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Desde noviembre del año pasado el proyecto de nuevo Código Procesal Penal que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura se encuentra para ser tratado por las cámaras. Este año el gobierno remite otros tres mensajes más, que completan y amplían la profunda reforma judicial que se había elaborado en el marco del Plan Estratégico de Reforma de la Justicia Santafesina.
El caso del ex juez Fraticelli y de su esposa operaron como disparador luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuviera que no había habido garantías de debida defensa de los procesados. Los magistrados santafesinos habían actuado conforme a las normas imperantes en la provincia, pero éstas ya no se corresponden con los conceptos contenidos en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, que tuvieron luego rango constitucional a partir de la Constitución Nacional Reformada de 1994.>
Mientras se esperaba un nuevo reproche de la Corte Nacional a partir del recurso planteado por la defensa del ex juez de Menores, doctor Julio César Roggiano, esta semana se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington, había admitido considerar la situación de Rubén Luis Godoy, condenado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, por encontrarlo responsable del delito de homicidio calificado "criminis causa" y de tentativa de violación. Tal como ocurrió con Fraticelli y su esposa, Godoy no tuvo la posibilidad de que el fallo fuera revisado en segunda instancia por jueces diferentes a los que dispusieron su procesamiento.>
El tema encierra gravedad institucional. Al comienzo de "Apuntes..." habíamos dicho que comisiones interpoderes, juristas y representantes de colegios de Abogados, habían trabajado intensamente en la redacción de ese paquete de proyectos que aguarda tratamiento legislativo.
La preocupación de las autoridades judiciales de la provincia fue expuesta recientemente en tres hechos: una reunión producida en la sede del máximo tribunal a la que se invitó a los titulares de ambas cámaras legislativas; en otro encuentro, que tuvo lugar esta semana en la Casa Gris, entre el gobernador Jorge Obeid y el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, de la que participó asimismo el subsecretario de Justicia, Dr. Gabriel Somaglia, y en una nota en El Litoral, que a propósito del anuncio de un curso sobre la reforma penal que se viene, magistrados de ese fuero y abogados se explayaron sobre la urgencia de tener en vigencia este cuerpo de leyes. Entonces, lo que iba a ser una simple nota con temas y oradores se convirtió en un desesperado pedido a las cámaras para que los mensajes del Ejecutivo se traten.>
Como bien lo explicó el Dr. Somaglia, la profundidad de la propuesta y la cantidad de acciones concatenadas que encierra obliga a que se cuente con las leyes en el menor tiempo posible.>
El gobierno ha comprometido los recursos financieros para instrumentar tanto el juicio oral como el Ministerio Público Fiscal, mientras el propio Obeid se manifestó optimista respecto de que sus legisladores tratarán la reforma. Desde el Poder Legislativo se dice que el 21 de este mes el nuevo Código Procesal Penal tendrá dictamen como para ser considerado en la Cámara de Diputados. Luego deberá pasar al Senado. Pero falta la otra "pata" que es el Ministerio Público Fiscal y la modificación de la Carta Orgánica del Poder Judicial que establece cambios en el mapa de juzgados y competencias de la provincia. Estos mensajes deberían ser considerados en los mismos tiempos que el Código.>
Las internas abiertas están jugando en contra del trabajo de las cámaras, pero la importancia del tema exige una conducta de parte de los legisladores distinta de la demostrada hasta ahora.>
Esta semana, también la candidata a vicegobernadora por el Frente Progresista Cívico y Social, Dr. Griselda Tessio, en el imponente acto de anuncio de las propuestas del sector llevado a cabo en la Sala Garay de nuestra ciudad, reclamó la reforma judicial en la provincia. Los tiempos ya no les permiten a las cámaras más dilaciones.>
El otro hecho que sobresalió en el espacio público-privado fue la muerte de la señora Ana María Acevedo, madre norteña de tres hijos y embarazada de un cuarto, quien no pudo ser salvada luego de pasar por cuatro efectores públicos.
El caso dividió aguas respecto de si hubiera correspondido o no practicarle un aborto para hacerle otra naturaleza de tratamiento.>
En la actualidad, la causa se encuentra en manos judiciales para analizar las responsabilidades emergentes si las hubiera, a pedido del Ministerio de Salud, luego de que allí se iniciara un sumario.>
Lamentablemente, el caso se politizó; tuvo un inadecuado tratamiento profesional periodístico y terminó con la remoción del director médico del último hospital público que la atendió.>
Por su parte, el gobernador no supo manejar la presión proveniente de sectores políticos y de la prensa, encerrados en el debate "aborto sí", "aborto no". La salida arbitrada fue la más sencilla para acallar voces y, sin embargo, el tema de fondo persiste: �por qué no se pudo salvar la vida de una persona que había sido atendida en cuatro centros de salud: dos del norte y dos de esta ciudad?>
Evidentemente, para evitar que otros casos similares sucedan el interrogante debería analizar los yerros que hubo en ese trayecto recorrido por la paciente. Seguramente, de allí surja el patrón de lo que no debe suceder más en el sistema de atención pública, máxime cuando se trata de personas de escaso nivel de instrucción.>
Que la Legislatura tuviera que sancionar una ley incorporando a planta permanente a 2.500 profesionales de la salud que hacía años revestían como de emergencia y/o contratados es otro dato que demuestra que el sistema sanitario provincial debe ser analizado en su integralidad.>
Teresa Pandolfo