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Representantes de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron al juez federal Norberto Oyarbide que envíe a una cárcel común al dictador Jorge Rafael Videla, actualmente en prisión domiciliaria, y eleve finalmente a juicio oral la megacausa que investiga el robo de bebés.
Patrocinadas por el abogado Alejo Ramos Padilla, media docena de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre ellas María "Chicha" de Mariani, pidieron a Oyarbide la pronta elevación a juicio oral y público de una de las causas por las que Videla está detenido: la relacionada con el "plan sistemático de robo de bebés" nacidos de madres desaparecidas en cautiverio en centros clandestinos de detención y tortura.
Ramos Padilla explicó que Videla fue sentenciado a reclusión perpetua en 1985, en el juicio a los comandantes de la última dictadura; luego, indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, procesado en 1998 por el robo de bebés y beneficiado por la prisión domiciliaria, pero simultáneamente fueron anulados los indultos.
De la confrontación de esas situaciones, más las causas en trámite y los delitos que se le achacan, Ramos Padilla dedujo que "no existen pautas que permitan continuar con el actual régimen" del que goza Videla.
A mismo tiempo, el letrado recordó que subalternos de Videla ya fueron alojados en cárceles comunes, "por lo cual no se justifica -dijo- que el máximo responsable goce de una situación de preferencia".
El abogado también reclamó que sea rápidamente elevada a juicio la causa por el robo de bebés, en la que Videla aparece como uno de los principales imputados. El juez no tiene tiempos precisos para resolver el pedido de Madres y Abuelas.
El último 13 de diciembre la defensa del dictador recibió el último revés cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó su jugada para tratar de conseguir la prescripción de la causa por ese delito.
Así, Videla deberán enfrentar el banquillo por el robo sistemático de bebés en el denominado Proceso de Reorganización Nacional, delito por el que también fueron acusados el ex presidente de facto teniente general Reynaldo Bignone; el ex almirante Oscar Rubén Franco, que integró la cuarta junta militar, y el ex general Juan Bautista Sasiain entre otros.
El ex almirante Emilio Eduardo Massera figura entre los procesados, pero una resolución judicial lo declaró "incapaz" por una enfermedad cerebrovascular que lo dejó en un estado de inimputabilidad. Videla, que lideró desde el Estado la represión entre 1976 y 1979, está procesado con prisión preventiva por los delitos de "sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años" en cinco oportunidades.
A eso se agregan las imputaciones de "falsificación ideológica de documento público", incluido el destinado "a acreditar la identidad de las personas", y la "supresión del estado civil de un menor de diez años".
La causa se inició en 1996 las Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una causa por el robo de unos 500 bebés, hijos de desaparecidos, que fueron entregados a militares o allegados que los inscribían como propios, en el marco de un delito considerado imprescriptible.
Ese delito fue expresamente excluido de los alcances de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, normas que -no obstante- también fueron anuladas por el Congreso en 2003.
Videla ya había pretendido declarar "cosa juzgada" la investigación sobre el plan sistemático de secuestros y cambio de identidades de hijos de desaparecidos. El ex jefe de Estado sostuvo que a él ya lo habían acusado de esos delitos en el juicio a las juntas -en la denominada causa 13-, pero la Corte Suprema le denegó esa pretensión en 2003.