El ministro de Seguridad de la provincia defendió la idea de construir cárceles próximas a los centros urbanos. La decisión fue enunciada por el propio gobernador Hermes Binner cuando se presentó el Plan Penitenciario Provincial. "Queremos cárceles cerca de las ciudades para que los internos puedan ver a sus familiares", había dicho el mandatario en el Salón Blanco.
El mensaje irrumpe en una historia provincial reciente, atravesada por casos concretos de comunidades que con movilizaciones y hasta consultas populares, hicieron retroceder decisiones políticas para levantar nuevos penales en sus pueblos o ciudades (ver nota relacionada). Sin embargo, el ministro Daniel Cuenca ratificó la posición del gobierno y dio sus argumentos.
"Creo que se trata de una decisión política. Tenemos que dialogar con los representantes de los lugares donde pensemos en instalar un penal, y confío en que va a haber entendimiento", dijo a El Litoral. El funcionario dijo que es un mito relacionar una cárcel con el aumento del delito en el lugar de su radicación. "Aquí hay mucho misterio y poco conocimiento", advirtió.
Cuenca relató su experiencia como académico e investigador. "Cuando se hizo el proyecto de la cárcel federal para la provincia, concurrí a muchos lugares donde la idea era contraria a la construcción. Sin embargo, después de talleres de trabajo, la cosa cambiaba. La cárcel no trae delitos -insistió-; en esto hay una mitificación. La cárcel va a traer progresos, porque en algunos lugares va a llevar luz, agua, transporte; va a ampliar el comercio zonal y esto no trae delitos. Los comerciantes gastan en esa zona y hay acceso a nueva comunicación. En muchos lugares donde no hay industria propia, yo les diría que al contrario, tendrían que estar gestionando que sea ése el lugar destinado a unidades pequeñas como las que pensamos nosotros, de no más de 350 presos".
El funcionario reconoció, de todos modos, que la pretensión de un pueblo es contar con cualquier tipo de industria antes que una penitenciaria.
"La primera idea es que tengamos industria genuina -admitió-, pero no todos los lugares se encuentran en condiciones de tenerla por distintas circunstancias, como territorio o población. Con lo cual -expresó-, la cárcel, que indirectamente mejoraría a ese lugar, tendría que ser bien recibida. La radicación de una nueva cárcel no trae delito. Esto es un error", insistió.
Al momento de calificar la situación carcelaria hoy en la provincia, el ministro prefirió dividirla en dos: por un lado el panorama penitenciario, y por el otro, la situación en las comisarías.
"En cuanto al encierro penitenciario -dijo-, hoy no tenemos cárceles superpobladas. Esto ya se había logrado en la gestión anterior y nosotros seguimos las buenas iniciativas que se venían desarrollando. No hay unidades colapsadas, al margen de que algunas estructuras están muy deterioradas. Podemos decir que la situación penitenciaria en cárceles hoy no es la peor".
Pero el panorama en las comisarías es mucho más desalentador. "En materia de encierro policial, nos encontramos con una situación más grave -reconoció-. Las estructuras policiales no dan para esto, y aquí sí estamos con problemas de exceso de población, de hábitat no adecuado".
El funcionario aclaró que con la finalidad de descomprimir la situación de las seccionales policiales, es que se ha anunciado la construcción de nuevas plazas en Villa Gobernador Gálvez, en Rafaela y en Piñeiro.
Según datos difundidos por el Centro de Operaciones Policiales de la provincia, la evolución de la cantidad de presos alojados en comisarías y alcaidías ha sido positiva: en 2004 eran 2.247 presos, en 2005 eran 2.040, en 2006 eran 1.600 y en 2007 fueron 1.558.
Sin embargo, la cifra es alarmante si se la compara con los presos alojados en unidades del Servicio Penitenciario que el año pasado totalizaban 2.255. Es decir, que de las 3.813 personas privadas de su libertad en 2007, más de la tercera parte estaba detenida en dependencias policiales.
Cuenca inaugurará mañana el seminario nacional sobre "Sistemas Penitenciarios y Derechos Fundamentales en América Latina', que se realizará hasta el miércoles en esta capital.
