".

Para solicitar información, la ley crea un formulario con carácter de declaración jurada, en el cual deberá constar: "el motivo de su solicitud, informando si se trata de fines periodísticos, académicos, científicos, benéficos u otro que expresamente determine la reglamentación" por parte del Ejecutivo.

El acceso a la información tendrá aranceles para el solicitante, a establecer en la reglamentación, salvo las excepciones que ésta determine.

La respuesta no debe demorar más de 20 días, prorrogables por otros 15 ante ciertas dificultades. Si no hay respuesta, quedará "habilitada la vía judicial directa de carácter sumarísima".

Quienes dentro del Estado obstruyan el ejercicio del derecho a la información, la suministren incompleta sin fundamento "o permitan el acceso a información exceptuada", incurrirán en una falta grave al régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponderle por aplicación de los códigos Civil y Penal. En cambio, los entes privados comprendidos por la norma serán sancionados con una multa de entre 500 y 20.000 pesos, amén de las potenciales sanciones penales.

El texto establece excepciones al derecho a la información cuando: una ley específica indique el carácter confidencial, secreto o reservado "en resguardo de intereses superiores", se trate de datos personales (Ley 25.326) o por razones de seguridad, defensa, inteligencia, contrainteligencia, política económica financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica. Y su reserva se establecerá por decreto, resolución o acordada.

En Diputados

El listado de expedientes de la Cámara de Diputados determina que desde 1991 a la fecha fueron presentados 21 proyectos garantizando el libre acceso a la información. La primera iniciativa fue de Jorge Giorgetti y caducó sin tratamiento. El texto votado ayer tiene la firma del presidente de la Cámara, Edmundo Barrera, y de todos los jefes de bloque. En las cuatro ocasiones en que Diputados se pronunció sobre el asunto lo hizo por unanimidad pese a las distintas integraciones del cuerpo.