Con expertos en Derecho Penal de Chile y Bolivia, profesores universitarios de la provincia comenzaron hoy a capacitarse, de cara a la aplicación inminente del nuevo Código Procesal Penal en Santa Fe. Los especialistas pertenecen al Centro de Estudios de Justicia para las Américas (Ceja), y los capacitados serán responsables después de trasladar sus conocimientos a otros operadores del sistema judicial, esto es, abogados defensores, fiscales, jueces, peritos y fuerzas de seguridad.
La jornada, que se realiza en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, prevé abordar temas como el estado de las reformas procesales penales en América latina, y la gestión de instituciones (Tribunales, Ministerio Público, Defensoría Penal) en el marco de una reforma de estas características. También se abundará sobre juicio oral, sobre la lógica adversarial, las técnicas de litigación, el examen directo de testigos y el contra examen de testigos. Incluso, se preveían algunos ejercicios de simulación.
En diálogo con la prensa, el ministro de Justicia de la provincia, Héctor Superti, explicó que la capacitación de profesores está prevista en tres módulos, al término de los cuales, Santa Fe contará con su cuerpo de docentes, que enseñará al resto de los operadores. Según dijo, se ha constituido un cuerpo consultivo a partir de un acuerdo con las universidades de Santa Fe y Rosario, que permitirá elaborar el plan de estudio para capacitar a los operadores del sistema. "Ésa va a ser la oferta del Ministerio de Justicia, lo que no quita que pueda haber otras", aclaró.
Consultado por El Litoral sobre cuándo y de qué modo se hará la incorporación de nuevos recursos humanos al Poder Judicial, con el fin de contar con el personal necesario para la aplicación del nuevo Código, el ministro dijo que todo es materia de estudio.
"Para poder tener una respuesta precisa a la necesidad de infraestructura de personal y de funcionarios, estamos realizando un estudio. Justamente esta semana hemos conformado un equipo integrado por funcionarios del Ministerio de Justicia, de Ciencia y Tecnología, de Economía, de Gobierno y también de la Corte para realizar el estudio económico en general, de costos y beneficios. De allí surgirá una suerte de mapa judicial que nos va a dar esa respuesta, en función de un relevamiento que se hizo en toda la provincia manejando variables tales como densidad demográfica, índice de criminalidad, territorio y caminos", comentó.
Superti evitó arriesgar una cifra del personal que se necesite. "Esa respuesta en abstracto no sirve. Pero en la funcionalidad, todo depende de la capacitación y de las audiencias. En la medida en que las audiencias sean más breves, menor será la infraestructura necesaria y mayor la rentabilidad del sistema. Y para que las audiencias sean más breves, tendrá que ser mayor el entrenamiento".
Desde el Poder Judicial, el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, aclaró que como todo proceso de transición y de cambio, la aplicación del nuevo Código tendrá "sus avances y retrocesos", propios de una época en la que conviven lo nuevo y lo viejo.
"Lo importante es ir quebrando pautas, acostumbramientos, formas de trabajo. No es fácil pasar de un juicio escrito a un juicio oral. En todos los lugares del mundo llevó su tiempo, y nosotros no vamos a ser la excepción. También vamos a pasar por esos avances y retrocesos, pero siempre teniendo en mira el futuro, tratando de aportar a construir un sistema mucho más cercano a la Constitución y a los tratados internacionales", dijo a El Litoral.
Falistocco celebró la instancia de la capacitación porque "no se puede pretender que de un día para otro se adquieran todos los nuevos conceptos y formas de trabajo, despojándose de la noche a la mañana del hábito y vestimenta del pasado".
Respecto del nuevo plazo estipulado por la Legislatura para que todo el Código esté aplicado en octubre de 2009, dijo que es prematuro hablar de tiempos. "Lo importante es ponernos todos a trabajar porque después las fechas se vienen. Si el legislador pone una fecha, hay que empezar a trabajar. No tiene que asustarnos el plazo, sino ocuparnos para ver cómo entre todos podemos avanzar hacia la fecha que el legislador marcó", concluyó.
Los especialistas que llegaron a Santa Fe son Cristian Riego Ramírez, Mauricio Duce y Cristian Hernández, de Chile, y Leticia Lorenzo, de Bolivia.
Riego Ramírez es abogado, master en Derecho en la Universidad de Wisconsin, asesor de la Fundación Paz Ciudadana para la elaboración de un anteproyecto de Código de Procedimiento Penal y de ley Orgánica del Ministerio Público. Dirigió el equipo técnico encargado de la elaboración de un anteproyecto de Código de Procedimiento Penal y de la Ley Orgánica del Ministerio Público, desarrollado en convenio entre la Corporación de Promoción Universitaria y la Fundación Paz Ciudadana. Fue asesor del Ministerio de Justicia de Chile, y consultor en diversos proyectos sobre reforma judicial en Uruguay, Paraguay, Venezuela, Panamá y El Salvador.
Mauricio Duce también asesoró al Ministerio de Justicia de Chile y fue el secretario del equipo técnico que redactó los proyectos de ley que integran la reforma procesal penal chilena. Es profesor e investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
Cristián Ramiro Hernández Gálvez es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. En el ámbito judicial, dirigió y participó en proyectos de diseño, implementación y evaluación de reformas judiciales, y en el fortalecimiento de la administración de Tribunales, en Venezuela, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Chile.
Leticia Lorenzo es consultora externa de la vicepresidencia de Bolivia, donde además preside el Centro de Estudios sobre Justicia y Participación (Cejip). Se la reconoce por su trabajo en Bolivia sobre políticas carcelarias democráticas.
Vacantes.
El presidente de la Corte, Roberto Falistocco, dijo que "persiste la preocupación" por las 45 vacantes generadas en el Poder Judicial a raíz de magistrados que se jubilan. Si bien reconoció que el Consejo de la Magistratura inició ya varios concursos para futuras designaciones, aclaró que "de todos modos, el número de vacantes sigue siendo importante" y podría incrementarse a fin de año con una "nueva camada" de jueces sobre todo de segunda instancia, que también están en edad de jubilarse.