Juliano Salierno
Este año se registraron 806 casos de robos y hurtos de celulares, denunciados ante la Justicia local. En proporción, la cifra arroja un promedio de 100 denuncias por mes en lo que va de 2008, según datos recabados por la oficina judicial de causas con imputados no individualizados.
Lejos de ser el total de robos cometidos sobre este tipo de aparatos, el dato resulta parcial, puesto que muchos hechos directamente no se denuncian ante las autoridades, sino que los dueños de las líneas dan de baja el servicio ante las empresas de telecomunicaciones.
No obstante, las formas cada vez más violentas de los delincuentes para hacerse de los celulares, puso en movimiento a los organismos de control, que desde fines de agosto realizan operativos en busca de casas que se dediquen a la reventa de equipos de dudosa procedencia.
Otro dato significativo marca que en los últimos 5 años hubo 4.856 hechos denunciados ente la Oficina de Causas NN, que funciona desde el 16 de mayo de 2003. Del total, al menos la mitad (2.342) fueron archivadas, mientras que en 217 hechos se pudo identificar a los autores del delito y los expedientes regresaron a los juzgados correspondientes.
La mayoría de los casos se produce en la calle, en arrebatos que no generan mayor riesgo para las víctimas; pero también existen numerosos episodios en los que el despojo se hace a punta de pistola o arma blanca y hasta se llega a ocasionar lesiones.
Como consecuencia del sistemático modo delictivo, incentivado por un mercado negro que tiene puntos de ventas en lugares insospechados, la fiscal de la Oficina de NN, María del Carmen Bertone, inició una investigación que derivó en una serie de procedimientos en busca de apaciguar este tipo de delito.
El 29 de agosto pasado personal de fiscalía y de las seccionales de policía 10ma. y 5ta. hicieron tres requisas voluntarias en dos locales comerciales y un domicilio particular de la ciudad, en busca de celulares de dudosa procedencia. La medida se llevó a cabo con conocimiento del juez de Instrucción Tercera, Julio César Costa.
Durante esa jornada incautaron 108 aparatos de telefonía celular. Primero llegaron hasta un negocio de avenida Gorriti al 4600, donde funcionaba una cadetería y un puesto de venta de teléfonos móviles, a cargo de una mujer que se presentó como la titular del local.
Para llegar hasta ella revisaron una casa cercana, en calle Europa al 8300, donde vive la suegra de la supuesta dueña del negocio. En esa casa la señora permitió el ingreso de las autoridades, que se llevaron 89 celulares.
El tercer punto de la ciudad requisado fue sobre avenida Gorriti al 5100, unas 5 cuadras más lejos que el anterior punto de venta. De allí se llevaron 17 teléfonos móviles para establecer su procedencia.
Como los locales no tenían habilitación, además fueron clausurados por personal municipal que participó del procedimiento conjunto.
Los resultados de las requisas movilizaron al personal de la Unidad Regional I del departamento La Capital hasta la ciudad de San Justo, donde el 2 de setiembre realizaron una "requisa voluntaria", con apoyo del personal de la Unidad Regional XVI.
El procedimiento estuvo al mando del mismísimo comisario Carlos Brunnet, subjefe de la URI, que el martes pasado llegó hasta un local comercial de calle Urquiza al 2300, en pleno centro de la ciudad del norte santafesino.
En ese lugar la policía incautó 100 celulares y una computadora. Según trascendió, la persona que estaba al frente del local sería santafesina, vinculada familiarmente con los investigados en la capital.
Ante la presunción de que se trata de aparatos de dudosa procedencia, la Justicia se llevó el material para conocer su origen y legalidad. Con ese fin mandaron oficios a las principales agencias de telefonía móvil que operan en la zona para que indiquen si los aparatos están en regla.
No se descarta que la investigación se ramifique hacia otros puntos de la provincia, dado que se sospecha que podría tratarse de una organización dedicada a la compraventa de celulares, en la que no faltarían contactos con facilitadores de equipos de dudosa procedencia.
Las personas entrevistadas por la fiscal Bertone y la Policía, no están acusadas de ningún delito, aunque ante la imposibilidad de comprobar la procedencia de los productos que comerciaban, se les retiró la mercancía.
A diferencia de los operativos de "requisas voluntarias", el juez de Instrucción Cuarta, Rubén Eduardo Saurín, ordenó allanar por la fuerza pública a un negocio de venta de celulares usados, según informó la División de Relaciones policiales de la Unidad Regional I.
El desembarco del personal de la Seccional 4ta. en el local ocurrió el mediodía del viernes 5 de septiembre, a raíz de una denuncia por "robo calificado". Una vez en el lugar secuestraron 52 celulares de distintas marcas sin documentación que probara su titularidad. Además incautaron un celular que sería propiedad de la víctima del ilícito; y trasladaron a una mujer de 37 años por su responsabilidad en el hecho.