La recurrente discusión sobre la coparticipación federal, la reaparición de impuestos provinciales como Ingresos Brutos, los aumentos de las tasas municipales de servicios, las discusiones sobre cómo se distribuyen los ingresos públicos entre Nación, Provincia y Municipalidad; todo delata un escenario fiscal distorsionado en un contexto de inflación, con un manejo discrecional del poder central.
Más allá de las necesarias correcciones en el tipo de cambio, la devaluación de 2001 supuso una significativa transferencia de recursos desde los bolsillos de los asalariados, empresarios y actores económicos del país en favor de los endeudados poderes públicos.
A la vez, el congelamiento de los gravámenes municipales y provinciales, los pactos fiscales en los que las provincias cedieron recursos a la Nación y la aparición de impuestos distorsivos no coparticipables como las retenciones, o sólo parcialmente coparticipables como el impuesto al cheque, concentraron los recursos en el poder central de la Casa Rosada.
Eso se sumó a un esquema institucional debilitado que favoreció el manejo discrecional de los fondos desde el poder central y el debilitamiento de los sistemas de presupuesto y control del Congreso, desdibujado por el meloso ejercicio del alineamiento sumiso a la voluntad del Poder Ejecutivo.
La reaparición de las imposiciones de Ingresos Brutos en los escenarios provinciales es la consecuencia indeseada de un modelo que concentra los recursos y alimenta la inflación. Los sectores industriales han comprendido ahora que el problema sectorial del campo fue en rigor el primer emergente del problema estructural del modelo.
Tampoco los gobernadores podrán salvarse con el ejercicio del merodeo seductor para ganar el ocasional beneplácito presidencial. Los mandatarios que pretenden recursos por la reparación histórica que interpreta la presidencia, sólo convalidan el mismo voluntarismo que ha castigado y volverá a castigar sus distritos.
El mandato constitucional señala que las políticas y prioridades presupuestarias deben discutirse en el seno del Congreso, a partir de diagnósticos reales. La ley aun ordena la sanción de una norma de coparticipación equitativa, y la razón impone la atención más elemental sobre el impuesto más regresivo de la economía: la inflación.
Al éxito histórico no se llega por atajos. Un gobernante puede ser oportunista en un momento de su gestión, pero sólo es un improvisado si pretende hacer de sus supuestas habilidades ocasionales un método de gestión.
El país tiene derecho a saber de qué se trata; el gobierno tiene el deber de hacerlo saber. La Argentina no puede levantarse un día para enterarse que en un dormitorio particular se decidió la suerte de unos cuantos miles de millones de las reservas, con un objetivo incierto.
Es el tiempo de la discusión del Presupuesto. Para imponer con autoridad un modelo hace falta una propuesta que sea sustentable, que sea evaluada en el marco de lo que establece la Constitución y ejecutada con capacidad. De lo contrario, la economía estará condenada a discutir salarios en una carrera perdida contra la inflación, y a reverdecer más impuestos distorsivos que sólo alentarán el retraso.