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La Justicia mendocina no autorizó la realización de un aborto no punible a la niña que está embarazada producto de una violación, informó el juez Germán Ferrer, quien tiene a su cargo el caso y dispuso también que la familia realice tratamiento psicológico.
Ferrer dijo en conferencia de prensa que "se ha resuelto no autorizar la interrupción del embarazo" y que ordenó "la externación de la niña quien queda bajo la guarda de la abuela materna".
La niña se encontraba hasta ayer internada en el hospital pediátrico Humberto Notti, por disposición judicial. El juez dijo que también organizó "una serie de medidas de protección para garantizar el derecho que esta niña, como madre, embarazada, y del nonato, derecho garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional".
Esas medidas tienen que ver con que tanto la niña como su grupo familiar "realicen tratamiento psicológico y psiquiátrico, y la familia sea orientada en estos aspectos".
El juez explicó que esas medidas se adoptan porque "esta niña por su edad, se encuentra en una situación de vulnerabilidad".
Por otra parte, dijo que "se ha dispuesto que desde el Ministerio de Desarrollo Humano, Comunidad y Familia se arbitren los recursos necesarios para garantizar al grupo familiar donde se va a insertar esta niña y su bebé, sobre todo lo atinente a vivienda ya que reviste una situación paupérrima".
"Se le ha dado un plazo de 60 días para garantizar el derecho a una vivienda digna donde esta niña y su bebé puedan tener las garantías mínimas de habitabilidad, higiene y salubridad", acotó.
Asimismo, indicó que le pidió al ministerio que "otorgue a la madre y al niño por nacer, un subsidio con el fin de cubrir todas las necesidades vitales, alimentarias y de salud que necesite a lo largo del embarazo y luego del nacimiento, para garantizar los derechos a la vida, a la salud y a la familia".
Ferrer señaló que se dispuso que la Dirección General de Escuelas arbitre las medidas necesarias para garantizarle a la niña el derecho a la educación, "debiendo disponer todos los medios a su alcance para que esta joven siga cursando el año lectivo, ya sea en forma domiciliaria o concurriendo a la escuela".
El magistrado indicó que a través del trabajo de los peritos se llegó a la conclusión que "el deseo de la niña, un deseo sostenido, era de que el feto no sufriera ningún daño y que por lo tanto deseaba seguir cursando el embarazo".
Además, dijo que según los peritos "la interrupción del embarazo podría producir en esta niña un trastorno de su personalidad que la podía sumir en patologías psiquiátricas irreversibles como la psicosis".
Ferrer estuvo acompañado en la rueda de prensa por cuatro peritos que trabajaron en la causa. "Esta joven se encontraba ya judicializada por la denuncia de un tío por la sospecha de posible maltrato hacia ella y la madre, del padrastro", recordó el magistrado.
El padrastro se encuentra detenido a disposición de la fiscalía de Maipú que espera un análisis genético para corroborar si el hombre es el padre del bebé en gestación. Ferrer aseguró que por aquella denuncia se presentó el pedido de interrupción del embarazo.
"Esa pretensión estaba fundada en el artículo 86, inciso 1 y 2 del Código Penal por entender las abogadas patrocinantes que la joven se encontraba tanto en un riesgo grave para su salud psíquica, como, en cuanto al segundo inciso, que se trataba de una niña violada", explicó.
Pero, aclaró que el inciso 2 solamente prevé la posibilidad de no punir el aborto cuando lo practica un médico diplomado, cuando es el resultado de una violación a una mujer idiota o demente, "y esta joven ni era idiota ni era demente". El juez llamó la reflexión a los grupos pro y antiabortistas al advertir que actúan de una manera "tan irracional y enceguecida que vulneran los derechos más elementales de esta niña y de esa vida que está por nacer".
"Han violado el derecho a la intimidad, a la privacidad, el derecho de la familia, inclusive el derecho a sufrir de esta familia", remarcó el magistrado.