La actividad comenzará a las 9, en el salón Blanco de Casa de Gobierno. Tras la presentación de Cuenca disertarán Johanna Sjwall, coordinadora del proyecto del Instituto Raoul Wallenberg, y Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
Por la tarde, las actividades se trasladarán al Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, donde tendrán lugar, hasta el miércoles, las disertaciones.
Las jornadas son organizadas por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, dependiente de la cartera de Seguridad, y propenden a la formación del personal penitenciario a partir del conocimiento de contextos y modelos de sistemas aplicados en otros países.
La temática a desarrollar incluye la situación de los sistemas penitenciarios en los países de América Latina y el modelo penitenciario de derechos y deberes de las Naciones Unidas; la situación de los sistemas penitenciarios de la provincia de Santa Fe; la política penitenciaria nacional, proyecciones y perspectivas; el modelo de seguridad dinámica; mujer y cárcel; la seguridad en los centros penitenciarios; el trabajo y la educación en el contexto penitenciario, y la privatización de prisiones.
Además de Carranza y Sjwall disertarán Stephen Nathan, investigador internacional que se dedica al tema de la privatización de prisiones; Christer Isaksson, jefe de seguridad del sistema penitenciario de Suecia, y María Noel Rodríguez, asesora del Ministerio del Interior en política criminal y temas penitenciarios de la República Oriental del Uruguay.
Los ejemplos de comunidades que en la provincia rechazaron con diversas metodologías la posibilidad de que en sus distritos se construyera una cárcel son numerosos.
En 1998, el gobierno de Jorge Obeid debió resignar la posibilidad de levantar un penal en la localidad de Clason, departamento Iriondo, porque muchos estaban en desacuerdo. La discusión allí se terminó canalizando a través de una consulta popular. El resultado fue a favor de la construcción, pero por un margen que el gobernador de entonces consideró demasiado exiguo.
En la segunda gestión de Jorge Obeid, una fuerte reacción popular rechazó e impidió que se avanzara con un proyecto que pretendía construir una cárcel en la localidad de La Gallareta, departamento Vera.
En el 2006, la discusión se instaló en el departamento La Capital. La idea, en este caso, era construir una alcaidía. La primera ciudad propuesta fue Laguna Paiva, pero enseguida surgió la oposición popular. Después, se pensó en Nelson, y allí, una movilización multitudinaria, respaldada incluso por jefes comunales de la zona, hizo que la opción fuese descartada. Un último intento se hizo con la localidad de Campo Andino, pero también fracasó.
Ahora, la gestión de Hermes Binner se enfrenta a un nuevo obstáculo, aunque el caso reviste sus particularidades. Se trata de la ciudad de Rafaela, donde el gobierno ratificó la idea de construir la Unidad Penitenciaria Nro. 15 en terrenos que ya habían sido donados por el municipio a la provincia cuando el intendente también era el justicialista Omar Perotti, pero el gobernador era Jorge Obeid. Curiosamente, a sólo 24 horas de que Binner hiciera el anuncio, el Concejo municipal de Rafaela decidió dar marcha atrás con la donación que había hecho el 15 de marzo de 2005. Para argumentar, los concejales en Rafaela apelaron a una cuestión terminológica: dijeron que los habían engañado; que ellos habían donado un terreno para construir una alcaidía y no una cárcel.
Este nudo, a primera vista más emparentado con cuestiones políticas que sociales, deberá ser desentramado por el gobierno de Binner, si pretende evitar que la lista de los rechazos se siga extendiendo.
Procesados
El año pasado, y según datos oficiales, de los internos alojados en unidades del Servicio Penitenciario, el 61 % era de condenados y el 39 %, de procesados. La evolución de los últimos años en este sentido fue positiva. En 2001, por ejemplo, los procesados constituían el 52 % de la población penitenciaria total. Sin embargo, el número de procesados es notablemente superior en las comisarías. En 2007, de los 1.558 internos alojados en sedes policiales, 1.292 eran procesados.
Ivana Fux