Vigo remarcó que "en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó el deber de los Estados partes de no recurrir a artilugios para dejar impunes los crímenes de lesa humanidad".

"Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción", dijo la Corte.

Larrabure remarcó que "es incompatible con estas severas advertencias la actuación del Dr. Esteban Righi, quien pudiendo, eventualmente, ser investigado por la conducta que le cupo como funcionario público en la liberación de los guerrilleros detenidos -entre los que se encontraban los que luego secuestrarían a su padre- interviene en la causa y dicta una instrucción general ordenado a los fiscales excluir de la categoría de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, a los asesinatos, secuestros y torturas realizados por la guerrilla".

Cuestionó también Larrabure la actuación del fiscal Ricardo Vázquez quien, en vez de impulsar la investigación ordenada por Palacín, dispuso consultar a la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones de los derechos humanos, a cargo del Fiscal Auat, sin notificar esa decisión ni al juez ni al querellante, omisión que torna nulo lo actuado.

"De tal manera -dice Larrabure- fui privado del derecho de impugnar una consulta manifiestamente improcedente".