Télam
La Cámara en lo Criminal Federal excarceló a una docena de personas que estaban procesadas en el marco de la causa por la presunta falsificación de pasaportes italianos, muchos de ellos destinados a futbolistas, informaron fuentes judiciales.
El juez federal Norberto Oyarbide había rechazado los pedidos de excarcelación, pero la Cámara señaló que, si en la maniobra están involucrados funcionarios locales y de otros países, "sería ilógico concluir que los procesados son los máximos responsables de los ilícitos".
En esa ocasión, el magistrado también consideró que, en caso de recuperar la libertad, los procesados podrían obstaculizar la investigación, pero los camaristas de la Sala II consideraron que, como ya se produjeron muchas medidas de prueba, no existe ese riesgo, dijeron los informantes.
Los beneficiados por el fallo de la Cámara son: María Elena Tedaldi, Viviana Farfán, Paola Rejala, Paula Tunesi, Valeria Moreyra, César Salgado, José Rolón (todos de la gestoría Ciudadanía Express), Lorenzo Arcidiácono, Jéssica López, Wenceslao Rivarola, Ramiro Quiroz Buschiazzo y Margarita Sánchez.
Según las fuentes, Oyarbide había responsabilizado a Tedaldi y Arcidiácono como "jefes" de asociaciones ilícitas; a Farfán, Relaja, Tunesi, Moreyra, López, Rivarola, Quiroz Buschiazzo y Sánchez, como "organizadores", y a Salgado y Rolón, como "miembros".
Sin embargo, los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun consideraron que los roles que el magistrado atribuyó a esos procesados no se compadecen con la "estructura" que tendrían esas asociaciones ilícitas.
"Es que Äacotaron Cattani e IrurzunÄ, en la hipótesis de un grupo con semejante extensión y vínculos, carece de logicidad concluir que la dueña de la gestoría Ciudadanía Express (Tedaldi) haya tenido la decisión última sobre la estructuración de la organización y los cursos de acción a seguir".
Para mantener esas calificaciones, "resulta requisito indispensable Äexpresaron los camaristasÄ demostrar la existencia de un poder de mando real reconocido por el resto de sus miembros, capaz de generar obediencia en quienes se ubican dentro de la estructura de la organización integrándola".
Cattani e Irurzun agregaron que "no se han brindado argumentos que permitan sostener que los demás integrantes o conexiones del grupo que se desempeñarían en ámbitos oficiales nacionales y extranjeros (respecto de quienes debe encaminarse decididamente la pesquisa) obedecieran "instrucciones' de Tedaldi "ni que fuera ella la ideóloga' de la maniobra".
En definitiva, como para los camaristas ninguno de los procesados por Oyarbide supera la categoría de supuesto "miembro" de asociación ilícita, otorgaron las excarcelaciones.
Por su parte, el tercer camarista de la Sala II, Eduardo Farah, también votó a favor de las excarcelaciones pero con fundamentos propios.
El camarista se basó en el principio constitucional de la presunción de inocencia y en el carácter excepcional de la restricción ambulatoria.
La causa se inició en octubre de 2007, a raíz de la denuncia del cónsul general de Italia, Giancarlo Curcio, quien, patrocinado por el penalista Sergio Barzola, informó a la Justicia sobre las irregularidades en la tramitación de la ciudadanía italiana, fundamentalmente por parte de futbolistas.
Entre el 10 y 12 de julio, por orden de Oyarbide, personal de Gendarmería, en colaboración con la Side, realizó más de 100 allanamientos en los que fueron detenidos 40 sospechosos y se secuestró una importante cantidad de documentos.
Entre los lugares allanados hubo gestorías de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, sedes de clubes de primera división y hasta casas particulares de algunos futbolistas.
Para Oyarbide, una de las pruebas clave que derivaron en los procedimientos fue la de las escuchas telefónicas en las que, según el juez, los autores de la maniobra quedaron grabados con detalle.
El magistrado consideró que los autores de estos hechos conformaban una organización delictiva transnacional que abarcó unos 700 trámites de pasaportes y ciudadanías.
En ese sentido, días después de los allanamientos y las indagatorias a los sospechosos, Oyarbide viajó a Italia, donde mantuvo encuentros con funcionarios comunales y judiciales en procura de elementos para avanzar en la pesquisa.