La falta de tierras urbanizables y de un lugar donde vivir es una problemática muy compleja que afecta a muchos. A través de los planes de viviendas sociales, el Estado intenta paliar esta situación. Sin embargo, la cantidad de casillas y ranchos que proliferan día a día en asentamientos irregulares -80 por mes (El Litoral 18/06/08)- es una clara señal de que las acciones del gobierno no son suficientes.
Asimismo existe otro problema íntimamente relacionado: la usurpación de las viviendas sociales. Muchos beneficiarios se encuentran ante la triste y complicada realidad de que cuando van a mudarse a sus nuevas casas, éstas ya están ocupadas por otros.
Ramona Del Valle Argarañáz aseguró a El Litoral que salió sorteada para una vivienda de un plan municipal (la N´ 59 de la manzana N´ 8020 "S" en Pasaje Público, en Las Heras y Azcuénaga), pero que cuando fue a ocuparla se encontró con que una familia ya estaba instalada.
Inmediatamente hizo la denuncia en la comisaría 8´ y también reclamó por esta situación en Desarrollo Social. "En la Municipalidad no me pudieron dar una solución definitiva. Lo único que me ofrecieron fueron $300 para que alquilara una piecita", explicó la mujer.
Así Ramona pudo sub-alquilar una habitación con baño. Mientras tanto continuó reclamando. "Los de esta gestión me dijeron que estas cosas llevan tiempo. Pero yo no quiero que me paguen un alquiler, sino que lo que quiero es mi casa. Hace siete meses que vengo pidiendo una solución", afirmó.
Respecto a este complejo de viviendas, ubicado en Guadalupe Oeste, la subsecretaria de Hábitat y Vivienda de la Municipalidad de Santa Fe, Sara Lauría, informó: "A través del Plan de Emergencia Habitacional, se construyeron 132 viviendas sociales. Las primeras 56 casas fueron sorteadas en diciembre de 2005. La provincia fue informada, las adjudicó y actualmente son habitadas por sus beneficiarios. Las restantes fueron usurpadas durante la inundación de 2007, motivo por el cual algunas no pudieron ser terminadas".
Respecto al caso Argarañáz, el subsecretario de Acción Social, Carlos Medrano, relató: "Esta señora vivía en una casa usurpada por varias familias. Un juez dio la orden de desalojo y nos pidió que atendamos la demanda de Ramona. Por eso la asistimos socialmente, ayudándola con $300 por mes para que pague una pensión hasta que supuestamente se desaloje la casa y se le adjudique".
Sin embargo, el funcionario aclaró: "El tema es que el juez no va a dar una orden de desalojo si no podemos reubicar a los usurpadores. La Justicia nos pide que les garanticemos vivienda a los desalojados, pero el Municipio no está en condiciones de afrontar esta situación. Por eso la causa está en una impasse".
Por su parte, Lauría explicó: "Cuando la Justicia interviene en un caso de usurpación, le pide a la Municipalidad que se haga cargo de la persona desalojada. El problema es que generalmente se trata de personas en una situación muy crítica: con chicos, ancianos, incluso discapacitados a su cargo. Y si usurparon una casa es porque no tienen adónde ir. Entonces no es nada fácil, porque no se trata de sacarlos y dejarlos en la calle, sino que es necesario darles una solución".
Consultado acerca de cómo se podría evitar la usurpación de viviendas sociales, que es un problema frecuente, Medrano reconoció: "Es un gran problema. La mejor medida es que la gente colabore y se involucre en el proceso de construcción. En este momento estamos por hacer 30 casas y tenemos este mismo miedo. Por eso estamos viendo la posibilidad de que la empresa constructora empiece a trasladar a las personas desde el comienzo para que sean partícipes. También queremos ver si la empresa los puede contratar para trabajar en la construcción".
Ramona intentó encontrar una solución por su cuenta: habló con quienes están ocupando su casa y les ofreció dinero. "Lo único que les puedo dar es $1.000 porque no tengo un centavo más", aseguró entre lágrimas, al tiempo que remarcó: "Esta gente dice que para irse de mi casa tiene que comprar otra y que necesita $9.000, pero yo no tengo esa plata".
Medrano aseguró que Del Valle Argarañáz les planteó esta situación y desde Acción Social hicieron una visita a esta familia. "Están en peores condiciones que ella porque tienen 3 hijos y uno es discapacitado. Ellos saben que están usurpando y que se tienen que ir, pero no tienen adónde. Estamos viendo si algún pariente tiene un terreno donde nosotros podamos construirle un módulo. Pero el hecho de desalojar a esta familia no le garantiza a Ramona que se le adjudique la casa porque eso lo tiene que decidir un juez", concluyó el funcionario.
En diálogo con la subsecretaria de Hábitat y Vivienda, Sara Lauría, sobre la política de la Municipalidad en materia de viviendas sociales, la funcionaria señaló que "la problemática del déficit habitacional es abordada de manera integral, en articulación con el Estado provincial".
A continuación distinguió entre la situación de los sectores medios y de los excluidos: "Los primeros cuentan con relativa capacidad de ahorro o certificación de ingreso y pueden acceder al Plan Federal Provincial, que requiere de una devolución por parte del beneficiario, en cuotas y planes extensos. Los sectores de pobreza extrema no tienen la posibilidad de acceder a una operatoria como la de este plan porque no pueden certificar un ingreso".
En este sentido, Lauría remarcó que "la Municipalidad se va a hacer cargo de los sectores sociales de vulnerabilidad más extrema, que generalmente están en asentamientos irregulares".
Entre los factores que determinan la irregularidad de un asentamiento, mencionó "la irregularidad en la titularidad de la tierra; la exclusión de servicios sociales básicos -como luz, agua potable, transporte, equipamiento en educación y salud-; y el riesgo hídrico".
Desde la Municipalidad se realiza una tarea articulada desde Planeamiento Urbano, Desarrollo Social y Obra Pública. "Con el primero tratamos de identificar dónde se pueden urbanizar tierras o mejorar las condiciones de infraestructura y servicios. Con Desarrollo Social identificamos las situaciones más críticas. Finalmente, a la hora de localizar un plan de vivienda, se tienen que tener en cuenta ciertas cuestiones: que en un futuro el beneficiario pueda ser propietario de la tierra, que tenga accesibilidad al transporte, que pueda llevar a sus chicos a la escuela o a un centro de salud, así como la accesibilidad a los servicios básicos", concluyó Lauría.