La recurrente presencia del vicepresidente de la Nación en el espacio mediático, a través del sostenimiento de reuniones con sectores críticos u opositores al gobierno, o la expresión de puntos de vista diferentes a los del oficialismo, ha sostenido su condición de figura política con presunto peso propio, adquirida después de la traumática votación parlamentaria que dejó sin efecto las retenciones móviles agropecuarias.
En aquélla oportunidad, Julio César Cobos acaparó la atención y se convirtió en el centro del debate, a partir de su decisión de contrariar las rígidas instrucciones impartidas desde la Casa Rosada, con un voto definitorio en el contexto de empate en que debió producirlo. No fue una actitud intempestiva ni contradictoria, sino la derivación de un infructuoso proceso en pos del diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas, que culminó en un acto de cabal ejercicio de prerrogativas propias.
En cualquier caso, la polémica disparó el debate de fondo sobre el rol del vicepresidente en nuestro país; un debate que se actualiza en orden al desempeño del mendocino en los últimos días.
Desde el punto de vista jurídico institucional, la Constitución Nacional prevé solamente dos funciones específicas para el vice: ser el presidente del Senado -con la facultad de votar solamente en caso de empate- y reemplazar al presidente en caso de ausencia transitoria o falencia definitiva.
Es decir que, por un lado, sus competencias son escasas. Por el otro, acredita una condición híbrida, que lo ubica en el Poder Legislativo. No pertenece al Ejecutivo, porque éste es un poder unipersonal, pero existe una conexión necesaria por su carácter de "suplente" y por el hecho de haber sido elegido como parte de la misma fórmula y, por lo tanto, contar con igual número de votos que el primer mandatario.
Esta ambivalencia provoca que el rol del vice oscile entre la importancia y la intrascendencia, tanto en lo institucional como lo político. La cuestión se complica aún más en los casos en que la fuerza que llega al poder es una coalición, y más aún cuando ésta no es el resultado de un acuerdo programático con unión de fuerzas, sino de una simple captación casi meramente cosmética.
Nada de ésto parece justificar que el vicepresidente asuma y parezca poner en ejecución su recuperada filiación opositora, que es absolutamente legítima como tal, pero incompatible con una función de ese rango.
Los posicionamientos públicos de Cobos, en velada u ostensible discordancia con el gobierno que aceptó integrar, más el desarrollo de una incipiente estrategia de armado de una estructura política propia y el aliento a las especulaciones sobre su futuro electoral, por más simpatía que puedan despertar en un contexto de fuertes cuestionamientos al rumbo y el estilo de la presente gestión, son impropios de su cargo. Y no sólo pueden ser un factor de entorpecimiento para la administración, sino también una contribución al descrédito de las instituciones públicas y del sistema de partidos en que se basa la representatividad de nuestra democracia.