El presidente comunal habría dado la orden para ingresar por la fuerza al inmueble de la Asociación Niño y Familia, en busca de utensilios de cocina para los festejos del Día del Niño. Su hija, actual titular de la entidad, lo denunció a la policía.
De la Redacción de El Litoral
La Justicia santafesina ordenó una serie de medidas en la localidad de Nelson, para determinar qué fue lo que ocurrió en la Asociación Niño y Familia, cuya presidenta denunció al titular de la comuna por haber forzado la cerradura de la institución para ingresar. El miércoles, la policía labró un "acta de inspección ocular" en el lugar.
El hecho se remonta al 31 de agosto pasado, cuando Dionisio Ramírez, actual presidente comunal de Nelson, habría forzado una ventana del edificio donde funciona un comedor comunitario. Ese domingo la comuna festejaba el Día del Niño y necesitaban de las instalaciones para preparar la chocolatada.
La presidenta de la asociación, Daniela Ramírez -que es hija del jefe comunal-, se había comprometido a darle las llaves del inmueble, pero en una reunión de comisión se enteró que el personal había recibido presiones de parte de su papá, con el que mantiene una manifiesta enemistad.
Conflicto familiar
A causa de lo expresado por los empleados, la mujer decidió quitarle la llave de la institución; y dejó una constancia policial cuando se enteró que igualmente habían ingresado.
Fuentes cercanas a las partes aseguran que se trata de un "conflicto institucional", aunque hay quienes lo sitúan en un viejo enfrentamiento familiar que divide a los Ramírez.
El caso es que al día siguiente, lunes 1º de septiembre, Daniela se enteró por boca de vecinos que su padre Dionisio había ordenado el cambio de la cerradura del comedor. Entonces sí lo denunció en la Comisaría de Distrito 15.
Como resultado de este enfrentamiento, el juez de Instrucción Tercera, Julio César Costa, ordenó realizar un allanamiento en Nelson, que en definitiva terminó siendo un "acta de inspección ocular en la Asociación Niño y Familia", según confirmaron fuentes policiales.
Bien público
El procedimiento se realizó el último miércoles y estuvo a cargo del oficial principal Alfonso Díaz, jefe de la comisaría del pueblo, que actuó como mediador entre las autoridades involucradas.
La versión policial indica que el comedor, al que asisten unas 35 personas diariamente, depende de la comuna y que Ramírez habría estado en su derecho de forzar la cerradura. No obstante, a raíz de la denuncia presentada, la Justicia deberá investigar quién tiene la razón en la disputa por el espacio público.
El comedor comunitario fue fundado por el presidente comunal Ramírez, pero la actual comisión, liderada por su hija Daniela, había iniciado los trámites para la compra del edificio, según explicaron fuentes vinculadas al caso.
El gobierno provincial habría otorgado un subsidio de 15 mil pesos, utilizado para pagar el boleto de compra-venta; y actualmente estaban pagando una deuda con la API de unos $ 5.000.
Al parecer, a la asociación sólo le faltaba escriturar para obtener la propiedad. También es cierto que la comuna corrió con los gastos de equipamiento del comedor y se encargaba de pagar el sueldo de los empleados.